Agencias
La Comisión de la Verdad de Oaxaca concluyó su investigación y falló en contra del ex gobernador Ulises Ruiz, a quien acusó de cometer delitos de lesa humanidad, como lo fueron desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y detenciones arbitrarias con tortura, durante la revuelta social del 2006.
Además resolvió exigir la inhabilitación de unos 45 funcionarios públicos entre ellos el fiscal general de justicia en el gobierno de Oaxaca, Joaquín Carrillo a quien señala de obstaculizar el debido proceso contra indiciados.
También se acusa al senador y ex precandidato al gobierno de Oaxaca por el PRI, Eviel Pérez Magaña a quien se acusa de desmantelar las radios que estaban en poder de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y activistas de la desaparecida Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y crear y operar ilegalmente una radio ciudadana con recursos públicos que sirvió para contrarrestar la información y trasmisiones de los opositores al régimen de Ulises Ruiz.
El presidente del organismo, Alejandro Solalinde, acusó al gobernador de Oaxaca Gabino Cué de «cómplice» y «tibio» al permitir la impunidad a favor de su antecesor Ulises Ruiz y de varios funcionarios, señalados de participar en actos criminales y que incluso fueron incorporados a su equipo de trabajo.
Dijo que en la resolución de la investigación se piden instruir procesos penales y administrativos contra 45 ex servidores públicos y acciones de mitigación y no repetición de los agravios cometidos.
Anunció que el 19 de abril próximo el contenido del informe se entregará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se otorgue seguimiento a las investigaciones y se pide a la Corte Internacional llamar a cuentas al ex gobernador Ulises Ruiz y a los funcionarios involucrados y señalados en delitos de lesa humanidad.
FRAUDE EN LA CNTE
En el informe entregado por el organismo se precisa también de un fraude cometido por los dirigentes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con los recursos que recibió de parte del Gobierno Federal para indemnizar a las víctimas y viudas por los 29 asesinatos reportados en contra de activistas sociales y profesores.
LAS RECOMENDACIONES
Entre las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad de Oaxaca se encuentra una a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social para que retomen las investigaciones en contra del ex gobernador Ulises Ernesto Ruiz Ortiz; el ex secretario de Gobierno Jorge Franco Vargas y la ex procuradora Rosa Lizbeth Caña Cadeza, entre otros.
Hay otros funcionarios del gabinete de Ulises Ruiz y funcionarios municipales, especialmente los encargados de procuración de justicia y seguridad pública.
De esta forma se espera que se finquen las responsabilidades penales por delitos y violaciones graves a los derechos humanos, en especial de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes que se detallan ampliamente en este informe.
Explicaron que los delitos cometidos no sólo son imprescriptibles, sino que, dadas las características de sistematicidad con que se cometieron, pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
Otras de las acciones van dirigidas a la Procuraduría General de la República (PGR), para revisar el estado de las denuncias penales en contra de las administraciones federales, de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, por su responsabilidad en actos de omisión y desaparición de pruebas.
CONFESIÓN DE VICENTE FOX
El consejero Diego Osorno advirtió que en las indagatorias se logró entrevistar al ex presidente Vicente Fox que en su declaración se dijo presionado por el presidente electo Felipe Calderón para que enviara a las fuerzas federales a Oaxaca, para garantizar su toma de protesta en orden.
También se pide al Congreso federal y local, a la Secretaría de la Contraloría y a los Consejos Ciudadanos de dichos organismos autónomos, revisar la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal Derechos Humanos de Oaxaca (ahora Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca), así como de sus titulares y visitadores del periodo 2006 y 2007, para establecer las medidas de sanción necesarias, ya que de acuerdo a la información se presume omisión, negligencia y falta de compromiso institucional, en la defensa de los derechos humanos de las víctimas del conflicto social.
Asimismo recomendaron impulsar acciones legislativas orientadas a instaurar una nueva institucionalidad y un pacto sociopolítico, mediante las cuales se garantice plenamente la no repetición de las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad.
FOSAS EN CASAS DE MANDOS DE POLICÍA
Con respecto a las fosas clandestinas donde se presume fueron enterrados los cadáveres de activistas y profesores de la CNTE, el organismo evidenció que se han localizado 9 y dijo que estas se encuentran ubicadas en la casas de la Fiscalía General y de funcionarios del régimen del ex gobernador Ulises Ruiz.
