Fabiola Martínez / La Jornada
Durante el periodo 2014-septiembre de 2022, el Instituto Nacional Electoral (INE) pagó mil 901 millones de pesos a personal que decidió retirarse del organismo.
El monto, en favor de 6 mil 295 trabajadores, procede del Fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral, cuyo flujo monetario no ha sido afectado, ni siquiera frente a planes de ahorro y austeridad del organismo.
Ese monto es adicional a los pagos que debe hacer el INE por ley y normas internas, igualmente en casos de retiro.
En cuanto al presupuesto para el año entrante, el Órgano Interno de Control (OIC) reiteró la sugerencia a los directivos y consejeros para que «reconsideren» mil 394 millones de pesos (de una petición total de 14 mil millones).
La información anterior se incluye en la respuesta del titular del OIC del INE, Jesús George Zamora, a los comentarios emitidos en la más reciente sesión del Consejo General.
En una carta dirigida al consejero Ciro Murayama, quien presentó más datos en contra del modo de operar del OIC, se indica que de 2014 a 2022 se han hecho aproximadamente 6 mil 295 pagos por término de la relación laboral por mil 901 millones 430 mil 307 pesos, de los cuales, el 69 por ciento (mil 313.2 millones) abarca 4 mil 407 pagos realizados en los cuatro años del periodo mencionado.
Ello, advierte el OIC, “no solo evidencia que el OIC no es representativo en los montos hasta ahora ejercidos por el Instituto, sino que también amerita un análisis profundo sobre la pertinencia de continuar de la misma forma con esta política laboral, sin contemplar requisitos más rigurosos que limiten el otorgamiento de ‘indemnizaciones’ sólo cuando el Instituto rescinda o dé por terminada la relación laboral, por causa justificada, evitando crear ‘derechos’ que presupuestalmente no se justifican”.
El consejero Murayama señaló – entre otros puntos- que derivado de la remoción de 31 de los 38 directivos del OIC, el INE ha pagado 41.5 millones de pesos por compensaciones por términos de relación laboral, ante lo cual George Zamora admite la conveniencia de revisar los objetivos del citado fideicomiso.
“Son acertadas sus expresiones de ‘boquete presupuestal’, ‘alta rotación laboral’ y ‘menor acumulación de experiencia’ en todo el Instituto que son provocadas por políticas de este tipo adoptadas en la normativa del INE”.
El contralor menciona que en la reflexión se debe considerar que el INE paga otras cantidades frente a casos de retiro: Seguro de Separación Individualizado, cuya erogación fue de mil 103.6 millones de pesos, de 2018 a 2021.
Igualmente ha pagado al Issste, en el mismo periodo, por seguros de retiro y de cesantía en edad avanzada y vejez 252 millones.
Por otra parte, el OIC aclaró que en el documento de acompañamiento a la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2023 sugirió “reconsiderar” – y no ‘prescindir, como se acusó en la sesión de consejo- el gasto de mil 394 millones.
A colación del tema reiteró la conveniencia de que el presupuesto del INE esté debidamente documentado con investigaciones de mercado, cotizaciones, precios de referencia o antecedentes de gasto, a fin de evitar arbitrariedades o solicitudes de recursos sin justificación.
Subraya que la omisión de estos requisitos (formatos y memorias de cálculo) originan que el monto o cantidad de recursos solicitados carezcan de una debida justificación.
“Lo que cobra relevancia en las circunstancias en que se desenvuelve el Instituto, sometido a un escrutinio público reforzado y legítimo de la sociedad, que obliga a las autoridades del Instituto a constatar, verificar, revisar, exhaustiva y escrupulosamente, el cumplimiento de todas las normas, con mayor razón aquellas que tengan con finalidad transparentar la integración presupuestal y la razonabilidad de los montos solicitados para cada actividad, más allá de discursos complacientes”.
Al final de la carta, integrada en nueve puntos, George solicita participar en el consejo general para contribuir a la retroalimentación; mientras tanto, remarca que las auditorías aplicadas por el OIC, aun sean preliminares, están encaminadas hacia el fortalecimiento de procesos y a impulsar la transparencia y rendición de cuentas de todos sus integrantes, incluido el OIC.