Guadalupe Loaeza/Reforma
Si el machismo y la tremenda desigualdad de género es una realidad apabullante en nuestro país, dentro de la cárcel de mujeres, es aún más abrumadora y humillante para las reclusas. La soledad y la rabia en que viven en el interior de los paupérrimos centros penitenciarios les recuerdan las 24 horas del día que para ellas no existen los derechos humanos más elementales y menos la justicia. Las presas, muchas de ellas madres y abuelas, con el tiempo, dejan de existir no nada más para sus familiares, sino para el Estado. A Ernesto Canales Santos, presidente de la Fundación Renace, la cual apoya procesos de reinserción social de personas en reclusión, le parece incomprensible y totalmente injustificable el hecho de que el gobierno mexicano: «por un lado llama a que prevalezca el Estado de Derecho en todos los ámbitos de la vida pública, mientras que en un campo del que es responsable, como es el sistema penitenciario, no aplica ese Estado de Derecho». Es evidente que si las mujeres privadas de la libertad viven en condiciones miserables, sin que nadie vaya a verlas el día de visita, sin saber hasta cuándo estarán encerradas, temiendo que les quiten a sus hijos por haber cumplido seis años, edad máxima en que pueden quedarse con su madre, en medio de una insalubridad inimaginable (baños sin agua, pésima alimentación, falta de colchonetas para dormir y montañas de chinches), caigan con toda facilidad en la prostitución y por consiguiente en una tremenda falta de autoestima. El último reporte de la CNDH reconoce que es imposible satisfacer la demanda de servicios dentro de las cárceles: «genera un ambiente propicio para la proliferación de actos de corrupción y violencia por la necesidad de acceder a ellos, convirtiéndose en un factor que incide en el aumento de violaciones a derechos humanos de las internas». Por otro lado, en este mismo informe la CNDH denuncia a aquellas reclusas que «ejercen el autogobierno» y se encargan de «actividades propias de la autoridad» como distribuir las estancias, lo que las lleva a tener televisores de pantalla plana o teléfonos celulares en sus celdas. De muchos de estos privilegios y hasta de más lujos se han beneficiado presas famosas como La Reina del Pacífico, Gloria Trevi y, por supuesto, Elba Esther Gordillo, quien cuenta con una clínica móvil sumamente lujosa para sus constantes revisiones médicas. En cambio las reclusas de centros penitenciarios de Piedras Negras, Coahuila; de Chiapas, de Chalco, de Coatzacoalcos, de Reynosa, de Durango, de La Paz, de Xochiaca, de Nayarit y de Tlacolula en Oaxaca, por citar algunos, no gozan de ninguno de estos lujos. Todo lo contrario, diariamente viven en un absoluto infierno sin esperanzas.
En el espléndido reportaje de Mayela Sánchez, de Sinembargo (3 de abril), nos enteramos que: «En 20 centros penitenciarios existe prostitución y en 66 no existe separación por situación jurídica ni clasificación, lo que en algunas ocasiones ha derivado en casos donde cohabitan mujeres y hombres». Tal es el caso del Centro de Internamiento Femenil de Tanivet, Tlacolula, en Oaxaca. Por extraño que parezca el pabellón psiquiátrico varonil se encuentra en el interior del área de mujeres, apenas separado por una malla ciclónica, por lo que no existe una verdadera separación entre los dos grupos. «Según personal de seguridad, ha habido casos de relaciones sexuales de internas con internos del pabellón psiquiátrico».
Cómo me gustaría que a muchas de estas víctimas de la supuesta justicia mexicana se les dedicara una película titulada: Presunta culpable. Basta con leer las estadísticas de México Evalúa, elaboradas el 17 de abril. De acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en febrero del 2015 había 13,375 mujeres privadas de la libertad. De ellas, a nivel nacional hay 10,194 del fuero común y 3,181 del fuero federal. Procesadas hay 7,046 (es decir en prisión preventiva) y 6,329 sentenciadas que están esperando una condena y, ante la ley, se presume su inocencia. Actualmente, ni el OADPRS ni el INEGI publican datos sobre los niños que viven con sus madres en prisión. De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP), en México no existe una cifra oficial de niños menores de seis años que vivan en la cárcel con sus madres, aunque según estimaciones realizadas en 2004 y 2008, son entre 1,200 y 2,000 menores.
Dice la fotógrafa norteamericana de presas, Jane Evelyn Atwood, que la cárcel no es remedio. No es solución de nada, que es un castigo que se vuelve culpa, una ira que acaba en condolencia, un golpe que regresa en bofetada.
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