A LA OPINIÓN PÚBLICA:


A LA OPINIÓN PÚBLICA:

Quiero dirigirme a la ciudadanía en relación con los procedimientos administrativos en mi contra que se han hecho públicos las últimas semanas.

Estas acciones afectan mis derechos y ponen en riesgo la estabilidad del órgano electoral encargado de organizar el Proceso Electoral 2023-2024 en Oaxaca.

He decidido defenderme por todas las vías jurídicas de las decisiones que me han impuesto injustamente y que son ataques llenos de vicios jurídicos y procedimentales.

Por esas razones, denuncio públicamente al Encargado de Despacho de la Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, quien ha iniciado una persecución administrativa y política en mi contra desde 2023.

Denuncio también la utilización a modo del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca por obstruir el ejercicio de mis derechos político electorales.

Salvador Cruz Rodríguez ha intentado en cuatro ocasiones removerme del cargo de Presidenta del Consejo General del IEEPCO.

Su primer intento para coartar mis derechos ocurrió en septiembre de 2023; pero promoví junto con el INE un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el que fui reinstalada inmediatamente.

El segundo, ocurrió el pasado 10 de abril de 2024, cuando a raíz de una denuncia hecha por Cruz Rodríguez, el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca me inhabilitó por un año por supuestas irregularidades administrativas de las que ni siquiera tuve oportunidad de revisar el expediente, porque Cruz Rodríguez logró reservarlo.

Esa sanción, como el propio Tribunal lo dijo y la ley lo señala, debe ejecutarse cuando se agoten todos mis medios de defensa, y no de forma inmediata e ilegal.

Pero no fue así. Al día siguiente fui notificada de una Aclaración de Sentencia en la que el Tribunal, en franca violación a los principios de legalidad y certeza, modificó los términos de su propia resolución inicial, lo cual es un delito. El Tribunal planteó que la sanción surtiría efectos a partir de que se me notificara la sentencia; sin dejarme agotar los recursos jurídicos que la constitución y los tratados internacionales me otorgan.

En el tercer intento por anular mis derechos, el día de ayer, la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Administrativo me notificó una sentencia en la que resuelve otra inhabilitación por tres años, esto, horas después de que el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca me concediera la suspensión en el amparo por la primera inhabilitación y me restituyera como Presidenta del Instituto.

Finalmente, Cruz Rodríguez me inició una Carpeta de Investigación por Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades. En ese proceso penal se han presentado situaciones atípicas, en las que el Juez de Control de Tanivet ha programado audiencias con una prontitud inusitada y en el que incluso me libraron una orden de comparecencia con tratos bruscamente diferenciados.

Con las Agentes del Ministerio Público adscritas a la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción, pretende formularme imputación sin que previamente mi defensa y yo hayamos tenido acceso a la carpeta de investigación, lo cual es un derecho fundamental que no se está respetando.

Desde ayer he acudido a la audiencia de imputación, la Fiscalía se ha negado a dotarme de las condiciones que constitucionalmente son mi derecho tener, acusando una imposibilidad material para entregarme de manera física la carpeta de investigación que tiene más de 5 mil hojas.

Apenas hoy, a las 05:30 de la madrugada, me fue entregada la carpeta de investigación de manera digital; y esperan que yo sí tenga la capacidad material de imprimirlas y analizarlas en breve tiempo antes de la reanudación de la audiencia que se lleva a cabo hoy desde las 09:00 de la mañana.

Además, en esa reanudación se ha evidenciado que nos están ocultando un expediente de casi 800 hojas y, hasta ahora, no nos ha sido entregada.

Esto significa que la fiscalía no está cumpliendo con su obligación, ya que me está trasladando la obligación de generar una copia física de mi carpeta de investigación, violando así mi derecho de acceso pleno a la misma. Esto, es una violación total a mis derechos humanos por lo que procederé por todas las vías legales.

Lo más peligroso de todo esto, es que la unidad de medidas cautelares determinó que yo represento un riesgo alto para la sociedad, los testigos y la víctima (que curiosamente es el Contralor). Por ello, el que se me imponga una medida cautelar consistente en la prisión preventiva y me priven de mi liberad es inminente. Por eso también hago un LLAMADO URGENTE a organizaciones de la sociedad civil y a los organismos internacionales de Derechos Humanos: lo que me está ocurriendo es una violación grave al sistema que debería protegernos de los abusos del estado.

No queda duda de la persecución en mi contra de Cruz Rodríguez y de su empeño en obstruir mis derechos político electorales.

Por esa razón manifiesto a la ciudanía que seguiré defendiéndome en las instancias correspondientes hasta encontrar justicia, no dejaré que los actos del encargado de la contraloría general sigan manchando mi nombre.

Como indígena zapoteca y primera mujer designada por el INE para presidir el IEEPCO, no permitiré que el abuso de poder e intereses personales tanto de Salvador Cruz Rodríguez como del Tribunal de Justicia, impidan que ejerza el cargo.

Salvador Cruz es la cara de la violencia machista a la que nos enfrentamos las mujeres en las instituciones, es la cara del techo de cristal que impide que nos desempeñemos y que sigamos avanzando en el ámbito público. Es la cara de las barreras a las que nos enfrentamos las mujeres para participar en la toma de decisiones de la vida pública y anular nuestros derechos político electorales. Pues el encargado de la contraloría no actuó con esa obsesión y empeño contra la administración anterior, que fue encabezada por un hombre.

Lo que sucede hoy, no se trata sólo de un atentado contra mis derechos, es un claro atentado contra la imparcialidad, la autonomía de los órganos electorales, y el Sistema Nacional de Elecciones. La reforma electoral de 2014 buscó arrebatar del poder la posibilidad de interferir en las elecciones locales. Por ello, esta persecución afecta también a la sociedad oaxaqueña y mexicana.

Estos actos afectan el desarrollo del proceso electoral ordinario en curso, ya que a 36 días de la Jornada electoral persiste un empeño en poner en riesgo los derechos político electorales de la ciudadanía oaxaqueña.

Dado que se está haciendo uso de diversas instituciones públicas para impedir a toda costa que ejerza el cargo, estoy preparando una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de que sea resguardada mi integridad, vida, trabajo, libertad personal, así como la de mi familia y personas que colaboran conmigo, que también han sufrido los embates institucionales.

Por lo anterior, hago responsables a las autoridades administrativas y judiciales de mi integridad física, psicológica y emocional, y la de mi equipo de trabajo y de mi familia, debido a la persecución administrativa y judicial de la que estoy siendo objeto.

Atentamente.

Elizabeth Sánchez González