Rafael Cardona
Mientras los habitantes de la Ciudad de México –no tienen auto, pero van a tener Constitución ( le podrán poner rueditas)– sufren por la suciedad del aire y la imprevisión acumulada de tantos gobiernos en los últimos 30 años, el asunto de Cocula e Iguala comienza a perder el apoyo de los “expertos” internacionales contratados por la OEA, subsidiados por México y necesarios para untárselos al queso.
Estos son algunos textos alusivos a esos casos. Vea usted:
“No, no tardó mucho.
Apenas se había terminado de divulgar el mensaje del gobierno mexicano en cuanto a la conclusión de la segunda etapa de trabajo de los especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (CIDH), cuando el señor James L. Cavallaro, presidente de esa honorable comisión continental, se prende a la ubre y clama: no nos pueden hacer esto.
E insiste (Proceso):
“…No es decisión del señor Osorio Chong, secretario de Gobernación dar por terminada la participación del GIEI en el Caso Ayotzinapa… el acuerdo (de colaboración y coadyuvancia) dice que la comisión puede decidir si renueva o no la prórroga de participación… desgraciadamente parece que los medios de comunicación de México están engañados y han aceptado ese discurso. Lo publican tal cual (¿quería verlo con alteraciones?) . He leído: No se va a renovar. No esa es su opinión, es su insumo…”
Pues será el insumo pontífice si Don Cavallaro quiere, pero hay algo muy claro en el convenio (18.11.14):
“…El mandato del grupo interdisciplinario será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario (¿cuánto?) para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes. Lo anterior significa un convenio, un acuerdo derivado de una consulta”. Como quien dice hasta para bailar el tango se necesitan dos. Dos voluntades.
Y argumenta como todo buen vendedor:
“…Antes de recibir el informe del GIEI el gobierno de México ya no quiere que siga”. Eso es falso, el gobierno mexicano recuerda los plazos pactados y aún queda un mes para entregar el informe más de morado de la historia.
Sigue:
“…..¿Por qué? Debería por lo menos escuchar lo que van a decir los expertos. Fue el Estado mexicano el que solicitó que se creara el GIEI; lo ha financiado. Es interesante y muy curioso que ya no quiera que continúe colaborando…”
Pues quizá en este párrafo se escondan las razones verdaderas fe tanta indignación caballeresca. El financiamiento. Perder un contrato de varios millones de dólares de la noche a la mañana, le duela a cualquiera. No se escucha decir, el GIEI está dispuesto a trabajar “pro bono” por todo el tiempo cuanto se requiera hasta lograr los fines invocados, en cuyo desempeño no se ha notado avance mayor en los últimos meses.
Pero eso sería defender los Derechos Humanos sin ninguna retribución y las cosas ya no son así en ninguna parte del mundo. Menos en la OEA. Tampoco somos Gandhi.
Y si usted no leyó las declaraciones del secretario de Gobernación, pues así las divulgó la prensa:
“…(EOL) Los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso Ayotzinapa acabarán en abril y no habrá prórroga, aseguró la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la dependencia, dijo que al grupo de expertos sólo le queda un mes más en el que deberá dar a conocer las conclusiones de su labor sobre los normalistas desaparecidos en Guerrero.
“Hasta el momento, no ha habido una línea de investigación diferente a la de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo Osorio Chong en entrevista radiofónica.
“El secretario de Gobernación recordó que fueron los propios miembros de ese organismo, adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes manifestaron que requerían cuatro meses más para terminar su trabajo.
“Sin embargo, en concordancia con organizaciones no gubernamentales y abogados de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, se acordó dar al GIEI no cuatro, sino seis meses más.
“El 2 de octubre pasado, “Excélsior” informó que México destinaría dos millones de dólares para financiar la estancia del GIEI…
“…El 7 de marzo, el presidente Enrique Peña Nieto anunció en entrevista con “Excélsior” que el gobierno federal no prorrogará la estancia de los integrantes del GIEI, lo que confirmó ayer la Segob”.
