Enel sufrió revés legal al tratar de vender electricidad de autoabasto


Contratos con empresas eléctricas están hipotecando el futuro, la riqueza histórica y cultural, así como el paisaje de pueblos españoles a cambio de migajas, reclamo de activistas ecológicos. Foto 'La Jornada'

Alejandro Alegría / La Jornada

A pesar de que las centrales privadas generadoras de energía que se encuentran bajo el esquema de autoabasto tienen prohibido vender electricidad, firmas como Enel Green Power recurrieron a medidas legales para hacerlo, de acuerdo con resoluciones de amparos que interpuso la firma transnacional.

Entre 2013 y 2016, la empresa –que posee dos centrales de autoabastecimiento, las cuales tienen 13 mil 666 socios-clientes, entre los que se encuentran Oxxo, Danone, Citibanamex y HSBC, entre otros– interpuso recursos en distintos tribunales e incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hiciera la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) por 191 millones 117 mil pesos, por un periodo comprendido entre junio y diciembre de 2012, antes de que se aprobara la reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La resolución del amparo directo en revisión se dio el 16 de noviembre de 2016. El fallo señala que la queja interpuesta por Enel Green Power a través de la empresa Stipa Nayaa –parque eólico que se encuentra en Oaxaca– fue desechado y dejó en claro que bajo el esquema de generación de autoabasto no era posible vender o enajenar la energía que produce.

La firma consideraba que le resultaba acreditable el IVA por concepto de importación de bienes y al impuesto que le fue trasladado por la prestación de servicios y adquisición de bienes, para la construcción del parque eólico.

La firma de capital italiano señaló que sí procedía realizar la venta de energía eléctrica porque la prohibición consignada en su permiso de generación de autoabasto no operaba respecto de sus socios.

Incluso señaló que la contraprestación que cobraba a sus socios por la energía eléctrica era una operación lícita y autorizada por la autoridad energética, lo que constituía una prestación de servicios.

Por ello, solicitó por vía electrónica la devolución del impuesto, petición que le fue negada por el administrador local de LA Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal.

Ante la negativa, Stipa Nayaa interpuso un recurso de revocación ante la autoridad fiscal, que le fue negado en marzo de 2013. En mayo de ese año promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la Ciudad de México.

En junio de 2013 la décima primera sala regional metropolitana admitió a trámite la demanda de nulidad, pero en octubre de 2014 la sala superior reconoció la validez de la resolución emitida por las autoridades fiscales.

Los tribunales resolvieron que eran inoperantes los conceptos de violación planteados por la empresa, pues las condiciones 3 y 21 del título de autoabastecimiento indican que la energía que genere no puede venderse, revenderse o enajenarse, pues es para autoconsumo, por lo que no es aplicable la devolución del IVA.

El fallo de la segunda sala determinó que solicitar una contraprestación económica a sus socios por el suministro de electricidad, constituye venta de energía, algo que no permite el permiso de autoabastecimiento y que incluso está prohibido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

El Poder Judicial determinó que “el autoconsumo tiene como finalidad relevar al servicio público de la carga de sus consumos de electricidad” e incluso que implique ahorros en los costos de acceso a la electricidad al permisionario.

Los tribunales desestimaron los argumentos de la firma generadora, a pesar de que intentó señalar que “no había resuelto debidamente el litigio”.

Tanto la Secretaría de Energía como la Comisión Federal de Electricidad han señalado que este esquema incurre en un mercado paralelo, pues se vende la energía de los generadores privados a sus socios y hacen uso de las líneas de transmisión sin pagar.

Energía eólica en España derrama el triple de riqueza que en México

Armando G. Tejeda, corresponsal

Madrid. La energía eólica en España está en auge desde hace al menos dos décadas, cuando inició una expansión sin tregua en la mayoría de los pueblos del país, a los que se convenció con el eslogan de que con la llegada de esos molinos de viento del siglo XXI también vendría más inversión pública, más puestos de trabajo, más riqueza para el pueblo y, sobre todo, más población. La realidad 20 años después es distinta.

Lejos de ese caudal de dinero que se prometió, se calcula que las empresas eléctricas que invierten en esos parajes solitarios destinan entre 3 y 5 por ciento de sus beneficios a los pueblos en los que se asientan. Monto que si bien es poco si se compara con otros países europeos, como Francia, donde llega a más de 25 por ciento, o Alemania, con 30 por ciento, es más del triple de lo que se paga a los campesinos en México (véase el reportaje de La Jornada del pasado 20 de febrero, https://www.jornada.com.mx/2022/02/20/economia/015n1eco).

El auge de la llamada “economía verde” provoca un cambio radical en la generación de energía en el mundo. Se buscan modelos que generen menos dióxido de carbono, que su proceso sea más limpio, en equilibrio con el medio ambiente y que su dependencia, de cara al futuro, sea más con lo que genera la naturaleza de forma espontánea, como el viento o la luz solar, que con los procesos industriales basados en carbono o hidrocarburos.

Es un cambio de paradigma que también está provocando una alteración radical en el paisaje y en los usos y costumbres de millones de pueblos en el mundo, que de un día para otro ven cómo sus montañas o sus praderas son invadidas por inmensas torres de generación de energía eólica o de miles de placas solares que sustituyen a los campos de trigo o de girasol.

