David Brooks, corresponsal / La Jornada
Nueva York. El gobierno de Joe Biden, después de consultas con Miami, impuso sanciones simbólicas contra el ministro de las fuerzas armadas y una unidad de fuerzas especiales de Cuba por supuestas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones anti gubernamentales en la isla hace una semana, y amenazó que “esto es sólo el inicio”.
Son las primeras medidas formuladas por el nuevo gobierno en Washington que para críticos parecen ser sólo la continuación de la política de intensificación del bloqueo de su antecesor en la Casa Blanca, y que por ahora ignoran las voces liberales del propio partido del presidente que buscaban que cumpliera con sus promesas electorales de retomar algunos aspectos de la política de normalización impulsada por Barack Obama.
Las medidas anunciadas este jueves, simbólicas ya que congelan bienes inexistentes y prohíben el ingreso de los sancionados a Estados Unidos, fueron consultadas primero por el propio Biden con líderes demócratas cubanoestadunidenses en Miami la noche del miércoles.
No hay otro caso en el que la política exterior de Estados Unidos sea consultada primero tan extensamente con exiliados o la diáspora del país afectado, confirman expertos a La Jornada, confirmando que en buena medida, sobre todo en la era posguerra fría, la política bilateral con Cuba no es resultado de alguna lógica geopolítica sino más bien de cálculos electorales en Florida.
Biden declaró que su país “continuará sancionando a individuos responsables por la opresión del pueblo cubano” y repitió su retórica sobre la promoción de la libertad y derechos humanos como ejes de su política exterior, y su denuncia del gobierno cubano. “Estados Unidos apoya a los cubanos valientes que han salido a las calles para oponerse a los 62 años de represión bajo el régimen comunista”, afirmó.
El Departamento del Tesoro, encargado de aplicar este tipo de sanciones a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció que las nuevas sanciones fueron aplicadas al general Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y toda la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior acusados de “represión de las protestas, incluso a través de actos de violencia física e intimidación bajo la Ley Global Magnitsky”.
El Tesoro informó que el programa de sanciones contra Cuba es “el más amplio de su tipo que administra OFAC”, ya que es la entidad encargada de administrar el embargo económico.
Biden, en una declaración, también indicó que éstas son sólo parte de un paquete de medidas junto con las ya anunciadas el lunes que incluyeron evaluar un mecanismo de envío de remesas que evite beneficiar al gobierno de la isla, buscar formas de ampliar el acceso a Internet en la isla, ampliar el personal diplomático en la embajada en La Habana para “reforzar nuestra capacidad de colaborar con la sociedad civil”, y aplicar más presión internacional incluso a través de la Organización de Estados Americanos, contra la isla.
Biden aseguró en su declaración que “los cubanoestadunidenses son un socio vital en nuestros esfuerzos” en la isla.
De hecho, la anunciado este jueves fue consultado primero con cubanoestadunidenses en Miami en la llamada de Biden el miércoles, informaron algunos de los participantes, entre ellos el presidente del Partido Demócrata estatal de Florida Manny Diaz, la alcalde de Miami-Dade Daniela Levine Cava, los ex diputados federales Joe Gracia y Debbie Mucarsel-Powell, un académico y una estrella de radio local, la operativa política Sasha Tirador, entre otros, reportó Politico. El influyente senador demócrata Bob Menéndez, jefe del Comité de Relaciones Exteriores, quien ha sido clave en negociar la “nueva” política de Biden, elogió las nuevas sanciones.