- Aplazan legisladores Reforma a Ley del Banco de México.
- Incongruencia de la 4T al tratar de amordazar redes sociales.
- Revisa SCJN caso de mujer esterilizada en Hospital ISSSTE.
- Casa Blanca de Mara Lezama alcaldesa de Cancún por Morena.
- Gerardo Fernández Noroña y Benjamín Robles incitan a violencia.
Raúl Rodríguez Cortés
El senador con licencia Cristóbal Arias Solís está convencido que fueron los ex gobernadores Leonel Godoy Rangel y Lázaro Cárdenas Batel, quienes descarrilaron su candidatura por Morena al gobierno de Michoacán. Y no sólo porque el que se alzó con ella, Raúl Morón Orozco, influyente líder de la disidencia magisterial en el estado, es aliado incondicional y estratégico de Godoy. También porque Arias no ha dejado de señalar que éste y su antecesor, Cárdenas Batel, estarían involucrados en otro caso de sobornos de la brasileña Odebrecht, presuntamente pagados a funcionarios de sus respectivas administraciones para la construcción de la presa “Francisco J. Mújica”.
Arias -quien buscará por tercera vez la gubernatura michoacana, ahora con los colores del emergente partido Fuerza Social por México (FSM) del sindicalista aliado de la 4T Pedro Haces Barba- argumenta que sólo la existencia de pactos políticos o de impunidad explicarían por qué perdió la encuesta definitoria de la candidatura morenista, cuando estuvo durante meses al frente de las preferencias en más de cuarenta sondeos.
Dicen los enterados de la “grilla” michoacana que dar la candidatura de Morena al ahora exalcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, fue el pago de una cuota política de AMLO a la CNTE, pero los maliciosos piensan que es un blindaje contra los efectos que este potencial escándalo representa para Cárdenas Batel, hoy coordinador de asesores del Presidente; y Godoy Rangel, hoy candidato a diputado federal por la vía plurinominal.
En términos cronológicos, los grandes sobornos de Odebrecht habrían ocurrido entre 2010 y 2013, esto es, a finales del gobierno de Felipe Calderón e inicios del de Enrique Peña Nieto. Pero resulta que en las postrimerías del gobierno michoacano de Cárdenas Batel (2002-2008) se proyectó la construcción de la presa “Francisco J, Mújica”. Investigaciones periodísticas aseguran que, en 2005, el entonces gobernador de Michoacán (mediante la relación de amistad entre su padre, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva), tuvo contacto con Odebrecht y contrató servicios de ella para la construcción de la presa.
El desarrollo de embalse tocó al gobierno de Godoy Rangel (2008-2012). Cuatro años después, el 30 de mayo de 2017, una investigación de “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI) reveló que el costo final de la presa fue de tres mil millones de pesos, el doble de lo originalmente presupuestado, dato que corroboraría la Auditoría Superior de Michoacán (ASM). Y cinco meses después documentó el pago de presuntos sobornos a Víctor Guerra Reyes, quien fuera durante los gobiernos de Cárdenas y Godoy el responsable de la construcción de la presa.
De acuerdo con esas investigaciones, la Policía de Andorra detectó que Guerra Reyes recibió en su cuenta de la Banca Privada de ese principado europeo, dinero de Klienfeld Services, una de las empresas offshore que utilizaba el departamento de sobornos de Odebercht para ocultar pagos ilegales. MCCI asegura que el funcionario michoacano transfirió el dinero a otra cuenta de Caixabank de Barcelona a nombre de un pariente.
Otro de los señalados de recibir sobornos es un personaje al que los michoacanos conocían como “el hombre de negro”, Gabriel Mendoza Jiménez quien es hoy secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Fue secretario del ramo en Michoacán con Cárdenas Batel y después nombrado por Godoy director de la Comisión para el Desarrollo Económico y Social de Tierra Caliente, entre cuyas funciones estaba la construcción y administración de la presa “Francisco J. Mújica”. Contra él no pesan evidencias como las fincadas por la Policía de Andorra a Guerra Reyes, pero sí la responsabilidad de las irregularidades encontradas por la ASM.
A mediados del año pasado la Fiscalía de Michoacán determinó desestimar por considerarlas prescritas las denuncias por los referidos sobornos, decisión que fue impugnada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Hace tres días, entre tanto, se conoció el congelamiento de cuentas por 48 mil millones de pesos de al menos 23 empresarios e inversionistas mexicanos en el Banco Privado de Andorra, en pesquisas que tienen en el centro a un hombre clave, Juan Ramón Collado, abogado de confianza de Peña Nieto y quien fuera detenido en julio de 2019. ¿Esta
rán entre ellos los nombre de los involucrados en los sobornos de la presa “Francisco J. Mújica”?
