Gran Angular: Historias de una ciudad sin ley


Taxistas generan caos en la Cd. de México

Raúl Rodríguez Cortés/El Universal

En la percepción de la mayoría de sus habitantes, la de México es una ciudad insegura y sin ley.

A la creciente e incontenible incidencia delictiva (evidenciada todos los días en asaltos al transporte público, robos a mano armada a automovilistas y transeúntes, venta a granel de droga en bares y clubes, homicidios relacionados con el narco menudeo y la guerra por el control de ese mercado entre los cárteles de Jalisco, la Unión y la Anti Unión, principal generador de violencia), se sumaron, apenas el lunes pasado, los bloqueos de taxistas que  estrangularon la circulación vehicular y, hace una semana, los amagos y destrozos cometidos en negocios, edificios públicos y monumentos emblemáticos por grupos de encapuchados que se hacen llamar anarquistas durante la marcha conmemorativa de la matanza de Tlatelolco, en seguimiento de conductas similares mostradas previamente en las marchas contra la violencia de género y de apoyo a familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Robo con violencia en la capital del país

De sus perniciosos efectos en nuestra seguridad y movilidad, los capitalinos estamos hartos. Claudia Sheinbaum está obligada a garantizarnos ambos derechos sin que, al hacerlo, desatienda o inhiba las demandas legítimas expresadas mediante la protesta social. ¿Habrá para el gobierno de la CDMX un punto intermedio entre la total permisividad de los actos de inconformes que afectan a la ciudadanía en general y una tunda a palos a quienes protestan? O, planteado de otra manera, ¿reprimir o no reprimir es la cuestión?

Sin temor a equivocarnos, ese dilema está en la cabeza de la jefa de Gobierno quien, por convicción, a no dudarlo, se opone al uso de la fuerza contra quienes expresan públicamente su inconformidad porque como líder estudiantil y activista social avanzó políticamente por los caminos de la protesta. Pero por lo mismo no ignora que las manifestaciones suelen ser infiltradas por provocadores (para reventarlas y/o justificar su aplastamiento) y que éstos, a su vez, son financiados y promovidos por grupos de interés político.

Diferenciar entre la provocación y la verdadera protesta está en la obligación de las autoridades para discernir correctamente sobre el uso legítimo de la fuerza. De manera que es esa misma razón, vista desde el ejercicio del poder, la que la obliga a utilizarla para disuadir y/o contener las afectaciones a terceros.

Anarquistas, destrozos

RAZONES DE LOS TAXISTAS

Los taxistas tienen razón en exigir piso parejo frente al servicio de transporte por aplicación, pero desquiciar la vida de la mayoría de los capitalinos es un proceder que no tiene justificación. Menos aún si es secreto a voces que su irritación es atizada por quienes, con la digitalización y transparencia en permisos y revista que pretende el gobierno de la ciudad, verán severamente afectado ese corrupto y millonario negocio. No se olvide que una parte muy importante de los taxistas que protestaban son piratas (ilegales) pero también masiva y protegida clientela de organizaciones vinculadas a grupos político-partidistas.

No se extrañe si en los próximos días se llega a saber que detrás del estrangulamiento vial provocado el lunes pasado, estén exfuncionarios de gobiernos capitalinos anteriores o haya hasta fuego amigo de la actual administración, pues recuérdese que Sheinbaum es una aventajada enemiga a vencer entre los aspirantes a la sucesión presidencial de 2024.

Por otra parte, cabe preguntarse ¿quiénes son y a qué intereses responden los encapuchados que se infiltran en las manifestaciones para amagar a los que protestan, desafiar a las autoridades y destrozar la propiedad ajena? Por supuesto que tienen identidad y filiación. Pero de eso le contaré en la próxima entrega.

Anarquistas e impunidad

INSTANTÁNEAS

  1. OPERATIVOS. Si los planes no cambian, este mismo mes estaremos viendo operativos de fuerte impacto en zonas de la CDMX, marcadas con alerta roja, por sus niveles de inseguridad y la recuperación de áreas controladas por el narcomenudeo. En ello trabaja a marchas forzadas el recién nombrado secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch quien se ha propuesto dar resultados inmediatos y contundentes.
  2. LA RENUNCIA de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte fue avalada en el Senado con 111 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones. En contra votaron tres senadores de Nuevo León: los emecistas Samuel García Sepúlveda e Indira Kempis Martínez y el panista Víctor Fuentes Solís. Se abstuvieron: el senador sin grupo parlamentario Emilio Álvarez Icaza, los emecistas Verónica Delgadillo y Clemente Castañeda Hoeflich, la priista Claudia Anaya Mota y el panista Julen Rementería. No se hizo pública la “causa grave” por la que dimitió Medina Mora. Ni modo que saliera a decir que por investigaciones de presunto lavado de dinero.
  3. MEDALLA. La medalla Belisario Domínguez, de este, año le será entregada a Rosario Ibarra de Piedra. Su incasable lucha por los desaparecidos políticos y los derechos humanos ameritan, sin duda, ese reconocimiento del Senado. Pero después del sainete del ahora exdirector del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución, Pedro Salmerón Sanginés al llamar “valientes” a los guerrilleros de la Liga 23 de Septiembre que asesinaron al icónico empresario regiomontano Eugenio Garza Sada al intentar secuestrarlo, nada bien caerá a los hombres del dinero la señal que se envía con tal reconocimiento. No se olvide que el desaparecido hijo de doña Rosario, formaba parte de la L23S. Mejor veámoslo así: así como no hay ideal político que justifique el secuestro y asesinato de una persona, tampoco hay sanción a un delito que justifique la desaparición forzada y extrajudicial de alguien.
Omar García Harfuch

SOBRE VÁNDALOS, JUECES Y LA SALUD DEL PRESIDENTE

Se hacen llamar anarquistas, sin que en realidad tengan que ver con esa doctrina política-ideológica pues, en los hechos, son grupos de choque cuyo objetivo es generar caos, reventar manifestaciones, provocar a quienes protestan, inducir a respuestas violentas de la policía y desestabilizar a gobiernos en turno, sean del partido que sea.

