Braulio Carbajal / La Jornada
Ciudad de México. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) determinó de manera preliminar que en México no existen condiciones de competencia efectiva para la distribución de gas licuado (gas LP) a usuarios finales.
Al dar a conocer los primeros resultados de la investigación que comenzó el mayo pasado, el organismo antimonopolios señaló que no hay competencia adecuada en 213 de los 220 mercados geográficos definidos en el país.
Destacó que la importancia de este energético radica en que es usado como el principal combustible por las familias y negocios para cocinar, calentar agua y proporcionar calefacción en los hogares.
“Este combustible se adquiere de vehículos de reparto en recipientes portátiles (“cilindros”) o mediante cargas que hacen los autotanques en las instalaciones que los consumidores tienen en sus domicilios (conocidos como tanques estacionarios)”, apuntó.
Indicó que el resultado de su investigación resulta relevante porque los mercados energéticos, como el del gas LP, tienen un efecto transversal en la economía, lo que implica que cuando sus precios suben aumentan los costos para producir otros bienes.
Por ejemplo, señaló, en el de algunos alimentos, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo de las familias, en especial las de menores ingresos.
En particular, en el periodo comprendido entre diciembre de 2016 y abril de 2021, los distribuidores incrementaron en promedio 145 por ciento su margen de ganancia bruto promedio a nivel nacional.
La Cofece detalló que entre los elementos identificados que inhiben la competencia en México destacan una elevada concentración en múltiples mercados regionales; la existencia de barreras para que potenciales competidores entren a estos mercados por los altos costos de inversión como los relacionados con el establecimiento y puesta en operación de una planta de distribución, la adquisición de flota vehicular y cilindros portátiles, un retorno a largo plazo (entre 3 y 10 años), así como elevados costos hundidos.
Además de barreras regulatorias, pues se debe cumplir con un alto número de normas y requisitos legales para lo que se tiene que interactuar con al menos cinco autoridades, tanto de orden local como federal –entre ellas, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público–, las cuales toman tiempo en obtenerse.
“También existen comisionistas y agrupaciones clandestinas y seudo sindicatos cuyas conductas constituyen una barrera de entrada, pues inhiben o dificultan la concurrencia de distribuidores a ciertas zonas geográficas, en especial en la Zona Metropolitana del Valle de México”, añadió el organismo autónomo.
De confirmarse el sentido del dictamen de la Cofece respecto de la falta de condiciones de competencia efectiva en la distribución de gas LP a los usuarios finales mediante plantas de distribución y autotanques, corresponderá a la CRE establecer la regulación de las contraprestaciones, precios o tarifas.