Cuanto fondo parece tener el descarrilamiento de una candidatura morenista.
INSTANTÁNEAS:
- BANXICO. La reforma a la Ley del Banco de México aprobada por el Senado en diciembre pasado y que plantea que las divisas que no sean repatriadas por las instituciones financieras a su país de origen sean parte de las reservas internacionales y fortalecer la economía de las familias mexicanas que reciben remesas en efectivo, dejó de ser prioridad para la fracción de Morena en la Cámara de Diputados. Tras los señalamientos en Parlamento Abierto que advierten los riesgos de que dichas modificaciones expondrían al banco central al lavado de dinero del narcotráfico, el coordinado en San Lázaro del partido en el gobierno dijo que sus prioridades en febrero serán la reglamentación del outsourcing y la Ley de la Industria Eléctrica, iniciativa enviada por el Ejecutivo con el carácter de preferente. Así que lo de la Ley Banxico tendrá que esperar y de pasar en la cámara baja seguramente lo hará con cambios sustanciales.
- REDES. Durante años, los adversarios políticos de AMLO fueron, sin quererlo y sin darse cuenta, los principales promotores de su popularidad. El fenómeno se repite ahora en sentido inverso, pues son algunos de sus aliados los que se ocupan de darle herramientas a la oposición para vulnerar su aprobación. Tal sería el caso de la propuesta surgida desde el Senado para regular a las redes sociales. Acabar con su carácter libérrimo, a pesar de sus excesos, será interpretado de inmediato como un autoritarismo antidemocrático propio de regímenes socialistas o comunistas. Limitar desde la 4T la libertad de las redes no es congruente con el argumento esgrimido, por ejemplo, en la gestión de la pandemia, de no obligar al confinamiento por ser un atentado contra la libertad.
Presa «Francisco J. Mújica - ANTICONCEPCIÓN. La Segunda Sala de la Corte dio entrada, a propuesta de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, un recurso de revisión para determinar si es Estado Mexicano es responsable patrimonial de que un hospital del ISSSTE haya aplicado a una mujer sin su conocimiento, un método anticonceptivo permanente. A la mujer se le practicó una cesárea con motivo de su segundo embarazo y una vez que dio a luz se le hizo el procedimiento anticonceptivo, sin ser debidamente informada y que aceptó a pesar de encontrarse en una situación de gran presión emocional. El caso permitiría aplicar el nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de género y fijar parámetros para evaluar si esa actividad estatal médica afectó de algún modo la integridad física y sicológica de la mujer, su derecho a la planeación familiar o una transgresión a sus derechos sexuales y reproductivos.
LA CASA BLANCA DE CANCÚN
En su combate a la corrupción, el gobierno de AMLO y su partido Morena deberían echarle un vistazo a lo que ocurre entre sus filas, donde hay casos como el que le contaré a continuación.
Resulta que Mara Lezama, la presidenta municipal de Benito Juárez-Cancún, y aspirante a reelegirse con los colores de Morena, tiene dos denuncias por enriquecimiento ilícito, en las que se le acusa, entre otras cosas, de una truculenta operación inmobiliaria (en cierto modo parecida a la que dio lugar al escándalo de la casa blanca de Enrique Peña Nieto y su exesposa Angélica Rivera), mediante la que se hizo de una lujosa mansión en la exclusiva zona residencial de Puerto Cancún, ahora conocida como la casa blanca de Mara.
La primera denuncia fue presentada ante la SEIDO el 24 de junio de 2020 por Rafael Rodríguez López, representante legal del Movimiento Nacional de Seguridad y Justicia (MONSEJU, A.C.). En la relatoría de hechos asegura que María Elena Lezama Espinosa declinó contender por la alcaldía de Cancún en 2016 con el argumento de que había sido amenazada, pero que en realidad lo hizo porque miembros del partido (Morena), le pagaron una fuerte suma de dinero para que se bajara de la contienda.
A partir de ese momento –asegura el denunciante- empezó a tener una vida de opulencia imposible de costear con sus ingresos como periodista y locutora de radio. Señala, además, que obtuvo seis concesiones de transporte público individual (taxis) con valor comercial de tres millones de pesos y adquirió seis camionetas Mercedes Benz valuadas en 6.9 millones de pesos. Y agrega que inició la adquisición de bienes inmuebles -que continuó en 2018, ya como presidenta municipal, mediante la empresa familiar Desarrolladora Cumpal, de la que son socios su esposo, hijos y hermano- hasta totalizar 17 propiedades.