Ese cambio llegó con un mensaje a favor del medio ambiente, pero también con una promesa de que las grandes corporaciones eléctricas que depositarían en esos parajes sus motores y artefactos también derrocharían millones de euros en sus pueblos mediante impuestos, generación de puestos de trabajo e inversión en proyectos agroindustriales.

Con datos oficiales del Ministerio de Economía y de la vicepresidencia de la Transición Ecológica, se calcula que las grandes empresas eléctricas en España únicamente destinan entre 3 y 5 por ciento de sus beneficios en los pueblos en los que se asientan, sin crear un fondo de desarrollo estructural y a largo plazo como existe en otras regiones de Europa, como en Francia, donde todas las cargas impositivas pueden llegar a representar hasta 25 por ciento de los beneficios, o en Dinamarca y Alemania, donde se dispara hasta 30 por ciento.

Las cinco grandes multinacionales de energía en España, Iberdrola, Enel Green Power (Endesa), Naturgy, EDP y Acciona, controlan 60 por ciento de la potencia eólica en España. Con una capacidad instalada total de 27 mil 982 megavatios (MW), Ibedrola es la mayor operadora con 6 mil 269 MW, a los que hay que sumar mil 429 de energía solar. Enel, por su parte, opera 2 mil 602 MW de eólica y 874 de solar, mientras que Naturgy tiene mil 700 MW de eólica y 259 de solar.

Según datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), España cuenta con mil 267 parques eólicos en más de 800 municipios, unas cifras que avalan la potencia de 27 mil MW producidos en estas megaconstrucciones que ya representan casi 22 por ciento de la electricidad consumida en el país y que crecerá en los próximos años, al tener la meta de llegar a 2030 con 50 gigavatios (GW), o lo que es lo mismo, 50 mil MW, es decir, casi el doble que lo que se genera actualmente.

Además, la energía eólica está presente en casi la totalidad de las comunidades autónomas, aunque el número de instalaciones activas es especialmente sensible en Castilla y León (257 parques). Y es precisamente ahí, y en la provincia de Teruel, con molinos que superan los 180 metros, donde también se denuncian cada vez con más fuerza los escasos beneficios para los pueblos y los casos de corrupción que han brotado a su alrededor, lo cual ha provocado movimientos contestarios que se han reproducido en otras comunidades y regiones, como Cantabria, Navarra, Aragón y Cataluña.

Elena, una vocera y activista del medio ambiente de Burgos, explicó a La Jornada sus reticencias: “Llevamos 20 años de energía eólica en los que ha planeado la sombra de la corrupción, y ahora nos encontramos con nuevos proyectos y la modificación de los anteriores, que se sitúan en áreas protegidas para las aves y el medio ambiente, pero sobre todo porque se está hipotecando el futuro, la riqueza histórica y cultural, así como el paisaje de nuestros pueblos a cambio de migajas”, afirmó.

Iberdrola, foco de corrupción

Una de las razones por las que mucha gente de los pueblos de España empieza a ver con cautela esos megaproyectos de energía eólica es precisamente por los casos de corrupción, abuso de poder, nepotismo y tráfico de influencia que han brotado a su alrededor. Y casi siempre, en el centro de esas operaciones presuntamente ilegales está la empresa eléctrica dominante en España, Iberdrola, que cada vez acumula más procesos judiciales abiertos en su contra por sus prácticas empresariales, que van desde el espionaje ilegal a competidores, políticos, periodistas y defensores del medio ambiente hasta la manipulación de los precios de la luz a través del vaciado intencionado de los pantanos.

Uno de los casos más escandalosos fue el que ocurrió en la localidad de Bárcenas, un proyecto por el que la justicia investiga el pago de hasta 110 millones de euros (2 mil 640 millones de pesos) de “mordida” a los responsables públicos de la Junta de Castilla y León, del derechista Partido Popular. Pero se calcula que es sólo la mitad del dinero utilizado para comprar voluntades de la clase política para aprobar los proyectos que posteriormente se desarrollan en los pueblos, sin que sus habitantes lo sepan en la mayoría de los casos.

Otro caso paradigmático de la expansión de la energía eólica en España es la del pueblo de Matarraña, con menos de 8 mil habitantes, en Teruel, donde hay un parque con 84 molinos de 200 metros. Jesún Villamón, responsable de Energía y Medio Ambiente del partido político regional Terual Existe, explicó que “el modelo de los grandes proyectos eólicos es especulativo. Las energías renovables ya se han convertido en el pelotazo del siglo XXI”. Y, ojo, que nosotros no nos oponemos a las renovables, pero lo que habría que fomentar es el autoconsumo. Ahora mismo, en la provincia, con los proyectos planificados se prevé generar tanta energía como la que históricamente han producido las 10 centrales nucleares de España. Y eso es claramente una invasión, una colonización, un arrase”, afirmó.

Villamón añadió: “Las centrales eólicas está demostrado que no generan puestos, porque con una persona puedes llevar hasta 15 parques. Y se calcula que sólo 3 por ciento de los beneficios que generan los molinos se queda en el territorio; 2 por ciento en impuestos para el Ayuntamiento y el uno por ciento para el propietario. Es decir, un negocio redondo para las empresas eléctricas y un desastre para nuestros pueblos”. (https://bit.ly/3tdnHsh)