Sus irrupciones en la ciudad de México –desde la violenta jornada del primero de diciembre de 2012 durante la toma de posesión de Peña Nieto y, más recientemente, en las manifestaciones contra la violencia de género, en apoyo a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y en memoria de los estudiantes masacrados en Tlatelolco-  dejan ver un patrón de conducta estratégica y tácticamente planeado.

Los servicios de inteligencia de los gobiernos federal y capitalino tienen identificados a ocho grupos: Biblioteca Social Reconstruir, Colectivo Anarquistas ENAH (Escuela Nacional de Antropología e Historia), Centro Cultural Okupado “El Engrane”, Okupa Che, Cooperativa Café Victoria, Comparsa “Chanti Ollin”, Colectivo REDTA y Coordinador Estudiantil Anarquista (CEA).

Miguel Medina Mora

Entre sus filas hay agitadores profesionales, pero muchos de sus integrantes son estudiantes de escuelas de nivel medio superior tanto de la UNAM como del Politécnico Nacional. Los más violentos son de los Colegios de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco y Sur, y de las Preparatorias 5 y 8.

Los informes de inteligencia consultados por esta columna señalan que los referidos grupos se asumen como “células clandestinas insurreccionales y eco-extremistas (¿?) proclives a manifestarse con acciones disruptivas de alto impacto mediático y que repudian las políticas del gobierno sin importarles su filiación política e ideológica”.

Sus vínculos con el histórico “porrismo” estudiantil sugieren a posibles titiriteros de este tinglado, por lo menos desde la perspectiva de su control. Una pista apunta inevitablemente a la UNAM y no sólo hacia quienes desde hace 19 años mantienen tomado el auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, asociados ahora a quienes desde ahí controlan las narco-tiendas instaladas en el campus. También hacia personajes como el coordinador de Gestión y Análisis de Riesgos, Mario Alberto Izzazola quien, aseguran las fuentes consultadas, ejerce un control férreo entre los grupos de porros universitarios; o hacia Héctor Serrano, quien fuera secretario de gobierno capitalino durante la administración de Miguel Ángel Mancera.

Claudia Sheinmbaun

INSTANTÁNEAS

  1. SACUDIDA, y muy fuerte, es la que se vive en el Poder Judicial Federal tras las acusaciones de lavado de dinero y posterior renuncia del hoy exministro Eduardo Medina Mora. Ayer, en inusual conferencia de prensa donde anunció una campaña contra el nepotismo y la corrupción de jueces y magistrados, el presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar informó de la suspensión de un magistrado del Primer Circuito por inconsistencias graves en sus finanzas y ser parte de una red de conductas indebidas. Záldivar no reveló su nombre para no incurrir en faltas al debido proceso, pero fuentes consultadas por esta columna aseguran que se trata de Jorge Arturo Camero Ocampo, del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Tiene pendientes diversas revisiones sobre las suspensiones y amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
  2. SALUD PRESIDENCIAL. La solicitud de información hecha a la Presidencia sobre el estado de salud física y sicológica de AMLO fue planteada así: “… se solicita un análisis general de orina y de química sanguínea a la fecha actual del mes de octubre, así como el dictamen cardiovascular de la persona, especialmente consultando enfermedad coronaria, hipertensión arterial, enfermedades cardio respiratorias,
    Miguel Mancera

    cardiopatías, insuficiencia cardiaca, arritmia, enfermedad arterial periférica, cardiopatía congénita y si dentro de su vida ha sufrido de parálisis de Bell o parálisis facial… así como análisis toxicológicos y de enfermedades crónico degenerativas o terminales”. La petición fue hecha por “Sin mordaza nacional” ya que la ley de información pública y transparencia no obliga al solicitante a revelar su identidad. La Presidencia tiene 20 días hábiles para responder. AMLO dijo ayer que se hará los exámenes. Si la respuesta no satisface al solicitante, podría interponer ante el INAI un recurso de revisión.

  3. PRESIONES. El ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar declaró en entrevista que Felipe Calderón (quien por cierto lo propuso para ocupar esa magistratura) lo presionó desde Los Pinos. El expresidente le contestó que eso era falso y le cuestionó que porque no lo dijo en su momento. Zaldívar la reviró que se lo dijo a quién debía decírselo, a Juan Silva Mesa, entonces presidente del máximo tribunal. Y después le tapó la boca (por lo menos hasta ahora) al señalar que tales presiones se hicieron públicas en su momento en relación con dos casos: el del incendio de la guardería ABC de Hermosillo (entre cuyos directivos había familiares de Margarita Zavala, esposa de Calderón) y el de Florance Cassez (a la que se dejó en libertad por violaciones al debido proceso), que incluso generó un conflicto diplomático con Francia. (rrodriguezangular@hotmail.com, @RaulRodriguezC , raulrodriguezcortes.com.mx)