J. Jaime Hernández/La Jornada
Desde que asumió el poder, Donald Trump no ha dejado de sorprendernos con su habitual recital de ataques, mentiras y acusaciones contra su antecesor en el cargo y todo aquel que le ha desconocido como su presidente.
Pero, sobre todo Trump no ha dejado de escandalizar a la comunidad internacional con su preocupante grado de ignorancia y peligrosidad.
Entre algunos analistas, las bromas a través de twitter ilustran la encrucijada:“!Cuidado¡… tenemos un nuevo alguacil en el pueblo. Y el problema es que su caballo cabalga en la dirección incorrecta”Entre los últimos de los patinazos de Donald Trump, resalta uno que atañe a la seguridad nacional de México. Un problema que ha sido exportado de la Unión Americana desde la década de los 80, para socavar la seguridad de México y Centroamérica.A pesar de ello, Donald Trump se ha empeñado en achacárselo a la administración de Barack Obama.
Nos referimos al nacimiento y expansión de pandillas como la de la Mara Salvatrucha o la M13 en distintas ciudades de EU, México y Centroamérica.»Las débiles políticas de inmigración ilegal de Obama permitieron la formación de malas pandillas de MS en ciudades de todo Estados Unidos. ¡Nosotros las estamos eliminando rápidamente! “, aseguró esta semana Trump a través de su cuenta de twitter para justificar en el endurecimiento de las redadas y las deportaciones exprés.
Para empezar, habría que decir que el nacimiento de las pandillas como las de la Mara Salvatrucha o la M13 no es un producto de la era Obama. Ni siquiera de la administración de George W Bush. Su aparición se remonta a la década de los 80, cuando la guerra civil en El Salvador apuró la expulsión de miles de refugiados que se asentaron en las ciudades de Los Ángeles, California y en ese triángulo de estados y ciudades que reúnen a la mayor cantidad de inmigrantes de origen Centroamericano: Maryland, Virginia y la ciudad de Washington DC. Con el tiempo, las pandillas se expandieron por estados como Oregon, Texas, Nevada, Oklahoma, Utah, Illinois, Michigan, Nueva York, Florida y Georgia.
Pero, el continuo enfrentamiento con otras pandillas de origen mexicano en estados como California, endureció los controles migratorios y dio paso a una intensa campaña de deportaciones exprés que exportaron hacia países como México y Centroamérica a los más violentos de estas pandillas. Víctimas de la persecución y de operaciones de “limpieza” de grupos paramilitares en países como Honduras o El Salvador, los pandilleros deportados volvieron sobre sus propios pasos para retornar a EU y, en el trayecto, organizaron una red de alianzas con el narcotráfico y los traficantes de personas.
En muchos sentidos, las deportaciones exprés de EU fueron las responsables de la expansión y del fortalecimiento de las pandillas que, después de haber sido considerado como un cáncer que se extirpó desde las calles de Los Ángeles, reapareció en su forma más virulenta en México y Centroamérica para hacerse con el control de las rutas por las que se contrabandeaba droga, coches robados, armas e inmigrantes indocumentados. En menos de 10 años, las pandillas como la Mara Salvatrucha (que en un principio se nutrían de inmigrantes de origen salvadoreño), se internacionalizaron gracias a la incorporación de un ejército de jóvenes que eran excluidos de las oportunidades de educación y trabajo, o que huían de operaciones de exterminio para ser cazados como animales en las frontera de México y Centroamérica.
Lo interesante del caso es que, a pesar de ser un producto de exportación de Estados Unidos, las pandillas se han convertido (gracias a la mala memoria y o la ignorancia de personajes como Donald Trump) en la mejor coartada de demócratas y republicanos; de los racistas y de los movimientos anti inmigrante para presentarlas como una forma de plaga que penetró a través de la frontera con México para reproducirse como un cáncer y amenazar al sistema de libertades que, hace ya casi 40 años atrás, les dio la espalda.
