De cómo se promovió la impunidad y La complicidad entre Gabino y Ulises 


Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cué Monteagudo

Arturo Soriano

En el mes de agosto del 2010, después de su derrota electoral, Ulises Ruiz Ortiz, Gobernador del Estado de  Oaxaca, mando al diputado federal Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva a negociar  su impunidad con el  nuevo gobierno del cambio y su representante, el neonato jefe político, el hombre fuerte,  el del   poder político y absoluto como debe de ser en un nuevo sistema político oaxaqueño.

Y   quien negociaba, decidía y tomaba las decisiones en ese momento, por el propio Gabino Cué: Benjamín Robles Montoya, mejor conocido por su alias, como “el cara sucia”.

Según mis fuentes, en ese  mes de agosto, Héctor Pablo se entrevistó  con Benjamín Robles, y le ofreció negociar   5 mil millones de pesos, de recursos federales adicionales del próximo año  (2011), como propuesta para que Ulises no fuera molestado en  su seguridad e  integridad física y política. En la negociación sólo  Ulises y Héctor Pablo serían los únicos que tendrían impunidad. Todos los demás funcionarios del sexenio ulisista no entraban en el paquete a negociar.

Benjamín aceptó  mediar y cabildear  la  negociación con la condición de que a él  le tocaran 500 millones  de pesos como ganancia de esa negociación. Las fuentes aseguran que 100 millones de pesos,  pidió de anticipo para empezar a cabildear y negociar.

Cuando Benjamín le comento a Gabino la propuesta de Ulises  vía Héctor Pablo, Gabino  se molestó y supuestamente dijo que no era eso posible, ¡qué  le voy a decir  a la gente, sobre el castigo que merecía Ulises y su burbuja¡ Benjamín le contestó: ¡ es una buena oportunidad de obtener recursos adicionales y además con ese dinero podremos hacer muchas cosas¡

Un diario de circulación nacional, posteriormente  publicó que  “el martes 28 de septiembre del 2010 al mediodía  Diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Oaxaca se reunieron  en la Ciudad de México con el gobernador electo, Gabino Cué y han hablado en torno del presupuesto para el estado en 2011, en cuya propuesta entregada a la Cámara de Diputados el pasado día 8 de septiembre, Ejecutivo Federal  apenas planteó unos 34 mil millones de pesos, cuando en 2010 se consiguieron 48 mil millones”. La declaración de la concreción de la negociación de esa  impunidad  la daba el diputado federal, Heliodoro Díaz Escárraga.

“Fue un primer acercamiento”, agregó el diputado federal oaxaqueño,  “y allí (Gabino Cué) nos planteó su inquietud sobre la reducción de recursos para el Estado”.  Y afirmó que la reunión con el gobernador electo fue “en un ámbito de respeto e institucionalidad”.

La encomienda de la negociación  se le hizo bolas al atolondrado Héctor Pablo.

En la cámara de diputados federal Ramírez Puga no supo cómo obtener la votación para que el presupuesto para Oaxaca del 2011 fuera autorizado en 5 mil millones de pesos adicionales  a  los 48 mil millones que ejercería en el 2011.

Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva

BERRINCHE DE HÉCTOR PABLO

El berrinche de Héctor Pablo en la Cámara Federal fue de tal magnitud que amenazaba con declararse  diputado independiente.

Ulises entró al quite y negoció con Carlos Rojas, coordinador de los legisladores  de la bancada tricolor e integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a quien según fuentes  de la Ciudad de México, Ulises le ofreció 500 millones para que cabildeara y sacara adelante la autorización de 5 mil a 10 mil millones de pesos en recursos adicionales para Oaxaca

En la ciudad de México el jueves 20 de octubre por la mañana se reunía el gobernador electo  de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo,  con diputados federales oaxaqueños de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con quienes, en un marco de respeto mutuo e institucional, dialogaban  para lograr conjuntamente un mayor presupuesto en el próximo ejercicio en favor de la entidad.

Reunidos en la sede del Poder Legislativo de San Lázaro, el titular del Poder Ejecutivo estatal y el coordinador de los diputados federales del PRI, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, encabezaron ese encuentro en el que intercambiaron opiniones sobre diversos temas de la agenda estatal y acordaron sumar esfuerzos en beneficio de los oaxaqueños.

