Pedro Miguel/La Jornada
Los integrantes del grupo de control del Instituto Nacional Electoral cometieron tantos errores y han padecido tan graves extravíos en las semanas y meses recientes que terminaron por contaminar al conjunto de la institución. Pretendieron chantajear con el incumplimiento de su obligación de organizar según los términos de la ley la consulta de revocación de mandato si no se le otorgaba al organismo un presupuesto mayor.
En ese empecinamiento, este grupo, encabezado por el titular nominal del INE, Lorenzo Córdova, el consejero Ciro Murayama y el secretario técnico Edmundo Jacobo Molina, colisionó con la Cámara de Diputados, con la Presidencia de la República, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y se exhibió, de paso, como un grupo de interés más preocupado por mantener las prebendas y privilegios de sus integrantes que por contribuir al desarrollo democrático del país.
Pero la frivolidad y el gusto por el dispendio no son el único ni el principal defecto de este grupo. Hagamos memoria: tras un breve periodo en que gozó de credibilidad y prestigio, el organismo electoral perdió ambos atributos al convalidar el fraude electoral de 2006; no los recuperó en 2012 –Córdova, Jacobo y Murayama ya estaban incrustados en el entonces IFE– cuando le pasaron por las narices los dineros de Odebrecht para la compra de votos a favor de Peña Nieto y las movidas de Monex para distribuir los recursos. En 2017, ya convertido en INE, se hizo de la vista gorda ante las acciones fraudulentas que permitieron al PRI colocar a Alfredo del Mazo en la gubernatura del estado de México, en unas típicas elecciones priístas, caracterizadas por la compra y la coacción del voto, las amenazas de muerte y la falsificación de propaganda opositora; en esa entidad. Un año después, las mapacherías se repitieron en los comicios presidenciales, pero no fueron suficientes para revertir la insurrección popular pacífica que barrió a los partidos gubernamentales con un tsunami de votos. Un botón de muestra fue la jornada electoral en Puebla, donde se perpetró un escandaloso fraude con asesinatos y quema de urnas en favor de la candidata del régimen, Martha Érika Alonso.
En resumen, el INE no ha sido ni de lejos un árbitro imparcial. Es lógico, en la medida en que es un diseño institucional orientado a la perpetuación del régimen derrotado en 2018 y toda vez que su grupo de control fue producto de sucesivas componendas entre PRI, PAN y PRD, partidos que remodelaron el Consejo General en 2014 en el marco del Pacto por México, la coalición que dio cierta gobernabilidad al peñato. Por ello los mandamases del INE tienen una inocultable aversión a la transformación nacional en curso y una evidente nostalgia por las legislaturas que les regalaban presupuestos tan abultados como innecesarios y les daban un trato de privilegio.
Para ilustrar la disparidad de mentalidades entre quienes controlan el INE y quienes impulsan la Cuarta Transformación, baste con señalar que el gasto de la Presidencia de la República pasó de 3 mil 682 millones en el último año de Peña a 519 millones en 2021 (una séptima parte), sin que esa dependencia se haya visto afectada en su funcionamiento ni en el cumplimiento de sus funciones. En contraste, el INE ha visto aumentado su presupuesto para años no electorales: en 2017, último año del peñato en el que no hubo comicios federales, recibió 15 mil 71 millones de pesos; en 2019, 15 mil 363; en 2020, 16 mil 660, y para este año le fueron asignados 19 mil 736 millones.
Las cerezas en el pastel fueron las temperamentales reacciones de Córdova Vianello –las imágenes de su berrinche en una sesión virtual del Consejo General, con el rostro rojo de ira, llegaron a medio país– y la graciosa y patética invención del dibujo animado Al chipotle que, por desafortunada coincidencia o por la malévola intención de alguien, parecía emular las rabias de Lorenzo Córdova en un intento por explicar en forma ligera, aunque institucional, que el INE no es tan caro como se dice.
Y de inmediato surgió la pregunta: ¿de dónde saca el organismo los recursos para producir semejante adefesio si asegura que no los tiene?
Es claro, en suma, que los que controlan los hilos políticos, operativos y administrativos de la institución electoral se han colocado por decisión propia en una posición insostenible y que su permanencia en los cargos es perniciosa para la democracia, peligrosa para la estabilidad política y profundamente lesiva para la imagen del propio INE. Acorralados por su propia torpeza y por su arrogancia, Córdova Vianello, Murayama Rendón y Jacobo Molina no tienen una salida más decorosa que la de la renuncia.
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