Georgina Saldierna y Enrique Méndez / La Jornada
Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó ayer un acuerdo para interpretar los alcances de la veda electoral y definir que no se considerará propaganda gubernamental durante las campañas y la consulta de revocación de mandato, las opiniones de funcionarios, incluido el Presidente, y acotar así las disposiciones que en la materia ha impuesto el Instituto Nacional Electoral (INE).
El titular de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo (Morena), anunció que con este paso “se está iniciando un proceso de reforma electoral, que vamos a tardar en culminar”, pero anticipó que no se buscará desaparecer al INE, sino regularlo para que no sobrepase sus facultades.
Al final de una discusión de más de cuatro horas, durante la cual otra vez abundaron insultos y descalificaciones entre todas las fuerzas políticas, Robledo consideró que deben conservarse tres órganos constitucionales autónomos: “El Banco de México, que cuenta el dinero; el Instituto Nacional de Estadística, que cuenta a la gente, y el INE, que cuenta los votos”.
Expuso que las decisiones de los magistrados electorales y los consejeros electorales, que limitan la libertad de expresión, llevaron a proponer el decreto. Resaltó que en México se ha ido del extremo de permitir todo a los presidentes, a impedirles opinar en tiempos electorales, y sobre el alcance político del decreto, admitió: “Es el Presidente el que está en el centro del debate por esa forma que tiene de contestar y de difundir su trabajo, que no gusta a muchos. Y así como no paga propaganda gubernamental para que los medios le estén haciendo apología, así tiene un medio para dar su versión y su opinión. Eso es lo que provoca de fondo esta discusión, lo reconocemos. De lo que se trata es no ir al extremo”.
Debido a que la revocación y el proceso para elegir gobernadores en seis estados ya iniciaron, constitucional y legalmente la Cámara está impedida a realizar modificaciones al marco legal electoral.
Por ello Morena recurrió a la figura de un decreto para “interpretar el alcance” de la prohibición que establecen la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Revocación de Mandato, en materia de propaganda gubernamental.
En esa interpretación, sólo se considerará propaganda la que sea pagada con fondos públicos. Además, los integrantes de Morena afirmaron que se busca impedir una mordaza por parte del INE a las opiniones que, como legisladores, han presentado en las asambleas informativas de la iniciativa de reforma en materia eléctrica. Casi 60 diputados de la bancada guinda enfrentan un proceso sancionador por ello.
Así, en el acuerdo quedó explícito que las sanciones no podrán aplicarse supletoriamente a partir del reglamento de quejas del INE, sino “bajo el principio de estricto derecho”.
El resultado de los votos reflejó de nuevo la división en dos bloques, en la Cámara: 267 en favor (Morena, PT y PVEM) y 210 en contra (PAN, PRI, PRD y MC) y cero abstenciones.
La oposición anticipó que, si el decreto es avalado por el Senado adonde se turnó, interpondrá una controversia constitucional, no sólo porque no se cumplieron los trámites parlamentarios, sino porque –expuso Marcela Guerra (PRI)– la Constitución sí otorga al Congreso la facultad de interpretar leyes vigentes, “pero no para cambiarla, que es el caso con este decretazo, para beneficiar al Ejecutivo”.
Como es usual, la panista Teresa Castell encendió a las filas de Morena, a quienes endilgó una frase que fue considerada racista: “Ay, mis morenitos trampositos. Ustedes son unos parásitos, llegaron a este recinto por la fama de López y son esclavos de un resentido, enfermo de poder”.
Votado el decreto, el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), celebró con los puños en alto la aprobación del acuerdo, que él mismo presentó y defendió. El panista Humberto Aguilar Coronado remachó: “No, no son iguales, son peores. En vez de buscar la unidad de esta Cámara, Gutiérrez Luna se cree el actor principal de La ley de Herodes”.