Perla Woolrich Fernández

Las baterías ulisistas del Congreso Federal actuaban en su máximo esplendor en esa ocasión, los legisladores Heliodoro Díaz Escárraga, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Emilio Mendoza Kaplan, Manuel García Corpus y Heriberto Ambrosio Cipriano, eran los que atendían la solicitud negociada  de más recursos para Oaxaca.

En esa ocasión Gabino fue acompañado de  los secretarios de Finanzas, de Salud y de Infraestructura y Ordenamiento Territorial Sustentable, Gerardo Cajiga Estrada, Germán Tenorio Vasconcelos y Netzahualcóyotl Salvatierra López, respectivamente. El coordinador de los diputados federales oaxaqueños del PRI, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, informó que el presupuesto para Oaxaca en 2011, aprobado por la Cámara de Diputados, fue de 58 mil 300 millones de pesos, 10 mil millones más que este 2010.

El lunes 15 de noviembre del 2010 Héctor Pablo coordinador de la bancada oaxaqueña declaraba que se había logrado para  Oaxaca un  presupuesto histórico de 58 mil 300 millones de pesos para 2011.

De 48 mil millones de pesos los diputados del PRI consiguieron 10 mil millones de pesos adicionales, valor nominal de la impunidad que valía la tranquilidad de Ulises.

En Oaxaca se publicó una nota en primera plana donde Gabino declara que “no estaba de acuerdo en que Ulises fuera el responsable  de la entrega de concesiones  para el transporte como lo hizo notar un juez federal al exonerar a Ruiz Cerón de ese delito”.

BenjamÌn Robles Montoya

LA FORMA QUE ACTÚAN LOS NERVIOS DEL PODER

Con una contralora panista emergida del nuevo gobierno y que anuncia a los medios de comunicación  con meses de anticipación la secrecía de las auditorias e investigaciones a funcionarios de Ulises.

¡La impunidad si tiene un precio, ese precio es de 10 mil millones de pesos!

SEGUNDO ACTO

Al triunfo de  la campaña de Gabino, Benjamín asumió el control total de los puestos públicos a repartir, a tal grado, que los nombramientos de funcionarios de segundo nivel, debían de llevar su visto bueno o su recomendación, provocando el malestar o desagrado de los demás políticos de la coalición.

Ya en diciembre del 2010, Benjamín asume las facultades de vicegobernador de facto, el hombre con el absoluto y poderoso poder político, sustituyendo, la figura de Jorge Franco, mucho  más allá en fondo y forma, lo que contradictoriamente, mucho criticó la misma coalición en el sexenio de Ulises.

4.-Hector Pablo Ramírez Puga Leyva, diputado federal del PRI y coordinador de los diputados de la fracción oaxaqueña. Hombre de confianza de Ulises y que actualmente   ocupa el lugar de Eviel Pérez como coordinador de la fracción priista oaxaqueña en la Cámara de Diputados federal. Principal negociador ante Benjamín Robles  del proyecto de impunidad  Ulises y por lo tanto han pasado por sus manos millones de pesos para la negociación.

Miguel Ángel Ortega Habib

5.- José Francisco Rojas Gutiérrez  coordinador del PRI en la Cámara de Diputados federal y  Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la misma Cámara. Principal operador político y cabildero dentro y fuera de la Cámara de Diputados, a él se debe que la fracción parlamentaria federal del PRI, votara y aprobara los 10 mil millones de pesos adicionales a los 48 mil millones  para Oaxaca, sumando en total  el presupuesto histórico de 58 mil 300 millones de pesos  para el ejercicio 2011 en Oaxaca.

Según fuentes de la ciudad de México, 500 milloncitos se embolsó este político de gran  trayectoria y experiencia.

6.-Gerardo Cajiga Estrada. El funcionario  tras haber sido destituido e inhabilitado para ocupar cualquier puesto dentro del Gobierno Federal por tres años, se  había ganado a pulso el castigo administrativo que fue por la suscripción indebida de contratos en la Secretaría de Gobernación de la que era Oficial Mayor, como lo demuestra el comunicado de prensa 182/2002 de la Secretaría de la Función Pública Federal. Cajiga Estrada y otros funcionarios de la secretaría de Gobernación, fueron sancionados  por daño patrimonial superior a los 5 millones 758 mil 445 pesos con 45 centavos y 349 mil 100 dólares americanos, en la compra de 12 aviones para la PFP y “autorizaron la adjudicación directa de diversos contratos, sin fundamento ni motivación, en lugar de convocar a un proceso de licitación pública, realizaron pagos improcedentes y omitieron penalizar a las empresas que entregaron con retraso una aeronave”

En el expediente 5523/08 del IFAI se transcribe el comunicado de prensa de la Secodam, anunciando los castigos y nombres de los funcionarios.

La Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de Secodam, determinó diversas sanciones que van desde la inhabilitación, por un máximo de 10 años, la suspensión en salarios y labores por hasta 90 días y la destitución de sus cargos, así como sanciones económicas hasta por 349 mil 100 dólares. La Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial inició, a partir de un informe de la Dirección General de Auditoría Gubernamental, una serie de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades que inició el 25 de marzo de 2001 y concluyó con la resolución del 7 de enero de 2002. En el año 2000, la PFP dependía de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Cajiga Estrada acompañó a Gabino a la Ciudad de México y al Palacio de San Lázaro  en diferentes ocasiones, ya que él,  cómo  futuro secretario de Finanzas, debía estar al  pendiente y al tanto de la  aparición de los próximos 10 mil millones de pesos.

Carlos Rojas Gutiérrez

TERCER ACTO

 “A Oaxaca le va ir mejor con mayor Presupuesto, “declaró Gabino, en  un comunicado de prensa fechado el 16 de noviembre de este 2011”.

El comunicado de la oficina de incomunicación, aclaraba que “Valieron la pena los esfuerzos de cabildeo y Gabino reconoce, la labor de legisladores federales  y particularmente de los oaxaqueños, priistas”.

El gobernador Gabino Cué Monteagudo mostró su “beneplácito” por el presupuesto autorizado a Oaxaca (de 63 mil millones de pesos, según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012), el más alto en la historia de la entidad, por lo que al estado le va a ir mucho mejor, finalizaba el gracioso  comunicado.

El Congreso Federal  aprobaba el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 y a Oaxaca se le asignó un presupuesto, de nueva cuenta “histórico” de más de 63 mil millones de pesos, lo que significa un incremento de 18.1 por ciento.

Adicionalmente, la entidad recibirá 12 mil 850 millones de pesos bajo la modalidad de Proyectos para la Prestación de Servicios y de Infraestructura Productiva de Largo Plazo.

Todo esto fue  posible gracias a Ulises.

Contradictoriamente, en la ciudad de Oaxaca, el día 10 de julio de este año, la presidenta de la Comisión Especial Encargada de Impulsar los programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México, la Diputada Federal priistas, Sofía Castro, denunciaba en rueda de prensa que: “Sí habrá  en el 2011, sub ejercicio presupuestal en Oaxaca.” Y, acusaba al gobierno estatal de opacidad, pero sobre todo indicó: “el gobernador está pagando la cuota de quienes lo financiaron, sirios, troyanos, panistas o perredistas, hoy todos ellos están abandonados, por Gabino.”

El  rubro que estaba desatendido era la salud de los oaxaqueños, donde el gobierno estatal contaba con un presupuesto de mil 200 millones de pesos de los cuales no se había tocado un peso y cerca de 60 hospitales aún no habían sido terminados dejando a un lado ese rubro prioritario.

Sofía Castro aclaró, que ante la “ presunta posibilidad de que puedan ser sub ejercidos más de 10 mil millones de pesos,  que solicitará la comparecencia del secretario de finanzas Gerardo Cajiga Estrada, para que informe a donde está yendo a parar todo el recurso y que no ha sido aplicado en programas prioritarios del estado.”

Manuel García Corpus

Mientras, el Diputado Federal del PRI , Héctor Pablo Ramírez Puga, el 14 de octubre de 2012 soltaba declaraciones lapidarias a  CNN  que tenían que ver con el presupuesto histórico de 58 mil millones  y  que hace más de un año cabildeo y autorizaron los diputados priistas federales  para Oaxaca.

Denunció “el  subejercicio por 25 mil millones de pesos por parte del gobierno de Gabino Cué.”

Y al presentar su Segundo Informe de Actividades Legislativas, ante la presencia del ex gobernador del estado Ulises Ruiz Ortiz, Ramírez Puga volvió a denunciar el mal manejo de las finanzas públicas en el estado.

“Hoy, se sella de nuevo esa negociación de impunidad, con 63 mil millones de pesos autorizados por diputados priistas” vociferaba H.P en su informe.

