- La decisión de la Corte de avalar por seis votos contra cinco la constitucionalidad de someter a consulta popular el juicio a expresidentes, causará gran revuelo.
- Alejandro Murat gobernador de Oaxaca se reunió en Palacio Nacional con titulares de Hacienda y Cultura así como Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la CDMX.
- Dar seguimiento al proyecto de restauración de monumentos históricos que se realiza en Oaxaca, entre los objetivos de reunión de esos funcionarios.
- Ante el TEPJF hay por lo menos once recursos de impugnación que impedirían que la renovación de la dirigencia de Morena se haga mediante una serie de encuestas.
Raúl Rodríguez Cortés/El Universal
El fallo de la Corte sobre la consulta popular solicitada por AMLO para enjuiciar a cinco expresidentes, parece encaminarse a considerarla inconstitucional. Eso es lo que se puede inferir con los elementos de juicio de los que se dispone hasta ahora y con los que el pleno del máximo tribunal del país llegará mañana a su debate.
Los plazos establecidos por la Ley Federal de Consulta Popular presionan para que la resolución se tome mañana mismo en sesión ordinaria o en sesión extraordinarias a convocar el viernes, ya que la Corte debe comunicar su sentencia al Presidente y al Senado (cámara a la que hizo la solicitud correspondiente), a más tardar el próximo lunes 5 de octubre.
La Corte, como se ha explicado, debe responder a dos preguntas: 1. ¿La materia de la consulta es constitucional?; y 2. ¿La pregunta que se somete a consulta está planteada en un lenguaje neutro, sencillo, comprensible y está formulada en forma que se pueda contestar con un “sí” o un “no”, cuidando que no sea tendenciosa ni emita juicios de valor?
El proyecto de resolución dado a conocer por Luis María Aguilar, ministro ponente de la revisión de constitucionalidad solicitada por AMLO considera que la materia de consulta es inconstitucional pues trata de uno de los temas que no pueden ser sometidos a consulta según el artículo 35 de la Constitución.
El ministro Aguilar lo razona así en su proyecto: “… conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos, y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo, desnaturalizando con ello su propósito y finalidad”.
El proyecto de resolución considera, en términos llanos, que se restringen derechos humanos tanto de los que se pretende juzgar (presunción de inocencia e igualdad ante la ley), como del ciudadano en general (en el escenario de que la consulta determinara que no deben ser juzgados, aunque haya evidencia clara y contundente sobre delitos presuntamente cometidos).
De ahí que resuma que “se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de Derecho mismo, lo cual implica la afectación de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos”.
Esta columna solicitó a varios constitucionalistas un punto de vista jurídicamente sólido, más allá de filias o fobias ideológicas y partidistas. En general coinciden con el proyecto de Aguilar, aunque algunos insisten en que el ministro se colocó en el extremo más riguroso contrario a la constitucionalidad de la consulta. Suponen, en ese sentido, que el pleno de los ministros podría encontrar posiciones intermedias a partir del análisis de la pregunta, descargándole juicios de valor o intenciones tendenciosas.
Así las cosas, ¿cuáles serían los posibles escenarios de la sentencia?
- Que el pleno avale la inconstitucionalidad de la consulta, para lo cual se necesitarían seis de los once votos posibles. En este escenario se desecharía la consulta.
- Que el pleno, con al menos seis votos, rechace el proyecto de Aguilar, lo transfiera a otro ministro para que lo reponga y se someta a nueva votación, lo que se ve difícil por la presión de los tiempos.
Y 3. Que el pleno modifique la pregunta en aras de que pueda avalarse como constitucional la materia de la consulta. En este escenario podrían considerarse opciones como la de preguntar sobre la creación de una Comisión de la Verdad que sustente los presuntos delitos cometidos por los expresidentes y, a partir de ahí, proceder conforme lo indica el proceso penal.
Uno esperaría que los posicionamientos de los ministros respecto a este asunto se ajustarán al rigor jurídico, aunque no debe descartarse el peso que podría tener en su decisión la cercanía o lealtad al Presidente que los propuso ante el Senado para que éste avalara su llegada al máximo tribunal del país.
En ese sentido debe recordarse que uno (José Fernando Franco González Salas), llegó con el apoyo de Vicente Fox; cinco (Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena) con el de Felipe Calderón; dos (Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández) con el de Enrique Peña Nieto; y tres (Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat) con el de Andrés Manuel López Obrador.
