El diluvio: País de muertos, país de vivos


Rafael Cardona

Si existieran noticias macabras, éstas relacionadas  con las inhumaciones clandestinas o las fosas comunes no declaradas así desde un principio, serían posiblemente las ganadoras de la mejor clasificación, porque resulta verdaderamente increíble hablar en este país se hable de tantos miles de desaparecidos y de pronto en una fosa aparezcan 116 cuerpos de personas por nadie reclamadas, o cuyos reclamos no coincidieron con esos cuerpos en esos momentos, y la manera como se pueden mezclar unas cosas con otras.

Yo estoy de acuerdo en la legítima preocupación de todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos por encontrar a los miles de desaparecidos en este país, pero la gente en un país tan raro y tan diverso como éste puede desaparecer por miles de razones, o por muchas razones, para no exagerar.

Yo tuve información hace un tiempo de que el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México hablaba de entre seis y ocho personas ahí recibidas, sin identidad ni forma de identificarlos.

Nadie sabe nunca quiénes son. Personas atropelladas, muertos como indigentes en las calles, personas ignoradas sin ningún registro de huellas dactilares, gente incógnita de la cual  no se sabe cómo llegó a la ciudad ni  tampoco cómo se fue; permanecen un tiempo en el forense y después los echan al basurero común como un despojo orgánico.

Es una parte muy triste de la inhumana condición de un país en donde esto ocurrido en Tetelcingo, según dice el fiscal de Morelos, de manera regular, porque había protocolos de investigación, porque había carpetas de investigación, porque había antecedentes, porque había permisos municipales de inhumación. Recordemos, los panteones en este país dependen de la autoridad municipal.

Entonces, resulta absolutamente grotesco usar estos hallazgos para la fabricación de evidencias sobre falsas evidencias.

Como dice el rector Alejandro Vera, pueden estarse escondiendo crímenes de lesa humanidad, ¿cuál sería uno de ellos?, obviamente la desaparición forzada. Y eso nos lleva automáticamente a enlazar el fenómeno de Morelos con el fenómeno de Iguala, o mejor dicho, de Cocula.

Yo no sé si hay una deliberada intención en fraternizar estos asuntos, en hacerlos parecer como si tuvieran un origen similar, y como si todo lo que ocurre en las muchas fosas encontradas  en el estado de Guerrero y algunas otras en Morelos, como se suponen en Jojutla, tienen relación inevitable con una fosa común, llamémosle así y entre comillas si se quiere, regularizada por la acción de una autoridad pública.

El panteón de Tetelcingo no es un terreno baldío, dice el procurador; se usó como fosa común de acuerdo con el municipio y con el propietario del predio.

Entonces no estamos viendo ahí lo que podría ser una disposición final de los desaparecidos, la sepultura de las evidencias de secuestros cometidos o por el crimen organizado, cosa no sabida, pero tampoco producto de la desaparición forzada de todas esas personas sobre cuyo paradero no hay investigaciones abiertas.

¿Cómo se pueden comparar los 89 perfiles genéticos que dice tener en sus manos la Fiscalía?; ¿con quién los van a comparar?, ¿con los de Ayotzinapa?

En este país no hay un registro nacional genético, hay un Registro Civil y a veces no funciona correctamente, hay miles de personas sin  identidad jurídica, y muchas de esas personas son como aquellas del forense, no se sabe quiénes son.

Hay decenas de fantasmas deambulando por nuestras calles y por las veredas de los pueblos de México, y esto no nos debe llevar a otro pensamiento: cuánto del mundo primitivo todavía nos toca en los días de hoy, en el cual las cosas aparentemente normales como una fosa común, que es adonde van a dar los despojos de las personas que no tienen familia, que no tienen casa, que no tienen identidad, nos parecen tan comunes como si nada.

¿Cuántos de estos se pueden usar para encubrir otros delitos, delitos de Estado o delitos del orden común?

Hace un tiempo, cuando se estaba buscando a los estudiantes de Ayotzinapa, empezaron a buscarlos a ellos y empezaron a encontrar los cuerpos de muchos más que ellos a quienes nadie buscaba.

En aquella ocasión, yo recuerdo al sacerdote Alejandro Solalinde quien dijo: «al paso que vamos, este país se va a convertir en una gigantesca fosa común».

¿Qué es lo que tenemos?, tenemos un país tumba, tenemos un país sepultura, tenemos un país de fosas inquietas, para usar la frase aquella de Cyril Connolly y de su ensayo «The unquiet grave», «La tumba sin reposo».

¿Cuántos miles de mexicanos conocidos, desconocidos, abducidos, secuestrados, o forzosamente desaparecidos, están debajo de la tierra que pisamos y no los vemos?

Y vamos en ese caminar de ciegos, marchando por encima de un ejército de muertos escondidos.

