Raúl Rodríguez Cortés
Al momento de escribir esta columna, los consejeros del INE habían resuelto por seis votos contra cinco ratificar la cancelación del registro a Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al gobierno de Guerrero y se enfilaban a hacerlo con la de Raúl Morón como candidato del mismo partido a la gubernatura de Michoacán, por no reportar gastos de precampaña.
Las sentencias que emitió el viernes pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a las impugnaciones de esos y otros actores políticos, resolvieron una controversia y establecieron una verdad jurídica: sí fueron precandidatos, sí realizaron precampañas, sí estaban obligados por la ley a informar sus gastos al órgano fiscalizador y no lo hicieron; y el INE sí se ajustó al debido proceso sin violar el derecho de audiencia de los quejosos.
Entonces, lo que el INE debatía anoche era la manera de dar cumplimiento a la orden jurisdiccional de valorar la falta cometida y, de manera proporcional a ella, determinar la sanción a aplicar caso por caso.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) establece en el apartado tres de su artículo 229 que “si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo establecido… no podrá ser registrado legalmente como candidato”. Y en su artículo 456, precisa las sanciones a aplicar por las diversas infracciones: Amonestación pública, multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal y pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo.
Morena, en sus argumentos, sostiene que la cancelación del registro es una sanción desproporcionada si se estima que el gasto no reportado no supera los veinte mil pesos además de vulnerar el derecho a ser votado y el derecho a votar de miles que respaldan al candidato sancionado. Con ese criterio estuvieron los consejeros Adriana Favela Herrera, José Roberto Ruiz, Ucc-Kib Espadas, Norma Irene de la Cruz y Martín Faz Mora.
El argumento de otros partidos políticos (PRI, PAN y PRD) sostiene que no se debaten los montos de la falta, sino la falta misma, ya que trampear una obligación como es fiscalizar origen y destino de los recursos que financian campañas, es una falta grave que, con toda claridad, la LEGIPE sanciona de manera ejemplar. Con ese criterio estuvieron los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Dania Paola Ravel Cuevas, Carla Astrid Humprey, Jaime Rivera Velázquez y Claudia Zavala.
La resolución del INE que, todo indica, se aprobará, da 48 horas a Morena para reponer su candidato a Guerrero y cinco días para hacerlo en Michoacán. En el primero de esos dos estados parecen abrirse las puertas a Luis Walton, único al que se sancionó solo con multa, mientras que en el segundo se le abren a la senadora Blanca Piña y a Germán Martínez, ambos de origen panista.
La casi segura cancelación de esas candidaturas de Morena más los amagos de boicotear la elección en Guerrero, las inaceptables amenazas de liquidar al INE y las intimidaciones contra sus consejeros vertidas por Félix Salgado Macedonio, presagian violencia electoral. Y es lamentable que el propio AMLO la avale al apoyar a tan impresentable personaje, aunque diga y pida que la protesta sea pacífica.
Dijo el Presidente en la mañanera de ayer que no confía en el árbitro electoral. Mala cosa descalificarlo así, aunque haya sido víctima de decisiones parciales, porque atiza la confrontación y pone en duda la credibilidad de la institución que sanciona la elección. Cara, sí, del tamaño de nuestra secular desconfianza; compleja y de pronto laberíntica, también, es la legislación electoral que tenemos. Si AMLO, como dijo, pretende reformarla después de las elecciones, pues que lo proponga al Congreso y éste lo haga. Por lo pronto debe respetarla y, al hacerlo, no meter mano en las elecciones en curso. ¿Ya no se acordará del “¡cállate chachalca”! que le espetó a Fox?
INSTANTÁNEAS:
NO A LA SOBRE REPRESENTACIÓN. El TEPJF perfila confirmar el acuerdo del INE por medio del cual fijó criterios para la asignación de diputaciones plurinominales, evitar una sobre representación y hacer cumplir el artículo 54 de la Constitución que establece que ningún partido podrá contar con un número de diputados (de mayoría relativa y de representación proporcional) que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. El proyecto de resolución del magistrado Felipe Fuentes Barrera podría ser votado en su Sala Superior este mismo miércoles.