INSTANTÁNEAS:
- MORENA. Ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hay por lo menos once recursos de impugnación que impedirían que la renovación de la dirigencia de Morena se haga mediante una serie de encuestas. El tiempo se les viene encima ya que de acuerdo con la propuesta del INE el resultado debe conocerse a más tardar el próximo 8 de octubre. Parece que será hasta la semana entrante cuando dictamine el asunto el TEPJF. Si prospera alguno de esos recursos de impugnación, el actual presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar se quedaría un año más. Dicen los que saben que eso es lo que pretenden Ramírez Cuéllar, la presidenta del Consejo Político, Bertha Luján y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Lo que ven es que, vía encuesta, su candidato a la presidencia del partido, Porfirio Muñoz Ledo saldría derrotado frente a Mario Delgado. Éste, de acuerdo con la más reciente encuesta de Massive Caller, encabeza las preferencias con 28.9%, seguido por Muñoz Ledo con 22.2%, Yeidckol Polevnsky con 19.9% y Gibrán Ramírez con 17.5%. Para la secretaría general encabeza Citlalli Hernández con 40.6%, seguida de Antonio Attolini con 31.3%.
- PORFIRIO Muñoz Ledo se reunió ayer con militantes de Morena en Morelos. Ahí les dijo que, si Mario Delgado gana la dirigencia nacional de Morena, Marcelo Ebrard se convertirá de facto en Presidente y le restará peso político a AMLO. Ebrard, por su parte, suscribió ayer la participación de México en el mecanismo COVAX, liderado por la OMS, mediante el cual nuestro país podrá acceder a 51.6 millones de vacunas contra Covid19.
- FIDEICOMISOS. Con voto dividido de Morena avanzó ayer en Comisiones de la cámara de Diputados el dictamen que propone la desaparición de 109 fideicomisos públicos. Se aprobó en lo general por 20 votos a favor (19 de Morena y uno del PVEM), 15 en contra (dos de Morena, cuatro del PAN, cuatro del PRI, tres de Movimiento Ciudadano, uno del PRD y uno son partido) y una abstención de Morena. El dictamen propone la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fondar), el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), entre otros muchos.
LA CORTE VOTÓ A FAVOR
DE LA OPINIÓN CIUDADANA
¿Fue un jueves negro, como lo definió el líder de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks o fue un jueves luminoso en el que se aprovechó la oportunidad histórica de hacer valer, por primera vez en la historia del país, el derecho a la consulta popular, como lo razonó el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar? ¿Violentó la Corte el orden constitucional por el que debe velar o dio paso a fortalecer nuestra democracia representativa con la democracia participativa?
El alcance de la decisión de la Corte de avalar por seis votos contra cinco la constitucionalidad de someter a consulta popular el enjuiciar a expresidentes, será objeto durante los próximos días de un debate público entre quienes sostienen ambas posiciones, tan o más intenso, interesante y enriquecedor que el que sostuvieron ayer los ministros del máximo tribunal del país.
Tratemos de comprender desde la posición del ciudadano común el fondo del debate sobre un derecho incorporado al texto constitucional desde el 9 de agosto de 2012 y jamás ejercido hasta la fecha en los términos marcados por la carta magna y su ley reglamentaria.
Decíamos aquí en la entrega pasada que, con los argumentos escrupulosamente formalistas del ministro ponente, Luis María Aguilar, la decisión de la Corte se encaminaba a la inconstitucionalidad. Por eso sorprendieron los argumentos esgrimidos por los seis ministros que avalaron la constitucionalidad de la consulta, destacadamente los del ministro presidente Arturo Zaldívar.
¿Se está sometiendo a consulta la aplicación de la ley, como sugería el proyecto del ministro Aguilar a favor de la inconstitucionalidad? No, sus procedimientos y obligatoriedad se respetarán como marca la propia Constitución. El apego a ésta y al marco legal dará cauce a la presunción de inocencia, al debido proceso y al trato igual frente a la ley. Luego entonces, no se restringen derechos humanos y, por el contrario, se protege el de ser consultado en asuntos de trascendencia nacional, en momentos en que muchos mexicanos no se sienten representados por los partidos políticos existentes.
