Gustavo Castillo García / La Jornada
Ciudad de México. El gobierno federal denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) al juez de distrito Samuel Ventura Ramos, uno de los juzgadores que llevan el desahogo de los expedientes relacionados con el caso Ayotzinapa, tras haber otorgado en días pasados la libertad a 25 implicados en la desaparición de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
De esta forma, solicitó al Ministerio Público Federal que lo investigue “por la probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte”, señalaron de manera conjunta las secretarías de Gobernación (SG) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que indicaron que el juzgador ha dictado más de 120 sentencias absolutorias en este caso.
Representantes de las áreas jurídicas de SG y SSPC acudieron a la FGR para ingresar una denuncia de hechos contra el juez, cuya sede se localiza en Matamoros, Tamaulipas.
“Hace unos días, el juez dictó sentencia absolutoria a 24 personas que intervinieron en el intento de homicidio contra un estudiante en Iguala, Guerrero, que desde el día de los hechos, el 26 septiembre de 2014, se encuentra en estado vegetativo. Pese a ello, los imputados no fueron dejados en libertad porque los procesaron por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas”, refieren las secretarías.
Asimismo, detallan que “el 14 de septiembre pasado, el juzgador también dictó sentencia absolutoria a José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala, por secuestro, aunque sigue compurgando prisión por otros delitos”.
Entre 2014 y 2015 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó acción penal contra 147 presuntos implicados, entre ellos policías municipales, líderes regionales y miembros de Guerreros Unidos, así como el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda.
La PGR judicializó 27 causas penales y hasta agosto pasado “estos procesos se encontraban de la siguiente manera: 10 en juzgados con sede en Tamaulipas, cinco en el estado de México, cinco en Guerrero, cuatro en la Ciudad de México, uno en Colima, uno en Morelos y uno más en Querétaro”, refiere el informe presentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
En el documento se recuerda que familiares de las víctimas han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la unificación de los procesos y que se establezca una jurisdicción única sobre el caso, demanda que no ha sido atendida.
La mayor parte de los acusados están en proceso por órganos con sede en Tamaulipas y particularmente por el juzgado que encabeza el juez Ventura Ramos, quien en septiembre de 2019 liberó a 77 acusados de participar en el secuestro y desaparición de los 43 normalistas; en días pasados exoneró a Abarca del delito de secuestro y el pasado 21 de septiembre liberó a otros 24 inculpados en el caso Iguala.
Entre los liberados por decisión del juez Ventura Ramos, al considerar que se violaron sus derechos humanos por ser objeto de actos de tortura, destacan Gildardo López, El cabo Gil, jefe de sicarios de Guerreros Unidos en Iguala; los sicarios y presuntos ejecutores de los jóvenes Patricio Reyes Landa, Salvador Reza, Jonathan Osorio, Agustín García y Felipe Rodríguez.