Corrupción gubernamental imposibilita atención eficaz de las emergencias.
Mayoría de desastres naturales son provocados por huracanes, sequías, sismos, incendios forestales y la actividad volcánica, revela la Agenda Nacional de Riesgos
Incumple Conagua con mantenimiento de unidades asignadas para atender desastres.
Érika Ramírez
Huracanes, sequía, sismos, incendios forestales y la actividad volcánica ponen en jaque al Estado que, por corrupción y “vulnerabilidades sistemáticas”, se encuentra limitado para atender emergencias por desastres naturales, así lo revela la versión 2013 de la Agenda Nacional de Riesgos, documento confidencial bajo custodia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
El documento, al que Contralínea tuvo acceso, dedica un apartado a las contingencias: “Limitación para la Atención a Desastres Naturales”. Evidencia las vulnerabilidades de la administración de Enrique Peña Nieto, así como las estatales y municipales, para hacer frente a estas contingencias.
Los riesgos se encuentran en los rangos “alto” y “medio” del parámetro de inteligencia, en ellos se muestran las incapacidades y deficiencias:
- Acciones limitadas de los gobiernos federales, estatales y municipales para afrontar las contingencias.
- Uso político de autoridades estatales y municipales en la distribución de recursos del fondo de desastres.
- Déficit de la oferta de gas natural seco por un exceso de demanda diaria que rebasa las inyecciones al Sistema Nacional de Gasoductos.
- Insuficientes instrumentos de transferencia de riesgos para atender desastres de muy alta magnitud.
- Incremento en el número de magnitud de los fenómenos naturales como consecuencia del cambio climático.
- Deficiente regulación del uso de suelo y del desarrollo urbano que genere la multiplicación de asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo.
- Limitados recursos humanos, técnicos y económicos para atender emergencias.
LOS ESCENARIOS
El informe del Cisen plantea los tres escenarios de riesgo analizados por el aparato de inteligencia del país; éstos recaen sobre las finanzas públicas, la economía nacional y la inconformidad social.
Respecto de las finanzas, el análisis advierte de un “colapso fiscal” ante desastres de origen natural de “gran magnitud”; lo anterior, debido a que se ejerce presión sobre las finanzas estatales por “contribuciones al Fonden [Fondo Nacional de Desastres Naturales] y gastos de reconstrucción”.
En segunda instancia, se encuentran las afectaciones a la economía “que impiden el crecimiento [e] incluso generan retrocesos e interrupción de los flujos de bienes y servicios y personas a causa de medidas preventivas coyunturales”.
La inconformidad social es el tercer escenario de riesgo que analiza el documento bajo resguardo del Cisen, pues ésta se podría dar en zonas afectadas, debido al incremento de enfermedades, decesos y pérdida de patrimonio. También, la incomunicación y desatención de necesidades primarias de la población y migración forzada; así como pobreza, desigualdad y violación de derechos humanos, ocurridos después de un desastre.
Alejandra D’Hyver, coordinadora de Reducción de Riesgos de Desastres de Oxfam México, dice en entrevista que México es un país que por su ubicación geográfica (entre dos océanos y cinco placas tectónicas) está expuesto a diversas amenazas de origen natural, principalmente hidrometeorológicas, geofísicas y geológicas; es decir, ciclones tropicales, lluvias, sequía, erupciones volcánicas.
Estos fenómenos se han incrementado en frecuencia e intensidad por el cambio climático, explica, “pero vemos que las vulnerabilidades que tiene la población frente a estas amenazas se construyen de diferentes formas; por temas económicos, sociales y políticos. Este último aspecto tiene que ver con la falta de acceso a espacios en donde se toman decisiones para atenderlos”.
EL DIAGNÓSTICO
El documento avisa sobre el impacto sostenido de fenómenos naturales atípicos y de mayor agresividad, como los huracanes y sequías. De los primeros, alerta que entre mayo y noviembre de cada año se presentan en promedio 23 ciclones tropicales con vientos mayores a 63 kilómetros por hora.
“Chiapas, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán son los estados más vulnerables a sufrir afectaciones por huracanes, y en los que se estima que 4 millones de personas de 176 municipios están expuestas a sufrir daños”, indica.
Con respecto a la sequía, dice el informe de inteligencia que la mayor afectación en los últimos 20 años se ha registrado en la agricultura de temporal, debido a su alta sensibilidad a las variaciones climáticas extremas (lluvias atípicas, sequías, heladas). “De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, desde julio 11 se registró el mínimo de precipitación pluvial en los últimos 70 años. El 35 por ciento del territorio nacional se reportó afectado por una sequía extrema. En 2013, alrededor de 128 millones de hectáreas han sido afectadas por la sequía; la región noreste es la que presenta mayor afectación”.
