Raúl Rodríguez Cortés
El proceso de selección del candidato del PRI al gobierno de Oaxaca se ha enredado tanto que la dirigencia nacional del tricolor teje para evitar una fractura que alejaría la posibilidad de recuperar el estado perdido hace seis años.
Los aspirantes argumentan que serían el factor que reagruparía al priismo para la recuperación de Oaxaca. Palabras más, palabras menos, quienes buscan la candidatura dan a conocer su posición.
Manlio Fabio Beltrones ha convocado desde la cúpula tricolor a la firma de un acuerdo de unidad que garantice el respaldo de todos al que resulte el candidato del partido.
Fuentes del PRI aseguran que la respuesta a tal convocatoria ha sido positiva y que, en el transcurso de los próximos días todos los precandidatos firmarán el pacto.
Bien, hasta ahí, si los grupos oaxaqueños de poder se logran poner de acuerdo.
Pero llama la atención que a la convocatoria se haya sumado tan entusiastamente el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pues resulta que Gerardo Gutiérrez Candiani no es militante del PRI.
¿Cómo es posible que un pacto entre priistas lo firme alguien que ni credencial tiene del Partido Revolucionario Institucional?
Obviamente lo sabe Beltrones. ¿Quién entonces respalda las aspiraciones políticas del ex dirigente empresarial, aun con semejante despropósito de forma?
Pero el desempeño de Gutiérrez Candiani en la política empresarial, trampolín que lo acercó a las grandes ligas, siempre ha dejado entrever su descaro.
No tuvo empacho, por ejemplo, para usar sus relaciones políticas y de añeja amistad con el gobernador (ex priista y hoy perredista-panista, ¡por favor un siquiatra!) Gabino Cué a favor de sus familiares más cercanos.
Todo el mundo, por supuesto, tiene derecho a hacer realidad sus aspiraciones políticas. Lo malo es cuando detrás de ese afán existen situaciones no muy claras que podrían configurar delitos.
Aquí mismo preguntaba en 2010: ¿cómo es posible que alguien que preside el organismo empresarial cúpula del país no tenga o diga no tener –según muestran ciertos documentos- dinero para pagar la renta de una empresa que es “casi fantasma”.
Lo anterior se infiere de un documento firmado por el ex procurador oaxaqueño, Rogelio Mario Chagoya Romero en el que se establece que Gutiérrez Candiani es o era propietario de la empresa “Aluminio Mexicano para Offset”, que el gobierno del estado le rentaba a esa corporación el inmueble ubicado en la calle Melchor Ocampo sin número, Ex Hacienda de Dolores en la población de Santo Domingo Barrio Bajo, Etla, por dos mil 500 pesos mensuales y que el contrato de arrendamiento no fue renovado pero, desde 2003, la citada empresa continuó en uso del inmueble sin cubrir el pago correspondiente a la renta.
Gutiérrez Candiani, ungido ya como presidente del CCE, había asumido en 2010, pocos meses antes de que llegara al poder en Oaxaca Gabino Cué y detrás de él, su ex jefe y amigo Diódoro Carrasco (hoy secretario general de gobierno en Puebla), la presidencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y, a pesar de las aparentes condiciones críticas de su empresa, disfrutaba de una vida mucho más que holgada.
Y es ahí donde aparece su primo Juan José Álvarez Candiani, también amigo de Cué y Carrasco, pero sobre todo de Salvador Monroy, cuñado de Gerardo y en ese momento director del Seguro Popular en el estado y contacto con Germán Tenorio Vasconcelos, entonces titular de los Servicios de Salud Oaxaqueños.
El semanario “El correo de Oaxaca” documentó en su número, el 263, todos estos vínculos y los presuntos manejos millonarios de ese grupo con el suministro de medicamentos y la adquisición de camionetas de una marca oriental. El tiro del semanario, nos aseguran, casi no circuló pues al parecer fue adquirido completamente por los involucrados en este asunto.
Los servicios de salud de Oaxaca están cerca del colapso como resultado de ese tipo de “negocios criminales”.
Los casos vistos de partos en la calle y falta de atención adecuada en los hospitales públicos de uno de los estados con mayor marginación en el país, se quedan cortos ante la actual crisis en el abasto de medicamentos que afecta a poco más de tres millones de oaxaqueños.
La empresa que “ganó” la licitación para abastecerlos fue “Intercontinental de Medicamentos” que acabó por ser sustituida, por incumplimiento, por “Farmacias Fénix del Centro”.
Está ampliamente documentado, y así lo denuncian trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y el Seguro Popular del estado, que “Intercontinental de Medicamentos” fue multada por incumplimiento al IMSS, inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública y vetada como abastecedor de medicinas de los servicios de salud de Guanajuato, Puebla y Veracruz.