“Doce de los  Trece  diputados federales priistas oaxaqueños han “recibido órdenes” de Ulises en estos días. La orden: atender en la Cámara Federal, la autorización el presupuesto”declaraba H.P.

Perla Woolrich, llevaba ya un año como Secretaría de la Contralora.

¡ Y Perla no tenía ninguna denuncia contra Ulises ¡

La Contralora del estado no tenía, después de un año de declaraciones, mensajes en clave   y  avisos mediáticos a ningún ex funcionario del sexenio de Ulises Ruiz   detenido (ex funcionarios de primer nivel) .

Ruiz Cerón, fue detenido por una denuncia de particulares, no por denuncias o gestiones de Perla, como Contralora.

Entre los panistas había una ligera sospecha de que la Contralora de Hierro, había negociado o recibió línea de Gabino.

La devaluada dama de  hierro, tal vez, sería la próxima funcionaria “de los nuevos políticos ricos” valuada por los millones de pesos, que se rumoraba,  le hicieron llegar los ex funcionarios priistas, para mantener su impunidad.

SofÌa Castro Ríos

CUARTO ACTO

 El “gobierno del cambio” no pudo probar sus acusaciones.

No probaron cargos, de los acusados amparados.

Bajo la presión popular por su ineptitud e incapacidad, el gobierno del estado desvió la tensión y atención popular criminalizando a los funcionarios y a la propia administración anterior. Cuatro funcionarios fueron señalados y ajusticiados en la pira de la opinión pública, entre ellos, Miguel Ángel Ortega Habib, Armando Félix González Bernabé, Raúl Castellanos y Soledad Rojas; hoy todos han sido amparados por la justicia federal, pero uno está sufriendo la persecución política en la cárcel, siendo inocente.

El juez del Segundo Juzgado de Distrito otorgó el amparo federal a tres de los acusados por los delitos de peculado, abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones, suspendiendo las órdenes de aprehensión que tenían Miguel Ángel Ortega Habib, Fernando González García y Manuel Alejandro Hernández Muñoz, funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.

La justicia federal amparaba a funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz a quienes el “gobierno del cambio“ acusó de abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones y peculado, y les giró órdenes de aprehensión, sin presentar pruebas concretas y tangibles para probar sus dichos.

El juez del Segundo Juzgado de Distrito otorgó los amparos federales 1185/2011, 1633/2011 y 1512/2011 a los ex funcionarios estatales Miguel Ángel Ortega Habib, Fernando González García y Manuel Alejandro Hernández Muñoz, a quienes la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría General de Justicia habían acusado de disponer indebidamente de 736 millones 207 mil pesos 337 pesos y 80 centavos.

Los acusados fungieron como secretario de Finanzas, Ortega Habib; subsecretario de Egresos, Fernando González García; y director Administrativo de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), Manuel Alejandro Hernández Muñoz, y se les responsabilizaba de la suscripción ilegal de arrendamiento de maquinaria y autorización de ampliaciones de los contratos.

En el caso de Hernández Muñoz,  preso en virtud de la orden de aprehensión obsequiada por un juez estatal, a partir de la averiguación previa integrada dolosamente por la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de la Contraloría estatal, se esperaba que en tiempo muy breve sería liberado, al no comprobársele culpabilidad alguna. Murió, casi en el abandono de la cárcel de Ixcotel.

De la misma forma, el anterior director general de CAO, Armando Félix González Bernabé, también fue responsabilizado por los mismos delitos y se le liberó una orden de aprehensión, por lo que también se esperaba que un  juez federal que llevaba su caso le otorgará el amparo de la justicia federal.

Armando Félix González Bernabé

Los delitos y la expiación

En junio de 2011, el “gobierno del cambio”  vivía casi una insubordinación civil, porque tenía un subejercicio cercano a los 20 mil millones de pesos de lo que en ese momento se catalogó como el presupuesto histórico más alto jamás conseguido para un gobierno estatal oaxaqueño.

Por su parte, los presidentes municipales se quejaban de que no había mezcla de recursos para la obra pública municipal y eran ellos, con su propio dinero, quienes hacían lo que se podía en los municipios; como nunca había ocurrido en los últimos treinta años, el gobierno estatal se desentendía de las necesidades de los municipios.

