FGR abre carpeta por derrumbe en mina que dejó diez mineros atrapados


El presidente se entrevistó con familiares de los mineros atrapados. Foto Presidencia

Eduardo Murillo / La Jornada

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por posibles delitos de carácter federal relacionados con la inundación de la mina de carbón en el poblado de Aguijita, municipio de Sabinas, Coahuila, que mantiene atrapados a varios mineros.

La dependencia aseguró que sus averiguaciones iniciaron desde el viernes pasado, por lo que realiza ya tareas de criminalística de campo, fotografía forense, entrevistas de testigos, identidad de propietarios ocupantes de la mina o pozo carbonero, e identificación de los trabajadores afectados.

 

También requirió a distintas dependencias federales y estatales información sobre los diversos expedientes relacionados con la empresa que explota la mina, así como con sus dueños.

 

Al Instituto Mexicano del Seguro Social le pidió el informe de trabajadores registrados en dicha fuente de trabajo.

 

A la Secretaría de Economía los documentos sobre el título de concesión de la mina, asi como el nombre la persona física o moral a quien le fue otorgado.

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá entregar un reporte sobre las inspecciones que haya realizado en la mina para verificar sus parámetros de seguridad laboral, una solicitud similar se hizo ante las autoridades locales.

 

A la Dirección de Protección Civil municipal se le pidió que rindiera informe de las inspecciones practicadas en el lugar de referencia.

 

En la Subsecretaría de Protección Civil del Estado de Coahuila se requirió información sobre las inspecciones que ha realizado en el lugar de los hechos.

 

Finalmente, el Servicio de Administración Tributaria deberá entregar un informe sobre el registro fiscal del propietario de la mina.

 

La Policía Federal Ministerial trabaja en el lugar de los hechos, entrevistando a los trabajadores del pozo siniestrado que salieron ilesos de esta tragedia.

 

“Uno de los trabajadores aportó información sustancial sobre el concesionario, el mayordomo, así como del dueño del predio donde se encuentra la mina. Dichos datos deberán ser ratificados a través de las diligencias correspondientes”, afirmó la FGR.