Alicia de los Ríos Merino*/La Jornada
Alicia de los Ríos Merino desapareció a manos de la Brigada Especial, un día como hoy hace 46 años. Desde el 5 de enero de 1978 han transcurrido 16 mil 800 días sin ella. Hasta ahora sabemos que permaneció seis meses en el Campo Militar número 1, donde fue vista por cinco testigos sobrevivientes: Cirilo Cota, Ramón Galaviz, Juan Manuel Hernández, Mario Álvaro Cartagena y Alfredo Medina.
Fue trasladada a la Base Aérea número 7, en Pie de la Cuesta, en la costa de Guerrero, los primeros días de junio de 1978. La bitácora del avión Arava del 8/6/78 registró un viaje nocturno conocido como un “vuelo de la muerte”. Desde entonces mamá, una chihuahuense de 25 años, no ha sido vista. Siempre asocio la visita de los Reyes Magos con la desaparición de mamá.
De pequeña la esperé con la misma disciplina con la que se aguarda a Santoclós, a los Reyes Magos o al Ratón Pérez. Pensé que el secreto para que ella apareciera era portarme bien. Qué ganas de decirle a esa niña, Lichita, que sus travesuras y groserías no fueron la causa de que su madre no llegara.
La ilusión de mi niñez convivió con el horror de la desaparición forzada. De niña comprendí qué significaba ser una desaparecida política y una insurgente comunista. Las violencias del Estado mexicano nos obligaron a buscar, investigar y litigar. También debimos argumentar por qué nuestros padres y madres son víctimas de violaciones graves de derechos humanos, pese a sus militancias radicales.
Momentos antes de ser detenida mi mamá habló por teléfono a la casa familiar y gritó: “búsquenme”. Junto a cientos de doñas de todo el país, mi abuela Alicia y mi tía Martha denunciaron que el gobierno en México desapareció a sus hijos e hijas. La terca demanda de presentarles con vida obligó al Estado a legislar y crear un funcionariado sobre violencia política y derechos humanos.
En 2001 la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó, en la recomendación 26/2001, que existían indicios para considerar que mamá fue víctima de desaparición forzada; en 2002, tras la denuncia de la familia y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la entonces Procuraduría General de la República abrió la averiguación previa PGR/ FEMOSPP/030/20 que en 2007 cambió a SIEDF/CGI/503/2007.
En 2019 le asignaron el número 771 (de un poco más de 110 mil personas) del Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas de este país. En 2011 solicité a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que revisara el caso. Han transcurrido ocho sexenios presidenciales sin deslindar responsabilidades civiles ni militares. Desde 2021 me he entrevistado con 10 agentes y oficiales retirados de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El silencio continúa como consigna abrumadora: en 46 años no conocemos con certeza qué hicieron con mamá y quiénes fueron responsables. ¿Alguien podría convencerme de que en México la justicia es expedita, pronta, efectiva y de calidad?
Sigo buscando a Alicia porque la imagino en sus últimos alientos resistiendo a desaparecer entre violencia y olvido. En las calles grito su nombre, que significa “aquella que enuncia la verdad”. La búsqueda y la memorialización del pasado reciente siguen siendo esfuerzos de las familias y personas defensoras de derechos humanos.
Las expectativas de verdad y justicia se diluyen como en coyunturas pasadas. No nos iremos, somos unas profesionales de la paciencia. Más tarde, las personas desaparecidas colapsaron la negación, la impunidad y la desmemoria oficial y la sociedad toda se preguntará horrorizada: ¿cómo se permitió la catástrofe? La reflexión develará el futuro donde la vida importa y la no repetición sea posible. Habrá valido la pena no sucumbir a la soledad, el desprecio, la incertidumbre, la frustración y la tristeza.
*Hija de Alicia de los Ríos, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, desaparecida desde 1978