Yolanda Chio, corresponsal / La Jornada
Monterrey. Haber sacado a un bebé con discapacidad del DIF estatal para que el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez convivieran con él durante el pasado fin de semana vulneró el derecho a la vida privada y a la identidad del menor y podría incluso tratarse de un delito de trata de personas, de acuerdo a la organización internacional Save The Children.
La organización condenó lo ocurrido el pasado 15 de enero, y solicitó que de manera urgente se “adopten medidas necesarias para el óptimo funcionamiento de los sistemas de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
“El niño quedó expuesto y fue víctima de diversas violaciones a sus derechos como Derecho a la vida privada, Derecho a la identidad, Derechos relacionados con la aplicación del interés superior establecido en la Constitución.
“Puede haberse cometido inclusive el delito de trata de personas por usar su imagen con fines políticos y mercantiles en las comunicaciones de sus redes sociales”, explicó la organización.
Save The Children urgió a las autoridades federales a investigar el caso y a cuestionar “¿qué buscaba una acción como esta?, ¿Es esto lo que necesita un niño? ¿Ser expuesto en redes sociales y medios de comunicación?”.
La crítica de Save The Children se suma a la queja de oficio que inició este lunes la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la salida del menor, quien padece una discapacidad en el sistema nervioso, del albergue DIF Capullos.
La CEDH también envió un exhorto al DIF para solicitar que se garantice el derecho a la intimidad y protección de datos personales de los menores de edad.
Por otro lado, la Red por los Derechos de la Infancia en México acusó al mandatario de Movimiento Ciudadano y su cónyuge, de buscar “rédito mediático y económico detrás de una motivación aparentemente humanitaria.
“Sin importar que detrás de estos hechos pudiera haber una aparente motivación humanitaria, es fundamental recordar que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y que es obligación del Estado, y de sus representantes, velar por estos derechos en primer término”.
La REDIM indicó que el DIF debe seguir directrices “sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, expedidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, señaladas en “la Convención de los Derechos del Niño” y pidió no trivializar o descuidar el cuidado de los menores.
“Se debe recordar que la Ley general de derechos de niñas y niños prohíbe en sus artículos 68 y 80 la difusión de imágenes de niñez y se llama la atención en especial cuando son víctimas. Este bebé está bajo responsabilidad jurídica del DIF local y precisamente por ello no puede ser expuesto de ninguna forma, pues se le revictimiza”.
Ambos artículos señalan la obligación de no difundir imágenes de menores en donde se vulnere su derecho a la vida privada.
Este martes en el Congreso local, la diputada Jessica Elodia Martínez, coordinadora de la bancada de Morena, presentó un exhorto para solicitar al gobernador y a su esposa que informen la figura jurídica bajo la cual se sustentó la extracción del menor.
También solicitaron a Miguel Ángel Sánchez, director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León (DIF), informe sobre el mismo procedimiento.