Los sismos también se han incrementado en los últimos 7 años. Los de mayor magnitud y que ocasionan daños a la población e infraestructura, indica la Agenda Nacional de Riesgos, tienen epicentros en la costa del Pacífico: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
HAY QUE AGREGAR LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA
Y respecto de la actividad volcánica, hace hincapié en el de Colima y el Popocatépetl; este último, desde 2013 se encuentra en “alerta Amarilla fase 3”. El informe de inteligencia menciona que hay actividad en el noroeste: Baja California y Sonora; en las islas del Pacífico, Las Revillagigedo; y en el Sureste, Chiapas.
Los incendios forestales se encuentran en un nivel de riesgo alto. “De 01 de enero al 09 de mayo de 2013, se registraron 7 mil 955 incendios contra 4 mil 191 ocurridos en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento del 90 por ciento. La superficie forestal afectada fue de 194 mil 451 hectáreas, 46 por ciento superior a la registrada en 2012, equivalente a 132 mil 885.
“El 85.34 por ciento de incendios se registran en el Estado de México, Distrito Federal, Michoacán. Chihuahua, Puebla, Hidalgo, Chiapas, Jalisco, Oaxaca y Tlaxcala. El 70.12 por ciento de la superficie afectada en Oaxaca, Baja California Sur, Guerrero, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Chiapas, México y Puebla” (sic).
Con este diagnóstico, los órganos de inteligencia señalan que los indicadores de atención potenciales son: el desabasto de granos por sequía, incendios forestales que afecten grandes extorsiones de bosques y selvas, heladas o sequía atípica en zonas cultivadas, posibilidad de sismos y tsunamis de grandes magnitudes y erupciones volcánicas.
Además, resaltan que el “proceso de reconstrucción de años anteriores [está] aún en ejecución y [faltan] obras por atender con presupuesto de 2013, así como [persiste] retraso en la entrega de recursos del Fondo de Desastres Naturales”.
La especialista de Oxfam México Alejandra D’Hyver dice que de 2000 a 2014 se han perdido 2 mil 400 millones de dólares, aproximadamente, a causa de los desastres; esto tiene un impacto muy fuerte en la vida de las personas porque suelen ser afectadas, las más vulnerables, las que no tienen las suficientes capacidades para hacer frente ellos y porque tampoco existen redes de protección social que los ayuden a afrontarlas y a recuperarse rápidamente.
El problema radica en que muchas veces los mecanismos de protección y prevención son aplicados o no por diversos intereses y por falta de prevención. A nivel local, sucede que muchos funcionarios no están capacitados o no conocen sobre el tema.
IRREGULARIDADES EN PREVENCIÓN DE DESASTRES
Uno de los capítulos de la Agenda Nacional de Riesgos es el relacionado con los recursos suministrados a la atención de desastres. En la más reciente Auditoría a la Adquisición de Equipo y Contratación de Servicios para la Atención de Desastres Naturales, que lleva a cabo la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por casi 6 millones de pesos.
El máximo órgano de fiscalización del país documentó en tres pliegos de observaciones probables daños por 5 millones 910 mil 51 pesos; de los cuales, 2 millones 336 mil 207 pesos fueron por “concepto de 26 servicios de mantenimiento de vehículos, mobiliario y equipo destinado a la atención de emergencias por desastres naturales sin tarjetas de control (bitácoras de mantenimiento) de las áreas usuarias”.
Otros 3 millones 573 mil 844 pesos corresponden al mismo concepto que el anterior, pero con la auditoría a los recursos aplicados a 42 vehículos. Los 3 millones 780 mil 19 pesos restantes son por concepto de penas convencionales no aplicadas por el atraso de 73 servicios de mantenimiento preventivo a vehículos, mobiliario y equipo.
El máximo órgano de fiscalización del país dictaminó que la Conagua no elaboró el programa anual de mantenimiento de los bienes destinados a la atención de emergencias por desastres naturales. Tampoco acreditó que los 464 bienes que recibieron mantenimiento preventivo y correctivo se utilizaron en operativos con motivo de los eventos meteorológicos de diciembre de 2013, mayo, junio y agosto de 2014, justificación por la cual no se llevaron a cabo las licitaciones debidas.