Víctor M. Quintana S./La Jornada
Lo mismo en Chiapas que en Chihuahua, la violencia mata integrantes de pueblos originarios y serranos, despoja, devasta y desplaza familias y comunidades enteras. Los criminales se ensañan con las comunidades más vulnerables y marginadas. Puede ser Pantelhó o Uruachi, el sureste o el noroeste del país, da lo mismo.
En la Sierra de Chihuahua parece nunca terminar la cauda de desplazamientos, desapariciones y asesinatos: apenas el 26 de septiembre fueron asesinadas cinco personas, entre ellas tres jóvenes en el municipio de Chínipas, cuando regresaban de una fiesta en el vecino municipio de Guazapares. Resulta que los criminales confundieron la camioneta en que se transportaban y abrieron fuego inmisericorde contra personas que nada tenían que ver con las actividades criminales, es decir, que no estaban movidas. Sólo es el caso más reciente en la Sierra del Terror, donde el crimen organizado un día sí y otro también impone su ley de balazos, no abrazos.
A mediados de junio pasado, se desataron varios enfrentamientos en el llamado triángulo dorado (Chihuahua, Sinaloa, Durango), que provocaron el desplazamiento forzado de más de 200 personas del ejido San Gerónimo, municipio de Guadalupe y Calvo.
Chihuahua se ha convertido en uno de los estados con más desplazamientos forzados de personas y comunidades. De acuerdo con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, hasta julio pasado había 575 personas desplazadas en el estado, de municipios como Guadalupe y Calvo, Balleza, Guachochi, Urique, Uruachi, Saucillo, Morelos, Batopilas y Bocoyna. Además, desde 2017 ha habido personas desplazadas en el municipio de Madera, pero no se ha logrado establecer contacto con ellas.
El 29 de septiembre, una representación del colectivo de 23 familias desplazadas de El Manzano y Monterde, en la Sierra Tarahumara, acompañada por las organizaciones Cedhem y Contec de Chihuahua y Serapaz de la Ciudad de México se hizo presente en el Senado para denunciar la violencia de que han sido víctimas desde 2014, que los ha forzado a desplazarse de sus lugares de residencia, así como la omisión de todas las autoridades para garantizarles sus derechos humanos.
Desde 2015, las comunidades de El Manzano, municipio de Uruachi y Monterde, municipio de Guazapares, agobiadas por la violencia impuesta por el crimen organizado que busca apropiarse de las tierras, sembrar enervantes y talar de manera ilegal los bosques comunales, interpusieron varias denuncias ante las autoridades. Acudieron incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que les otorgaran medidas cautelares dada la gravedad de la situación. La comisión otorgó las medidas cautelares para los integrantes de la comunidad en abril de 2015. Sin embargo, las medidas otorgadas no han logrado detener los homicidios, pues, a la fecha han sido asesinadas tres personas más.
Ante la falta de respuesta adecuada, suficiente y oportuna de las autoridades en mayo de este año, la familia Girón promovió un amparo ante el Poder Judicial de la Federación y le concedieron la suspensión provisional que consiste en que las autoridades le garanticen vivienda, alimentos, servicios médicos y que se protejan el interés superior de la niñez y los bienes de la comunidad de origen. Al siguiente mes, las familias Sánchez Lagarda y Soto Contreras promovieron a su vez otra demanda de amparo por las mismas causas y se les concedió la suspensión de plano, lo que deja en claro las graves omisiones oficiales y requiere a las autoridades a que proporcionen también alimentos esenciales, agua potable, alojamiento y vivienda básicos, vestido adecuado y servicios médicos así como condiciones de seguridad elementales.
Las audiencias constitucionales para resolver la procedencia de los amparos se efectuarán el 7 y 25 de octubre. La gira de las familias afectadas a la Ciudad de México fue para visibilizar el problema del desplazamiento forzado de que son víctimas, hacer conciencia entre las autoridades y la población, y demandar públicamente el acceso a la justicia, la garantía de las condiciones suficientes de seguridad para retornar a casa y pronunciarse sobre la reparación integral del daño, acceso a la justicia, condiciones de seguridad para el retorno a casa, las medidas de restitución de su patrimonio y las medidas de no repetición. Todo esto no será posible si el Congreso no elabora y promulga la ley general de desplazamiento forzado interno.
No es posible que las autoridades de todos los niveles sigan ignorando este manojo de violaciones a los derechos humanos que constituye el desplazamiento forzado interno. En él se funden los cuatro ejes problemáticos de la crisis global actual: agresión a los derechos de los pueblos originarios, violencia criminal, privatización y devastación de la naturaleza y cambio climático. Hay que tener en cuenta que los pueblos indígenas gestionan con éxito 80 por ciento de la biodiversidad del planeta. Sólo garantizándoles el retorno seguro a casa, podrán ellos volver a realizar esa labor tan necesaria de cuidar la casa común.