Gran Angular : Denuncian privados amenazas de la CFE

• Incendio en Centro de Control de Metro ¿Cuáles fueron las causas?
• Desiste FGR de ejercer acción penal contra Salvador Cienguegos.
• El largo y sostenido silencio de Félix Salgado M. sobre acusaciones.

Raúl Rodríguez Cortés

Hace unas semanas, la Comisión Federal de Electricidad, a través de su filial CFEnergía, presumió con bombo y platillo haber “renegociado” ocho contratos de suministro de gas natural, los cuales, informó, le generaron ingresos por 200 millones de dólares.

Lo que el director general de CFEnergía, Miguel Reyes Hernández olvidó mencionar es que dichas “renegociaciones” se lograron por medio de amenazas legales y demandas a consumidores privados y usuarios finales de gas, según denunciaron algunas empresas afectadas como Gas Natural Industrial, liderada por Salomón Issa; y Emerging America, de los hermanos Gildardo y Daniel Gutiérrez.

 

Información llegada a esta columna precisa que la filial de la CFE fundamentó dichas acciones legales en el argumento de que esas y otras empresas no le compraron el gas natural al que se habían comprometido por contrato. Pero el problema, explicaron los quejosos, es que el gas natural que se habían comprometido a adquirir, no podía ser entregado en tiempo y forma, ya que el sistema de ductos para su distribución, no había sido concluido en su totalidad. En otras palabras, explicaron las empresas afectadas, CFEnergía los amenazó y obligó a pagar por un producto que no puede ser consumido porque no es entregado.

¿Por qué los ductos no estaban concluidos o su operación suspendida? Se trata, al parecer, de una secuela del litigio que a principios de actual gobierno (febrero de 2019) inició la CFE de Manuel Bartlett contra una serie de contratos para la construcción de gasoductos de empresas como IEnova, TransCanada, Carso Energía y Fermaca.

La construcción de esa red de gasoductos fue concebida durante el gobierno de Felipe Calderón y desarrollada por el de Enrique Peña Nieto para traer gas natural importado en el contexto de la reforma energética. Por contrato, su propiedad quedó en manos de las constructoras y se estableció que la CFE debía pagar rentas crecientes de suministro y penalizaciones, cuando el servicio se suspendiera por razones ajenas a los operadores. Fue el caso de una explosión y de demandas de grupos ambientalistas, que llevaron a la suspensión de la construcción de algunos de los gasoductos y del suministro en el caso de los ya terminados.

El gobierno de la 4T consideró que se trataba de contratos “leoninos”. Su principal argumento fue que en 2018 la CFE tuvo que pagar cinco mil 800 millones de pesos por una infraestructura inconclusa, debido a las llamadas “cláusulas de fuera mayor y caso fortuito”. Por eso planteó la modificación de los contratos e incluso amenazó con llevar el caso a panales internacionales de controversias.

 

Los gasoductos y la CFE finalmente llegaron a un acuerdo (agosto de 2019): rentas parejas, reducción de penalizaciones y acuerdos equilibrados en casos fortuitos y de fuerza mayor.

¿Acaso no se han cumplido esos acuerdos? No, por lo visto. Los clientes de la CFE –según la denuncia aquí presentada- no pueden recibir el gas natural que contrataron por un problema creado cuando comenzó el litigio con los constructores de los gasoductos. Aquel pleito -según la Auditoria Superior de la Federación- acabó siendo más caro para la CFE, pues resultó en un perjuicio para el país de 600 millones dólares, derivado del incremento en costos a valor presente.

Terminó pagando más dinero y sin poder surtir de gas natural a sus clientes.

Tener una concepción distinta a la de la apertura energética es legítimo, pero eso no justifica incompetencia y errores que, por lo visto, se quieren atribuir a los privados. Errores que ahuyentan inversiones y generan desconfianza.

INSTANTÁNEAS:

1. METRO. Una línea discursiva sostenida por AMLO ha sido la de culpar a los gobiernos anteriores de todos los males que enfrenta el país. A tal recurso también se ha recurrido tras el incendio del sábado pasado en transformadores del centro de mando del Metro que dejó sin servicio hasta ayer a las líneas 4, 5 y 6, y hasta el próximo fin de semana, en el mejor de los casos, a la 1, 2 y 3. Nadie parece poner en duda que ha sido la innumerablemente denunciada falta de mantenimiento la causa de estas graves fallas en el eje del sistema de transporte colectivo de la ciudad de México. Si la responsabilidad, como se ha dicho, es de los gobiernos anteriores al que actualmente encabeza Claudia Sheinbaum, la culpa es entonces de las administraciones del propio AMLO, de Marcelo Ebrard y de Miguel Ángel Mancera.