DANZA DE LOS MILLONES QUE
NAPITO DEFRAUDÓ A MINEROS
Tuvieron que pasar quince años para que la justicia laboral determinara finalmente, mediante un laudo que ya no es impugnable, que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) y su líder Napoleón Gómez Urrutia sí desfalcaron en 2005 a mineros de Cananea, con casi 55 millones de dólares (660 millones de pesos al cambio de entonces), que ahora deberán pagarles.
Ese dinero fue entregado por Grupo México al sindicato y a su líder para cubrir el cinco por ciento de las acciones que pertenecían a los obreros de Mexicana de Cananea, luego de que un tribunal laboral decretó su cierre forzoso y se liquidó a la plantilla. Con ese dinero se constituyó un fideicomiso que debía repartir la parte correspondiente a cada trabajador beneficiario. Pero Gómez Urrutia y su sindicato decidieron extinguirlo, por lo que fueron acusados de desviar los recursos a cuentas personales.
Desde el momento mismo en que estalló el conflicto, que durante años tuvo en el autoexilio en Canadá a Gómez Urrutia (acusando persecución política) hasta que regresó a México para ocupar un asiento en el Senado por Morena, esta columna documentó la ruta seguida por ese dinero.
El 24 de enero de 2005 fueron pagados 47.4 millones de dólares de Minera México y 7.6 millones de dólares de Americas Sales Company al fideicomiso F/9645-2 de Scotiabank Inverlat (ahora 10964526), mediante transferencia electrónica a una cuenta del Chase Maniatan Bank.
El 22 de febrero de 2005 se celebró la extinción del fideicomiso y el dinero fue transferido a dos cuentas del sindicato minero en Bancomer: Una recibió 54 millones de dólares y la otra el millón restante. Esta última fue aumentada con dos millones de dólares transferidos de la primera para sumar tres millones de dólares de los que 800 mil quedaron como saldo inmovilizado y dos millones 200 mil se sometieron a investigación.
Con los 53 millones de dólares de la primera de las cuentas se hicieron las siguientes operaciones: 1. Compra de moneda extranjera por cinco millones de dólares; 2. Transferencia de 14 millones de dólares a una cuenta del sindicato en el Citibank de Nueva York; 3. Inmovilización de un saldo de diez millones 200 mil dólares; y 4. Compra de pesos por el equivalente a 23.8 millones de dólares, en Consultoría Internacional Casa de Cambio. Y con los 252 millones 600 mil pesos que resultaron de esta última operación se hizo lo siguiente: 89.2 millones de pesos fueron depositados en una cuenta de HSBC, de la que se expidieron mil 707 cheques por 86.4 millones para pago a los trabajadores y en la que quedó un saldo de 2.8 millones; 54.4 millones de pesos se depositaron en una cuenta de Bancomer de la que se expidieron mil 696 cheques por 51.1 millones para pagar a trabajadores y en la que quedó un saldo de 3.2 millones; 95 millones de pesos se depositaron en una cuenta de Scotiabank de la que se expidieron mil 756 cheques por 89.2 millones, también para pagar a trabajadores, y en la que quedó un saldo de 5.8 millones; y 14 millones de pesos se depositaron en una cuenta del Laredo National Bank a nombre de María del Carmen Páez de la Garza Evia.
De lo anterior se desprende que el dinero presumiblemente entregado a los trabajadores equivale a 229 millones 800 mil pesos, uno poco más de 21 millones de dólares. A los restantes 34 millones de dólares se le siguió la pista en 22 bancos de siete países.
Las autoridades de inteligencia del gobierno de Vicente Fox detectaron al menos cuarenta cuentas bancarias por poco más de 7.3 millones de dólares que Gómez Urrutia tenía a su nombre y al de su esposa Oralia Casso Valdés. A su nombre 22: Ocho con un saldo de dos millones cuatro mil 227 dólares y catorce en ceros, pero con recientes transferencias por un millón 223 mil 976 dólares; y al de su esposa 18: Seis con un saldo de dos millones 326 mil 374 dólares y doce en ceros, pero con recientes transferencias por un millón 768 mil 845 dólares.