Y poco después:
A principios de semana esta columna estuvo dedicada a las amenazas del señor James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de los derechos Humanos, quien puso el grito en el cielo con pretexto de la información anticipada del grupo especializado en asuntos de fuego e incendios, cuyos resultados (dados a conocer por la PGR) hicieron ceniza la postura de sus representantes del GIEI.
El lamento (y la mentada) fue la decisión unilateral de dar a conocer el documento, como si hacerlo de común acuerdo (como exigían) hubiera cambiado su contenido.
Fue un pretexto contra una tesis contraria a la suya. El ardor por la presencia pericial de un fuego inexistente según ellos)
Pero la verdadera razón de sus quejas no fue la anticipación, ni siquiera el contenido divergente; mucho menos la invocada campaña en su contra “orquestada” (sin pruebas) por el gobierno federal; no, la verdadera causa era el temor de perder un contrato de varios millones de dólares cuya ampliación hasta el infinito resultaría un buen negocio para quienes cobran por descalificar el trabajo de otros; enconar las posiciones entre víctimas y autoridades y convertir un asunto de Derechos Humanos en una materia de Derechos Económicos (los suyos) y políticos (los de los abogados paternos).
Un par de días después de esa furiosa reacción en la cual Cavallaro desautorizaba al gobierno de México para actuar como quiera una vez agotado el segundo plazo de sus expertos para llegar al alguna conclusión (criticar las conclusiones de otros no es investigar), los indignados expertos, ofendidos por la unilateralidad de un anunció (el tercer peritaje del caso Iguala), decidieron unilateralmente (ellos sí), ofrecerle al mundo el cordero sacrificado de su abandono.
–Ya no seguimos, decía Ángela Buitrago con las mejillas encarnadas. Estaba furiosa, como estaban “harto mohinos” también Francisco Cox, Claudia Paz y Paz y el resto de los peritos.
–¡Ay! Tu.
Por eso el gobierno mexicano respondió la tarde de ayer a través del vocero presidencial, Eduardo Sánchez quien dijo:
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes acaba el 30 de abril y se acaba el 30 de abril. México no ha roto con ellos. Pero ellos si (esto no dice E.S. , lo digo yo)
Y el tiempo también, diría cualquiera.
En ese mismo sentido se pronunció Ana Paola Barbosa, jefa de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien recordó el plazo de conclusión del “mandato” de los extranjeros.
Y quizá les debió recordar a los indignados y también a sus acólitos (políticamente correctos y bien portados en la subordinación interesada hacia la OEA y la CIDH), lo único malo de los plazos: se cumplen… y siempre llegan.
Esto significa algo muy simple: se acabó cuanto se daba y cada mochuelo a su olivo, cada chango a su mecate y si los “expertos” quieren quedarse en México, pues será fuera del trato diplomático, sin inmunidad y sin dinero.
Quizá los “boteadores” de la Caseta de Palo Blanco los puedan seguir manteniendo aquí.
RESTRICCIÓN GENERALIZADA
Le llamaremos a esta restricción generalizada; no universal porque el universo serían todos los vehículos y uno una parte, por grande como sea, de todos los automóviles y de todos los motores en circulación en la ciudad, pero es universal porque crea su propio universo, y todos quienes tienen las placas con la correspondiente calcomanía color de rosa, pues esos no pueden circular, sin importar el holograma que previamente a la contingencia y la crisis por la que está pasando la ciudad, hubieran tenido con la prerrogativa que tenían de poderlo hacer, si eran doble cero, si eran cero, si…cualquier cosa.
Hoy los rabudos y los colones se quejan por parejo.
Hoy se acaban estas definiciones, y durante este lapso anunciado, pues no podrán circular los automóviles tampoco los sábados.
Todo eso ya lo sabemos.