   

2. TRANSPARENCIA. En medio del debate de la eventual desaparición del INAI y del aserto de la 4T de que es uno de los gobiernos más transparente del pasado reciente, se atravesó la decisión de reservar por cinco años el contenido de los contratos para la compra de las vacunas contra el virus SARS-COV-2. Cabe precisar en este asunto, que son las farmacéuticas las que por contrato obligan a la confidencialidad. El canciller Ebrard explicó que las restricciones de información son exigidas, en este caso, por Pfizer y AstraZeneca, para proteger precios y otros datos en el contexto de la actual pandemia. El gobierno está dando a conocer número de vacunas, sus características y la inversión agregada y, de acuerdo con Ebrard, se darán a conocer los contratos con todas sus características, una vez que se cumpla el término de su vigencia.
3. MADRAZO, ¿CASA-TENIENTE? Buscó la presidencia de la República en 2006 bajo las siglas del PRI, desde donde montó una campaña contra su propio partido: “Dale un Madrazo al dedazo”. En la contienda electoral de ese año, el entonces “partidazo” quedó en tercer lugar por lo que la política jubiló al tramposo maratonista, con su respectiva pensión vitalicia.

   

   A Roberto Madrazo hoy se le ve poco en corrillos políticos, pero los enterados aseguran que se dedica, con su hermano Sergio, a la adquisición de bienes inmuebles que los bancos quitan a quienes no pudieron pagar las respectivas hipotecas. Los obtienen a precios de remate y los venden al doble o al triple, o bien los ponen en renta. ¿Será que estamos ante un posible casa-teniente en la ciudad de México?

4. QUIEBRE. En Oaxaca se resquebraja la alianza PAN-PRI-PRD. Y es que el octavo pleno extraordinario del partido del sol azteca desconoció con director Ejecutivo Estatal a José Julio Antonio Aquino y lo sustituyó por Carlos López Jarquín. El remplazo fue consecuencia de la inconformidad de 76 de los 102 consejeros con la alianza de marras empujada por el hoy sustituido Antonio Aquino quien, se dijo, perdió la confianza de la militancia al aprobar la coalición con el PRI. López Jarquín es hermano del edil de Santa Cruz Xoxocotlán, uno de los principales opositores de la alianza electoral. ¿Se mantendrá a pesar de este quiebre?

   

5. IZQUIERDA. A pesar de los tropiezos en la designación de algunos candidatos impresentables, Morena no ha dejado a un lado a aspirantes jóvenes y claramente identificados con la izquierda. Uno de ellos es Erick Rafael Valdepeñas, quien fuera coordinador del tema Migrantes y Estados Unidos en el Foro de Sao Paulo celebrado en 2015. Ahora, a sus treinta años, busca ser el próximo diputado federal por el distrito 19 del Estado de México, con cabecera en Tlalnepantla.

 

FUEGO EN EL METRO ¿NEGLIGENCIA

EN NOMBRE DE LA AUSTERIDAD 

   

Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha descartado ninguna hipótesis sobre las causas del incendio en el Metro que inmovilizó hasta el martes pasado sus líneas 4, 5 y 6, y mantiene paralizadas las líneas 1, 2 y 3, técnicos, trabajadores y exfuncionarios del sistema que es eje del transporte colectivo de la ciudad de México, no alcanzan a vislumbrar evidencias de que se haya tratado de un sabotaje.

Las razones y responsabilidades serán determinadas por tres peritajes a cargo de la Fiscalía capitalina, el Grupo Mexicano de Seguros y la empresa privada “Profesionales en Supervisión Eléctrica”, que serán verificados por el comité de Accidentes Relevantes del propio Metro. Mientras tanto, las fuentes consultadas por esta columna apuntan a atribuir el incendio de la Subestación Eléctrica de Alta Tensión del “Buen Tono”, a la histórica insuficiencia de recursos para el mantenimiento del sistema derivada, por mucho, de reducciones presupuestales que AMLO negó en días pasados pero que están documentadas.