El resolutivo de lo que se considera un mega laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ya que dictamina en una sola decisión diecinueve juicios distintos, absuelve a las mineras Grupo México y subsidiarias, así como a Scotiabank; y condena al sindicato minero y a Gómez Urrutia, quienes dijeron que no pagarán los 55 millones de dólares y que buscarán interponer otro recurso de amparo.
INSTANTÁNEAS:
- ¿ALBAZO O DESCUIDO? Dentro del paquete de reformas al poder judicial, el Senado aprobó ayer un artículo transitorio que amplía de cuatro a seis años el período del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los consejeros de la Judicatura Federal de cinco a siete años. Con ello, en el primero de los casos, el ministro Arturo Záldivar extendería hasta 2024 su mandato al frente del máximo tribunal del país.
Arturo Zaldivar Lelo de Larrea El transitorio décimo tercero no venía en el dictamen subido al pleno y fue añadido a propuesta del senador del Verde, Raúl Bolaños Cacho Cué con “el fin de implementar la reforma constitucional al PJF publicada en el DOF del 11 de marzo de 2021”. El transitorio fue aprobado por 85 votos de los senadores de Morena, el PES, el PT y el Verde, con dos abstenciones de éstos dos últimos y 25 votos en contra de Movimiento Ciudadano y una votación dividida de PAN y PRI. Dante Delgado, del MC, encendió los ánimos opositores y acaso abrió los ojos de panistas y priistas que habían votado a favor, quizás por descuido, aunque lo atribuyeron a un albazo. “¿Cómo pueden decirse sorprendidos quienes votaron a favor?”, preguntó el líder de la fracción morenista Ricardo Monreal, que calmó los ánimos que se desbordaban desde los escaños de los panistas Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez. Monreal dijo que al pasar a la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto, ésta podrá hacer los cambios requeridos, lo que se ve complicado por la mayoría que Morena y aliados mantienen en San Lázaro. El asunto generó desde ya una fuerte polémica que, a no dudarlo, se intensificará en los próximos días. En el fondo parece percibirse la intención de la 4T de blindar sus reformas ante el riesgo de perder la mayoría en las elecciones del próximo 6 de junio.
Evelin Parra - HUIXQUILUCAN. Aunque todavía no inician formalmente las campañas en el Estado de México, la lucha feroz por las candidaturas está a todo lo que da. En ese contexto, Huixquilucan es un buen ejemplo de cómo los liderazgos locales pueden consolidarse y ser competitivos frente a las opciones apuntaladas desde el poder local y el federal. Los suspirantes de Morena no dudan en utilizar a su favor los programas sociales del gobierno federal. PAN y PRI, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras partes del estado y del país, no irán aquí en alianza. El actual alcalde blanquiazul del PAN, Enrique Vargas, pidió licencia ayer para separarse del cargo por 55 días para apoyar a los candidatos de su partido y, sobre todo, las aspiraciones de su esposa Romina Contreras. Para ello no ha dudado en utilizar las capacidades e influencia de la presidencia municipal. Pero en medio de esta confrontación ha surgido una tercera fuerza que avanza a buen paso y que viene de los liderazgos locales. Se trata del líder del priismo municipal Guillermo Zamacona, con larga historia como gestor del tricolor en Huixquilucan y como activista ambiental.
Julio César Moreno Cercano al gobernador Del Mazo, con quien ha trabajado, Zamacona avanza paso a paso en las encuestas locales.
3. AMENAZAS ELECTORALES. Comerciantes de La Merced denunciaron que han sido objeto de amenazas por parte de Julio César Moreno, alcalde en Venustiano Carranza de la ciudad de México y la diputada local Evelin Parra, si no votan por Morena en la próxima jornada electoral. Dijeron que los antes perredistas y hoy morenistas los han extorsionado y tomado como botín político, pero que ya están decididos a ponerle un alto a la mafia que ha gobernado Venustiano Carranza durante los últimos años. (rrodriguezangular@hotmail.com , @RaulRodriguezC , raulrodriguezcortes.com.mx )