Investigaciones periodísticas de diversos medios de Quintana Roo, han documentado que, desde febrero del año pasado, Mara Lezama se mudó con su familia a una lujosa residencia de dos plantas, paneles solares, embarcadero para yates, piscina, salida directa al mar Caribe estacionamiento subterráneo y amplias áreas verdes, ubicada en el número 168 de la Unidad de Condominios 69-2, en la exclusiva zona residencial de Puerto Cancún (calle Puerto Escondido 168), con mil 100 metros cuadrados y un valor comercial de 102 millones 900 mil pesos.
La segunda denuncia, por enriquecimiento ilícito, fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR el 8 de septiembre de 2020 por Flor Tapia Pastrana, directora de la asociación civil Opus Magnum de México. La acompaña de la declaración 3 de 3 de la alcaldesa Lezama, en la que reporta ingresos anuales de 248 mil 837 pesos y 696 mil 192 pesos de su esposo Omar Terrazas García, para totalizar 945 mil 29 pesos. La denunciante advierte que tales ingresos no alcanzarían para pagar la renta mensual de 178 mil 500 pesos que se cobra por ese tipo de inmueble o para adquirirla por 102 millones 900 mil pesos.
Se habría tratado de una operación inmobiliaria de permuta entre las empresas Tarjetel del Sureste (propiedad del empresario consentido de la alcaldesa, Carlos Alejandro Moreno Gálvez) y Buró Inmobiliario América, de los empresarios regiomontanos Federico Garza Santos y David Garza Lagüera, del grupo Fibra Monterrey.
Tarjetel vendió a Buró Inmobiliario el antiguo Deportivo Casa Blanca, de 18 mil metros cuadrados, ubicado en avenida Bonampak al que, presumiblemente con la ayuda de Mara Lezama, se le fusionó un terreno contiguo de 15 mil 871 metros cuadrados de la reserva ecológica de FONATUR y catalogado como área natural protegida del Programa Municipal de Desarrollo Urbano. En él se proyecta construir un desarrollo comercial y habitacional.
La operación se pactó en 171 millones 395 mil pesos según la escritura pública 112 mil 433. Buró Inmobiliario pagó a Tarjetel con un departamento de la Torre Emerald de la zona hotelera de Cancún, valuado en 58 millones de pesos; un departamento del condominio Marina Cóndor, de 17 millones 650 mil pesos; dos transferencias bancarias por 28 millones 972 mil 238 pesos; y dos residencias en Puerto Cancún, ambas sobre la calle Puerto Escondido con número exterior 168 y 169, valuadas en 25 millones de pesos y 44 millones de pesos, respectivamente. La del número 168 es la ahora llamada casa blanca de Mara.
Ella respondió primero que se trata de noticias falsas y después explicó que su amigo Carlos Alejandro Moreno, se la prestó para pasar la cuarentena de la pandemia. ¿No habrá sido el pago a sus “buenos oficios”? ¿Cuándo la FGR dará curso a estas denuncias?
INSTANTÁNEAS:
- PROVOCACIÓN. El fin de semana pasado estuvo en Chahuites, Oaxaca, el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, acompañado del legislador oaxaqueño Benjamín Robles Montoya. En el mitin se le fue a la yugular al presidente municipal de la localidad, Leobardo Ramos Lázaro. Lo llamó “alcalde pedorro” e incitó al pueblo a confrontarlo para evitar que “siga robe y robe”. Ayer por la mañana asesinaron a Ramos Lázaro. ¿No entenderá Fernández Noroña que solo hay un paso entre la violencia verbal y la violencia física?
- REDES. A propósito de lo escrito aquí en la entrega pasada sobre los inoportuno de proponer regular las redes sociales, recibí una serie de precisiones de la bancada de Morena en el Senado por demás interesantes. El objetivo –explican- es dar facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que respalde al usuario ante la pretensión de cerrar sus cuentas. La iniciativa plantea la promoción de un amparo, en caso de que la bajen, para que sea un juez el que lo determine.
- CARSTENS. Hoy reaparecerá en México, aunque en forma virtual, el exgobernador del Banco de México y exsecretario de Hacienda, Agustín Carstens. El hoy gerente de Banco de Pagos Internacionales participará en un seminario sobre Fintech organizado por la Sociedad de Exalumnos del ITAM, que preside Xiuh Tenorio. Carstens dictará la conferencia magistral “Innovación Digital y el Futuro del Dinero”.
(rrodriguezangular@hotmail.com , @RaulRodriguezC , raulrodriguezcortes.com.mx )