“DREAMER” MEXICANO DEMANDA A EUA POR DEPORTARLO
San Diego.-Ap.- Un hombre de 23 años demandó al gobierno estadunidense por haberlo deportado a México, afirmando que tiene derecho a permanecer en Estados Unidos bajo un programa que protege a gente que inmigró siendo niños.
Los abogados de Juan Manuel Montes aseguran que su cliente es el primero en ser deportado en el gobierno de Donald Trump pese a estar cobijado por el programa DACA que permite la suspensión temporal de la deportación. Los abogados señalan que Montes calificó al DACA en 2014 y renovó su estatus en el 2016 por dos años más.
El DACA es la política promulgada por el anterior mandatario Barack Obama, que consiste en la suspensión temporal de las deportaciones de jóvenes que residan sin autorización legal —que llegaron a Estados Unidos cuando niños, traídos por sus familiares_, siempre y cuando no hayan sido condenados por haber cometido delitos graves y siempre no se trate de personas que representen una amenaza a la seguridad pública.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos contradice las aseveraciones sobre el estatus de Montes, afirmando que su afiliación al DACA expiró en agosto del 2015 y que, según documentos oficiales, nunca fue renovado.
La agencia añade que Montes fue una vez declarado culpable de robo y se le sentenció a libertad vigilada. Sus abogados reconocen, en la demanda presentada el martes en un tribunal del sur de California, que fue acusado de un delito menor y de «infracciones menores de tránsito», pero esas faltas no le excluyen del DACA.
Montes, quien llegó a Estados Unidos a los 9 años de edad y sufrió una herida cerebral traumática cuando era pequeño, se graduó de la secundaria en el 2013 y estudió soldaduras en un colegio comunitario, dice la demanda. Entonces trabajó dos años como agricultor en California y Arizona.
Según la demanda, Montes fue enviado a México el 17 de febrero tras ser detenido por un policía que le pidió documentación, cuando se dirigía a una parada de taxis en Calexico, California, a unos 190 kilómetros (120 millas) al este de San Diego. Montes había dejado la billetera en el carro de un amigo y se sentía «confundido y asustado». Se le exigió firmar unos documentos sin que se les diera copia ni permiso para citarse con un juez de inmigración.
Después de ser asaltado en la ciudad fronteriza de Mexicali, México, Montes regresó a Estados Unidos el 19 de febrero y se entregó a las autoridades, dice la demanda. De nuevo se le pidió firmar unos documentos, y de nuevo se le negaron copias y se le envió a México.
La policía fronteriza dijo que Montes fue arrestado cuando trataba de subirse a una cerca fronteriza en Calexico, y que admitió bajo juramento que entró a Estados Unidos ilegalmente.
Montes está actualmente en México, con la esperanza de poder volver a Estados Unidos.
«Se me expulsó a la fuerza porque yo estaba nervioso y yo no sabía qué hacer ni qué decir, pero este es mi país», dijo Montes en una declaración difundida por sus abogados. «Extraño mi empleo, extraño mi escuela. Y quiero seguir trabajando para conseguir mejores oportunidades. Pero más que nada, extraño a mi familia, y albergo la esperanza de que podré regresar para poder estar con ellos otra vez».
El pleito exige que se hagan públicos los documentos que expliquen por qué Montes fue deportado a México, y denuncia violaciones del Acta de Libertad de Información. Dice que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y los Servicios de Inmigración y Ciudadanía, que manejan el programa DACA, se negaron a dar la información solicitada.
«Juan Manuel fue expulsado al otro lado de la frontera sin siquiera un pedazo de papel que explique por qué ni cómo», declaró Nora Preciado, abogada del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, que está representado a Montes. «El gobierno no debe tratar a nadie de esta manera, mucho menos a alguien protegido por el DACA. Nadie debería tener que presentar una demanda para averiguar qué le ocurrió».
El gobierno ha emitido casi 800 mil permisos de DACA desde que Obama introdujo el programa en el 2012, y casi 700 mil de ellos han sido renovados.