¡Qué país, qué país!, sólo nos falta como guía para  todo este misterio la lectura de  «Pedro Páramo», donde los muertos no están muertos.

 

 EN QUIEBRA LA CIDH

Bien podría figurar este asunto en los anales de las grandes desgracias humanas contemporáneas.

Es como si de pronto se hubiera desgajado un cerro del tamaño del monte Everest y cubriera de hielo y tierra a miles de personas; como si hubieran desaparecido los Santos Lugares, como si se hundiera Venecia en el mar o se cayera hasta el fondo la Estatua de la Libertad o la libertad misma. Mire usted la dimensión de la tragedia. Bueno, el Holocausto judío, la bomba de Hiroshima, la explosión de Chernobyl o la historia esclava de África son poca cosa junto a esto:

La Comisión  Interamericana de los Derechos Humanos, dependiente la Organización de Estados Americanos, está en la quiebra. Va a despedir a muchos empleados suyos (ojalá encuentren buenos abogados para recibir indemnizaciones conforme a la ley) y todo eso se debe a la avaricia del gobierno mexicano.

El horrible gobierno mexicano cuyas arcas a pesar de haberse abierto como regularmente se hace para cumplir con sus compromisos ante los organismos internacionales, no desea soltar la talega para cubrir los gastos del “relator” especial Mr. Cavallaro, cuya gestión al frente de un “mecanismo” de seguimiento, consistiría en venir a México, por lo menos una vez al mes, para continuar el trabajo de los otros empleados de la CIDH, los infalibles, incorruptibles e intocables, miembros del equipo internacional de expertos a quienes el gobierno de este país les pagó puntualmente sus servicios de “coadyuvancia”.

Esto ha publicado el binomo Cavallaro-Alvarez Icaza. Aquí vale precisar algo, por si usted no lo tiene claro: el secretario de esa bienhechora comisión de la OEA; es el mexicano, Emilio Álvarez Icaza, cuya táctica pasará a la historia continental como la del administrador bajo cuya responsabilidad se presentó la quiebra. O el amago de quiebra.

“Washington, D.C., (CIDH).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atraviesa una crisis financiera extrema que tendrá graves consecuencias en su capacidad para cumplir con su mandato y funciones básicas.

“La Comisión lamenta profundamente tener que informar que el 31 de julio de 2016 se vencen los contratos del 40% del personal y no se cuenta en estos momentos con los fondos, ni con la expectativa de recibir fondos, para poder renovarlos (los contratos; no los fondos, supongo).

“Asimismo, la Comisión informa con profundo pesar que se ha visto obligada a suspender la realización de las visitas previstas para este año, así como de los Períodos de Sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre.

“Resulta alarmante para la CIDH el hecho de que esta situación resultará en el desmantelamiento de áreas esenciales en el cumplimiento de su mandato.

“La CIDH expresa su profunda aflicción ante las víctimas, los peticionarios y las organizaciones de la sociedad civil que tenían planificado participar en audiencias, reuniones de trabajo y otros espacios previstos para las sesiones de octubre (Dios, mío, pobrecitos, quién podrá ahora ayudarlos si hasta el Chapulín Colorado ha muerto).

“Asimismo, la CIDH expresa su extrema preocupación porque la suspensión de las sesiones tiene un impacto directo en la capacidad de la Comisión de avanzar en el procesamiento de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, ya que es en dichas sesiones cuando los Comisionados y las Comisionadas analizan, debaten y aprueban informes sobre peticiones y casos.

“Resulta igualmente perturbador el estado de indefensión en que quedarán miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Será inevitable que el retraso procesal que se estaba intentando reducir vuelva a aumentar y llegue a un punto incompatible con el derecho de acceso a la justicia (esto ya parece el Apocalipsis según San Emilio).

“Asimismo, la CIDH lamenta profundamente estar enfrentada a un escenario inminente de perder a valiosos/as funcionarios/as que han trabajado de manera infatigable en favor de los (/as) derechos (/as) de las víctimas en esa extraña redacción debieron poner/os) , entregados/as a la causa de los derechos humanos(/as) con responsabilidad y dedicación”.

Pero entre tantos lamentos, frente a los cuáles Jeremías resulta un pobre pendejo bíblico, sobresale una mentira de James Cavallaro: México no ha cubierto sus cuotas. Falso de toda falsedad.

México no le entrega dinero a la CIDH; se lo paga (como una contribución habitual) a la Organización de los Estados Americanos.  Y de ahí se le deriva a una comisión interna. Y lo ha venido haciendo con puntualidad.

Pero la soberbia es mala consejera, tanto como la codicia. Los hace actuar como los viejos “acridios” de la prensa, si no me pagas, te pego.

Y si me pagas, también. Son unos vulgares chantajistas.