También, los empresarios contratistas acusaban que el gobierno estatal no hacía obra pública y la poca que existía se entregaba a los empresarios con quienes había compromisos en pago de facturas electorales pactadas con Gabino Cue como aspirante candidato de una coalición al Gobierno del Estado de Oaxaca.

En la ciudad de Oaxaca, los comerciantes aducían que no había circulante por la falta de obra, por lo que sus mercancías no se vendían y, al no tener ingresos, se veían obligados a cerrar sus negocios, despedir a sus empleados y, en el mejor de los casos, a darles vacaciones forzadas.

En las calles y en los medios de comunicación, la gente se quejaba por la falta de empleo, por las marchas, plantones y bloqueos constantes de las organizaciones sociales que protestaban porque el “gobierno del cambio”  no les respondía a sus demandas de obras de infraestructura social; el zócalo y el Palacio de Gobierno se volvieron a convertir en el centro y punto de las inconformidades y las manifestaciones.

Entonces, a la secretaria de la Contraloría y al procurador de Justicia, Perla Woolrich y Manuel de Jesús López, se les ocurrió la ingrata idea de criminalizar a los funcionarios del régimen anterior y se dieron a la tarea de efectuar auditorías hechas al vapor y luego a integrar averiguaciones previas sin fundamentos, que presentaron a jueces de consigna y así lograron tener a las víctimas del escarnio mediático y popular.

Hoy sabemos que las denuncias y las consiguientes órdenes de aprehensión sólo sirvieron para bajar la presión política, pero no pudieron resistir una acuciosa revisión de los jueces federales; mientras estuvieron en manos de los agentes del Ministerio Público y de los jueces estatales, fueron rápidamente integradas las averiguaciones previas y obsequiadas diligentemente las órdenes de aprehensión, incluso, uno de los inculpados, se decía, dentro de unos días cumplirá un año en una celda estatal.

Pero, también, hoy sabemos, que todo fue una farsa, porque la justicia federal no encontró delitos por perseguir y entregó el amparo para anular las órdenes de aprehensión que debía privar de su libertad a los acusados.

Heliodoro Díaz Escárraga

ERRORES DE LA JUSTICIA ESTATAL

En primer lugar, el juez federal desechó el delito de abuso de autoridad, porque los funcionarios del actual gobierno estatal nunca pudieron presentar prueba alguna de que los recursos autorizados fueron aplicados para un fin distinto del que marca la normatividad y el Plan Estatal de Desarrollo, vigentes en esos momentos.

El ejercicio indebido de funciones también fue desechado porque el juez federal consideró que el Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y las leyes estatales vigentes, autorizaban a los funcionarios a firmar convenios y, en el caso del secretario de Finanzas, Ortega Habib, tenía la expresa indicación de suscribir los convenios y autorizar ampliaciones de contrato y, por ende, de recursos económicos para tal finalidad.

El delito de peculado, también fue desechado, primero, porque los funcionarios acusados nunca tuvieron en sus manos los recursos y, en el caso de Ortega Habid, no se presentaron pruebas de que hubiera dispuesto de los recursos para uso propio o personal.

Por si fuera poco, el juzgador federal consideró que durante los seis años de la administración anterior, todos los años, el Ejecutivo estatal obtuvo la aprobación del Poder Legislativo sobre el ejercicio adecuado y haber efectuado las economías necesarias como para entregarle un finiquito que deja a todos los funcionarios gubernamentales libres de toda responsabilidad legal.

Ese finiquito del Poder Legislativo impide que cualquier funcionario del Ejecutivo actual ponga en duda la potestad de un poder diferente y que constitucionalmente está autorizado para ejercer las funciones de revisión y autorización de las cuentas estatales.

Eviel Pérez Magaña

¿ALTERNANCIA O ESTADO DE DERECHO?

El amparo concedido por el Poder Judicial de la federación a los funcionarios de Ulises Ruiz Ortiz deja en claro que no había delito por perseguir, y que las averiguaciones previas y las posteriores órdenes de aprehensión fueron hechas sólo para satisfacer las consignas políticas de quienes debían velar por la imparcial aplicación de la justicia entre los oaxaqueños.

Sin cuerpo del delito, es imposible configurar delito alguno por perseguir, es una norma básica del derecho que olvidaron, tanto la secretaria de la Contraloría como el procurador de Justicia del estado. Por fortuna, un juez federal, que tiene otros lineamientos éticos, vino a enmendar los renglones torcidos de la “justicia del cambio y la alternancia” oaxaqueña.