¿Se está dando curso a la existencia de tribunales populares? No, el ciudadano consultado no será quién acuse, ni procese, ni sancione. Serán los fiscales, si hay delitos concretos que perseguir; y los jueces, si encuentran méritos para procesar y sancionar a los presuntos infractores. ¿Para qué entonces la consulta? Para medir el ánimo social, para hacer explícito el sentir ciudadano respecto a un asunto de trascendencia nacional.
¿Lo que resulte de la consulta será vinculante, es decir, de aplicación obligatoria? Solo, si como dice la Constitución, participa en ella 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores (35 millones 968 mil). Pero aún si así fuere, su carácter vinculatorio no aplicaría porque –de acuerdo con el posicionamiento del ministro Zaldívar- no se está consultando la aplicación de la ley y, por lo tanto, “es claro que los efectos de una consulta sobre la política criminal no son vinculantes para las autoridades, en el sentido de obligarlas a actuar o no en función de sus atribuciones”.
Este último argumento aplica también para responder si la autoridad renuncia a su obligación de proceder contra presuntos infractores y reparar el daño a las víctimas, en caso de que la respuesta mayoritaria fuera no proceder contra los expresidentes. No se trata de una amnistía. Si se demuestra que alguno infringió la ley, será procesado.
Sobre la base de estos argumentos fue que ocho de los once ministros de la Corte aprobaron cambiar la pregunta de la consulta en estos términos: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Así, se descargan juicios de valor y pretensiones tendenciosas, al omitir mencionar a los expresidentes, enfatizas el apego al marco constitucional y legal, y precisar que se votará por emprender un proceso de esclarecimiento (una especie de comisión de la verdad) que garantice justicia y la reparación del daño a las posibles víctimas. Es abrir las puertas a la opinión ciudadana, no como lo que, acaso por temor, muchos consideran “un escenario catastrófico de populismo penal”.
Se trata pues de un asunto al que, por supuesto, no se le puede quitar su gran carga política, en el que la mayoría de los ministros de la Corte no sucumbió, como se afirma, a inexistentes intimidaciones presidenciales y en el que AMLO, ni hablar, ganó la partida.
INSTANTÁNEAS:
- ¿QUE SIGUE? A más tardar hoy, la Corte deberá notificar al Senado (cámara a través de la cual el Presidente solicitó la consulta popular sobre el juicio a expresidentes) el sentido de su resolución a favor de su constitucionalidad y el cambio de la pregunta. Cada una de las cámaras deberán aprobar por mayoría simple (251 diputados y 64 senadores). Ya no podrán cambiar la pregunta. De aprobarse, deberán notificar al INE para que inicie el proceso de organización, desarrollo y realización el primer domingo de agosto del año próximo.
- FIDEICOMISOS. Al momento de cerrar esta columna, la Cámara de Diputados iniciaba en el pleno la discusión del proyecto de dictamen que elimina 109 fideicomisos públicos. Al someterse a votación en lo general, los diputados de oposición (PAN, PRI, MC y PRD) decidieron no presentarse, por lo que Morena y aliados no alcanzaron el quórum requerido para avalarla. En lo particular estaban reservados 396 artículos del dictamen aprobado en comisiones. El estimado anoche era que la sesión estaría terminando a las cinco o seis de la mañana de este viernes.
Yeidckol Polevsnky - RENUNCIA. Pablo Amílcar Sandoval, hermano de la secretaria de la Función Pública, se convirtió ayer en el primer súper delegado que se separa del cargo, para buscar la gubernatura de su estado, en este caso Guerrero. Aunque no ha declarado abiertamente su postulación para esperar que los tiempos legales se lo permitan, Sandoval optó por renunciar al cargo para salvaguardar la transparencia e imparcialidad de los programas sociales y no mezclar así sus aspiraciones políticas con la política social del gobierno federal.
- ALARMA. Ante la eventual desaparición del Fondo Minero, la alarma en el sector no solo se restringe a los efectos que podrá tener en esa industria, sino que se extiende a la suspensión de apoyos sociales vinculados a esa actividad. La cancelación del Fondo no solo dejará sin recursos a 28 estados y más de 200 municipios del país donde se desarrolla la minería, son también a programas de la SEP como la construcción de escuelas que en estos momentos es financiada por dinero proveniente de esa fuente.
- RESTAURACIÓN. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat se reunió ayer en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera y la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, así como con la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, para dar seguimiento al proyecto de restauración de monumentos históricos que lleva a cabo en su entidad.
(rrodriguezangular@hotmail.com , @RaulRodriguezC , raulrodriguezcortes.com.mx )