 

El presupuesto anual del Metro tuvo incrementos siempre insuficientes, pero constantes, hasta 2018. De los 15 mil 100 millones de pesos asignados en 2015 aumentó a 17 mil 600 millones en 2018. Para 2019 -ya con el gobierno de Sheinbaum-, el Congreso de la Ciudad de México aprobó para el STC un presupuesto general de 15 mil 600 millones de pesos, esto es, dos mil millones de pesos menos.

Para 2020 se le asignó un monto presupuestal igual al del año anterior, tomando ya en consideración la necesidad de transferir fondos extraordinarios para la atención de la pandemia. Los legisladores capitalinos compensaron el recorte sostenido por segundo año con la autorización de un endeudamiento de hasta 38 mil millones de pesos, pagadero a 20 años, para ejercerse de 2020 a 2024. La dirección del sistema, a cargo de Florencia Serranía, planificó su uso para renovar el sistema eléctrico de las líneas 1, 2 y 3, y adquirir nuevos trenes para la uno. Y para este 2021, se asignó un presupuesto general de 15 mil millones de pesos, esto es, 600 millones de pesos menos que el año pasado.

 

De acuerdo con el exdirector del Metro, Jorge Gaviño, el STC debería gastar anualmente unos 20 mil millones de pesos para estar bien dotado. Esto significa que opera con un déficit de cinco mil millones de pesos. El gasto en mantenimiento, según estimación del hoy líder de la fracción del PRD en el Congreso capitalino, absorbe el 30 por ciento del total presupuestal anual, monto equivalente a los cinco mil millones de pesos que se le han recortado a su presupuesto ideal.

El pésimo mantenimiento es entonces el gran problema del Metro, como lo ha denunciado durante años el líder de sus trabajadores, Fernando Espino. Y el incendio de la subestación eléctrica del “Buen Tono” se adelantó, para mala fortuna de todos, a la ejecución de los recursos obtenidos, vía endeudamiento, para la renovación y/o mantenimiento de sus equipos y transformadores, la explosión de uno de los cuales fue lo que desató el siniestro.

Entre los trabajadores del Metro circula la versión de que por primera vez en el medio siglo de vida del sistema, no se les dio mantenimiento a esos transformadores, porque la directora Florencia Serranía no asignó el presupuesto correspondiente.

 

Las pruebas de tal aserto estarían en las oficinas de Instalaciones Fijas, una, sobre todo: la del sistema llamado POA (Programa Operativo Anual del Metro), donde todas las áreas, incluida la de Instalaciones Fijas, suben cada año sus requisitos financieros y necesidades presupuestales.

 

Pero resulta que el miércoles pasado, a las siete de la noche, les cortaron la luz y fueron evacuadas esas oficinas, sin que nadie pudiera sacar papeles oficiales, dispositivos USB o discos compactos, según denuncia de los propios trabajadores. La información que enviaron a esta columna sugiere que se quiere fincar la responsabilidad del accidente a quien encabeza el área de Instalaciones Fijas, un funcionario que se acaba de ocupar del cargo después de quince meses de estar acéfalo y a quien se asegura que Serranía le ha recriminado no haberla notificado personalmente de sus necesidades presupuestales, aunque ella sabe que el mecanismo formal es el POA.

Después de los escandalosos dispendios de administraciones pasadas se entienden y se aplauden las políticas de austeridad, pero es negligente que, en nombre de ella, se afecten sistemas vitales. Ya alguien inventó por ahí un término ejemplificador: austericidio.

 

INSTANTÁNEAS:

 

1. 

   DENUNCIA. Los diputados capitalinos panistas Federico Döring y Andrés Atayde Ruibiolo, así como Jesús Adrián Alfaro Reyes, concejal del mismo partido en la alcaldía Gustavo A. Madero presentaron ayer ante la Fiscalía General de la Ciudad de México una denuncia de hechos contra la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la directora del Metro, Florencia Serranía en la que las acusan de homicidio, ejercicio ilegal y abandono del servicio público y uso ilegal de atribuciones y facultades. Les atribuyen probable responsabilidad en el incendio del sábado pasado en el centro de control del Sistema de Transporte Colectivo de el “Buen Tono”, en el que perdió la vida la policía bancaria e industrial María Guadalupe Cornejo. A Serranía le recuerdan que en la sesión virtual que sostuvo el 30 de noviembre pasado ante la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, ella misma se asumió como directora del STC y como subdirectora de Mantenimiento.

