José Woldenberg/Reforma
Representantes de las organizaciones que hace un mes y medio dieron a conocer un Pronunciamiento titulado «Nuevas políticas económicas y sociales frente a la desigualdad y la pobreza», ahora se entrevistaron con un grupo de diputados a los que entregaron un documento que vale la pena comentar. El encuentro se dio en el marco de la discusión del Presupuesto y hay que insistir que los temas que escinden al país no deben (porque sí pueden) seguir siendo observados como unas asignaturas más, sino como el núcleo duro que distorsiona nuestra convivencia.
La discusión sobre el Presupuesto se da en un contexto delicado. Por primera vez en 20 años las erogaciones estatales sufrirán un recorte y los ponentes insisten, con razón, que en el centro hay que colocar los temas de la desigualdad y la pobreza porque «son la fuente de la que emanan muchos otros lastres y deformaciones». Por ello, para abrirle paso a la «agenda de la justicia», ponen sobre la mesa seis iniciativas: 1) «Establecer la obligación de que los programas sociales transparenten el destino y aplicación de los recursos en el formato de datos abiertos», para lo cual es necesario crear «el padrón único de transferencias en efectivo y en especie», 2) Acelerar el paso para «desindexar» el salario mínimo (falta que los diputados aprueben la minuta del Senado y que los Congresos locales hagan lo propio), «de modo tal que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en diciembre, no tenga excusa para iniciar el proceso de recuperación salarial», 3) Contra las pretensiones de la Secretaría de Hacienda de utilizar «las ganancias cambiarias del Banco de México» en el pago anticipado de la deuda, aprovechar esos recursos para la inversión en infraestructura productiva, educación y salud, 4) Recortar los privilegios a los actores políticos, estableciendo una nueva fórmula constitucional para calcular el monto de los recursos anuales para los partidos y prohibir «pagos extraordinarios de cualquier índole a los mandos superiores» de la administración pública, 5) Invertir para garantizar el derecho a la salud. La cobertura universal «debió cumplirse en 2010», pero millones de mexicanos no tienen acceso a ella, y 6) «Concluir el ciclo de reformas destinadas a combatir la corrupción», subrayando la rendición de cuentas y la más absoluta transparencia.
Los planteamientos tienen una enorme ventaja, más allá de ser pertinentes: el Poder Legislativo puede hacerlos suyos y empezar una espiral virtuosa. No se trata de iniciativas para cuando X o Y asuma el «poder», sino para iniciar, desde hoy, una ruta que permita dar los primeros pasos en la construcción de un México cohesionado, disminuyendo el número de ciudadanos excluidos.
El documento tiene, sin embargo, una omisión importante y «curiosa». No hay una sola palabra sobre el aporte que los más ricos tienen que hacer en el combate a la pobreza y la desigualdad. Lo que se reclama del Estado (racionalidad, eficiencia, acción legislativa, inversión, reducir privilegios, ampliar el ejercicio de los derechos a los ciudadanos y combatir la corrupción), parece fundamental y debería servir para construir la confluencia de diversas corrientes políticas y sociales. Es una plataforma convincente y acertada. ¿Pero hablando de desigualdades no sería necesario que por la vía impositiva los que más tienen (tenemos) aportaran más? ¿No es esa una de las piedras de toque para edificar una sociedad menos polarizada?
Y además planteo una objeción sobre un punto específico. Se sugiere una fórmula para reducir el financiamiento a los partidos. En lugar de multiplicar un porcentaje del salario mínimo (65%) por el número de inscritos en el padrón, ahora se multiplicaría la nueva unidad de medición por «los votos válidos emitidos» en la última elección federal. Me parece un craso error. Si se quiere rebajar el financiamiento público a los partidos hay muchas vías para hacerlo y se puede decir de manera abierta y contundente. Pero ligarlo al número de votos válidos es un estímulo innecesario para los abstencionistas y «anulistas». Quienes eso proponen dicen, con un alto grado de optimismo ingenuo, que con ello se «generarán incentivos a los partidos en su conjunto para convencer a los electores de ejercer su derecho y reducir el abstencionismo». ¿Será? ¿No más bien se está construyendo una plataforma eficiente para la retórica antipolítica? Ya escucho la propaganda: «Ciudadano: no acudes a las urnas, así los partidos recibirán menos dinero». Un soberano autogol.