SOBREPRECIOS Y PRODUCTOS PATITO, ENTRE OTRAS COSAS
En todos los casos se le documentaron ventas de fármacos a sobreprecios, incumplimiento en el abasto y entrega de medicinas de mala calidad como el Ibersartán y la insulina Glargina, de origen chino, requeridas por los diabéticos de esas entidades.
Aún con esos antecedentes, el gobierno de Oaxaca dio la licitación a “Intercontinental de Medicamentos”, empresa de Juan José Álvarez Candiani, de una de las familias más honorables de los Valles Centrales, primo de Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y suspirante, según se sabe, a suceder a su amigo Cué.
Hay fuentes que aseguran que el líder empresarial es accionista de la distribuidora de medicamentos, sin que quien esto escribe haya podido confirmarlo.
El presumible negocio criminal, a costa de la salud de los oaxaqueños, tendría que ver con los sobreprecios pagados al distribuidor o la entrega de medicamentos “patito”, o caducados. Llena de éstos últimos, la Procuraduría del Consumidor encontró en Tlalixtac de Cabrera una bodega de los SSO que clausuró. Los trabajadores del sector salud denunciaron que dichos medicamentos fueron finalmente enterrados. ¿Qué intentaron ocultar las autoridades de salud?
Y esta es tan sólo una expresión de los grandes negocios hechos con y desde el poder en Oaxaca.
Los airados reclamos que familiares de enfermos renales y de cáncer internados en el hospital civil “Aurelio Valdivieso”, hicieron a Germán Tenorio Vasconcelos, secretario de los Servicios de Salud Oaxaqueños fueron casi permanentes.
La queja: están suspendidas las hemodiálisis y las quimioterapias. La explicación que se les da desde el gobierno de Cué es que no hay recursos. La alternativa que se les ofrece: recurrir al Seguro Popular cuyo titular, Salvador Monroy -casado con una hermana del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani- recurre a clínicas y laboratorios privados a falta de servicios en hospital civil.
No sé si sean ricos de abolengo pero cuesta trabajo creer que mientras el titular de Salud Tenorio Vasconcelos argumenta falta de recursos para quimios y diálisis, organice fastuosos fiestas en Huatulco como la que realizó en días pasados para celebrar sus segundas nupcias, en la que “tiró la casa por la ventana” según aseguran algunos de los asistentes.
Financiar semejantes lujos obliga a ingresos muy por encima de los normales, no explicables con el sueldo de un servidor público. Vamos, es preciso hacer grandes negocios, quizás la venta de medicamentos a los SSO (en los que se asegura está metido el primo de su esposa, Juan José Gutiérrez Candiani) o la compra de camionetas de marca oriental para reponer la flotilla de la dependencia que encabeza.
Y es que hace poco –según denuncia de El Correo de Oaxaca- los SSO, con la anuencia de German Tenorio Vasconcelos, adquirieron camionetas Mitsubishi L200.
Los que saben de estas transacciones aseguran que las automotrices tienen «promociones» o «descuentos» mensuales que van de 10 mil hasta 20 mil pesos.
Se aseguran que operaron así:
Salvador Monroy o Tenorio Vasconcelos, a través de un enviado, se presentan a la agencia. Escogen los vehículos que se requieran, le solicitan al vendedor o al gerente, según sea el caso, que entren a la “licitación” a través de COMPRANET y, los “ganadores” o el “ganador”, son o es, casualmente, las o la agencia automotriz que el funcionario desea.
Después de la licitación, los compradores (los SSO) piden que en las facturas no se estipule ni aparezca descuento alguno (10 o 20 mil pesos), pero como la agencia no puede facturar al precio normal, los vendedores de vehículos, la agencia automotriz, tienen que regresar el excedente de las “promociones”, maniobra que se lleva a cabo por medio de un recibo expedido por la agencia que puede ser “por mediación en compra de vehículos” y es expedido junto con un cheque por la cantidad estipulada a nombre de quien el funcionario de los SSO indique.
En el caso de la compra de las camionetas Mitsubishi se dice que fueron 200 vehículos. Y si la “promoción” o “descuento” acordado fue de 15 mil pesos en promedio, alguien o algunos se llevaron tres millones de pesos sin sudar ni esforzarse mucho.
Pero tal es el descaro y tal la cachaza de Gutiérrez Candiani. Con la misma parsimonia, seguramente, irá a firmar el pacto de unidad de los precandidatos tricolores.
(rrodriguezangular@hotmail.com , @RaulRodriguezC , raulrodriguezcortes.com.mx )