2. EXONERADO. La Fiscalía General de la República se desistió anoche del ejercicio de la acción penal contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, detenido el 15 de octubre pasado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero; y regresado a México el 18 de noviembre tras el retiro de los cargos. El pasado 9 de enero, el general Cienfuegos conoció aquí las imputaciones hechas por las autoridades estadounidenses, así como las investigaciones realizadas al respecto por la FGR. De ellas se concluyó que quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Peña Nieto, nunca tuvo encuentro ni tratos con integrantes de la organización delictiva investigados por las autoridades norteamericanas, razón por la cual lo exoneró. La Fiscalía refirió que desde 2013, la DEA inició, sin el conocimiento ni la colaboración del gobierno mexicano, la investigación contra Cienfuegos y corroboró la debilidad de las imputaciones que le fincaron, según referimos en este espacio (https://bit.ly/2MVDOsX).
3. AGENTES EXTRANJEROS. Precisamente hoy entran en vigor los lineamientos que regularán la relación de servidores públicos con agentes extranjeros en funciones de seguridad. El Diario Oficial de la Federación los publicó ayer en seguimiento al decreto del 18 de diciembre pasado que adicionó diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. No es su objetivo reducir el nivel de cooperación sino ordenar los términos de su operación, desordenada y abusiva como se comprueba ahora con el caso Cienfuegos. De ahí que establezca su acreditación como funcionarios consulares ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (previo acuerdo con las de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina); la obligación de dar cuenta al gobierno mexicano de la información que generen; y la obligación de mantener el carácter de confidencialidad de la misma. El canciller Marcelo Ebrard se reunió ayer con sus funcionarios de primer nivel para definir la hoja de ruta conforme a la cual explicarán dichos criterios a los embajadores de los países que tienen presencia de agentes extranjeros en México. Las encabezarán los subsecretarios Maximiliano Reyes y Carmen Moreno, así como Roberto Velasco, director para América del Norte. Son veinte los países que tienen en México agentes en funciones de seguridad, entre otros Estados Unidos, Guatemala, España, Israel, el Reino Unido, Rusia y China.

   

4. CONTRAREPLICA. Acuso recibo de las réplicas enviadas a esta columna y publicadas íntegras por EL UNIVERSAL en su edición de ayer, de las empresas Emerging America y Gas Natural del Noroeste. En ellas rechazan haber sido legalmente amenazadas por CFEnergía por no cumplir la compra comprometida por contrato de gas natural que les suministra esa filial de la empresa eléctrica estatal, como aquí se afirmó. En contra de lo ahora argumentado por ellas –no obstante que fuentes a su interior cuya identidad me reservo, hicieron llegar la denuncia a esta columna- otras gaseras se han sumado al reclamo de marras. Parece que aquí sólo hay de tres: que la renegociación del contrato obligó a la confidencialidad sobre la coacción denunciada, que prefirieron ya no meterse en más litigios con la CFE o que los denunciantes actuaron con intenciones aviesas. Ya lo sabremos.
5. FÉLIX Y EL SILENCIO. Mientras que Félix Salgado Macedonio, virtual candidato de Morena al gobierno de Guerrero parece apostarle al silencio y a la inacción de la justicia en relación con la demanda de violación de la que aquí hemos dado cuenta, inquieta que nada se sepa del paradero de la víctima con identidad reservada para su protección con las iniciales JDG. La reactivación del caso para su judicialización quedó en manos de la Fiscalía de Guerrero que ayer informó que ha ofrecido a la víctima asistencia jurídica, atención sicológica especializada y medidas cautelares. Entre tanto, el ex fiscal Xavier Olea, bajo cuya gestión se llevó a cabo la investigación, se amparó ayer luego de que se supo que se procedería en su contra tras declarar que la carpeta no se judicializó por instrucciones del gobernador Héctor Astudillo. La candidatura morenista de Salgado Macedonio aún no está firme, ya que otro de los precandidatos, Pablo Amílcar Sandoval está en espera de la resolución del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación respecto a la impugnación que interpuso contra la encuesta que lo eligió y en la que argumenta que Morena no analizó adecuadamente el perfil del exalcalde de Acapulco y senador con licencia, involucrado en al menos un caso de abuso sexual.
6. ATENCIÓN CIUDADANA. Benjamín Marina Martín asumió la Secretaría de Atención Ciudadana de la Ciudad de México. Al hacerlo se comprometió a fortalecer la asesoría jurídica y el acompañamiento legal gratuito para las personas físicas. La Secretaría de Atención Ciudadana depende del Tribunal de Justicia Administrativa de la capital de la República.

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