Redacción
BBC News Mundo/New York Times
Las autoridades de Nicaragua arrestaron a Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, dos potenciales contrincantes del presidente Daniel Ortega en las elecciones previstas para el próximo 7 de noviembre.
Maradiaga fue acusado de «terrorismo» y conspiración contra la soberanía e independencia de Nicaragua. Está siendo investigado en virtud de una controvertida nueva ley de seguridad aprobada en diciembre por el gobierno de Ortega.
Chamorro, por su parte, es acusado de «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos», informó la Policía Nacional.
Estados Unidos calificó a Ortega de «dictador» tras los arrestos.
Las de Maradiaga y Chamorro son la tercera y cuarta detención de posibles contrincantes de Ortega a cinco meses de la fecha de los comicios.
La semana pasada, la líder opositora Cristiana Chamorro fue puesta bajo arresto domiciliario por presunto lavado de dinero, acusación que ella niega.
Y el sábado otra figura de la oposición, Arturo Cruz, fue detenido en el aeropuerto de Managua cuando llegaba de Estados Unidos.
El presidente Ortega, de 75 años, busca un cuarto mandato consecutivo.
Maradiaga, de 44 años y probable candidato presidencial de la coalición Unidad Nacional Azul y Blanco, fue detenido después tras ser citado a una audiencia en la Fiscalía de Managua.
Según los informes, la policía detuvo al opositor y su abogado en su auto después de salir de la oficina.
LOS ARRESTOS
Un vocero de la oposición dijo que la policía había golpeado a Maradiaga durante el arresto y que se desconocía su paradero.
«Está siendo investigado por realizar actos que amenazan la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitando a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pidiendo intervenciones militares», reza un comunicado de la policía.
También por «organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización», añadió.
Chamorro, sobrino político de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro y precandidato presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, fue detenido en su residencia, al sur de Managua, que también fue allanada por la Policía Nacional, según reportó la agencia Efe.
CONDENA INTERNACIONAL
Los arrestos provocaron una rápida condena de la jefa de la diplomacia estadounidense para América Latina.
«El arresto arbitrario del candidato presidencial Félix Maradiaga (…) debería resolver cualquier duda restante sobre las credenciales de Ortega como dictador», dijo Julie Chung.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, también expresó su preocupación en Twitter: «En los últimos 30 años, nunca había visto algo así. Se necesitan con urgencia esfuerzos multilaterales para detener a Ortega».
Los cargos contra los opositores derivan de una ley aprobada en diciembre que apunta a «quienes piden, celebran y aplauden la imposición de sanciones contra el Estado nicaragüense».
Sus partidarios dicen que es para defender la soberanía de Nicaragua contra la influencia extranjera hostil, pero los críticos aseguran que está diseñada para evitar que los políticos de la oposición se presenten a las elecciones.
Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones contra Ortega y su gobierno.
En tanto, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, aludió este martes por segundo día consecutivo a las investigaciones de la Fiscalía contra los opositores, a quienes llamó «ladrones», «terroristas» y «criminales».
«Se creen eternamente impunes, (pero) la Justicia llega, tarde pero llega, en esta Nicaragua que venía prosperando y en reconciliación y en un modelo hermoso y ejemplar de alianzas por el bienestar de todos», dijo Murillo en alusión al pacto que Ortega tuvo con la empresa privada hasta la rebelión social de 2018.
OPOSITORES EN PRISIÓN
Arturo Cruz, de 67 años, se encuentra en prisión preventiva mientras los fiscales investigan las denuncias de «provocación… y conspiración para atentar contra la integridad nacional».
Cristiana Chamorro, también de 67 años, fue puesta bajo arresto domiciliario días después de anunciar que buscaría convertirse en la candidata presidencial de la opositora Alianza Ciudadana.
Muchos en la oposición la ven como la mejor esperanza de ganar a Ortega en las urnas. Su madre lo derrotó en las elecciones presidenciales de 1990.
DORA MARÍA TÉLLEZ, LA COMANDANTE 2,
DETENIDA POR EL DICTADOR DANIEL ORTEGA
Dora María Téllez, una de las rebeldes clave de la Revolución Sandinista de finales de los 1970 en Nicaragua, se encuentra entre las figuras de oposición detenidas por el gobierno del presidente Daniel Ortega, en una nueva oleada de arrestos este fin de semana.
Además de Téllez, otras cuatro personas críticas del gobierno fueron arrestadas el domingo, incluyendo otros disidentes sandinistas y antiguos aliados de Ortega, como el general en retiro Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco, que ocupó el cargo de vicecanciller (1979-1990).
Con ellos ya van 12 opositores detenidos en las últimas semanas, entre las que se encuentran cuatro candidatos aspirantes a las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre que ahora han quedado inhabilitados.
El gobierno los acusa de «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos» y «pedir intervenciones militares» entre otros supuestos crímenes. Pero los críticos indican que se trata de una estrategia de Daniel Ortega para garantizar su reelección y perpetuarse en el poder.
Ortega fue líder del primer gobierno sandinista en Nicaragua en 1979 tras el triunfo de la revolución y fue elegido presidente en 1984. Tras ser derrotado en 1990, regresó al poder en 2007 y fue reelegido en 2011 y 2016 tras una reforma constitucional que le permitió postularse nuevamente.
Los detenidos este fin de semana son miembros de Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, un partido de oposición conformado mayoritariamente por disidentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega cuyo movimiento revolucionario derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.
LA COMANDANTE 2
Una figura histórica en esa lucha revolucionaria fue Dora María Téllez, una estudiante de medicina que fue reclutada por el FSLN con el que combatió en el llamado Frente Norte, desarrollando insurrecciones en zonas urbanas de Nicaragua.
Conocida como la Comandante 2, fue una de las líderes del asalto al Palacio Nacional en 1978, donde sesionaba la Asamblea Nacional de Nicaragua. Los rebeldes tomaron como rehenes a civiles y políticos exigiendo la liberación de prisioneros políticos, rescate en dinero y la publicación de sus manifiestos por diferentes medios.
Téllez fue inmortalizada en la crónica de Gabriel García Márquez del asalto describiéndola como «una muchacha muy bella, tímida y absorta, con una inteligencia y un buen juicio que le habrían servido para cualquier cosa grande en la vida».
Ese operativo puso al descubierto la vulnerabilidad del régimen y miles de jóvenes se unieron al movimiento sandinista que finalmente contribuyó a la caída de Somoza.
Después del triunfo de la revolución, Téllez fungió como ministra de Salud del primer gobierno sandinista y también fue vicepresidenta del Consejo de Estado y diputada.
En 1995, desencantada con el rumbo que tomaba Daniel Ortega, fundó el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) junto con Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco entre otros.
En junio de 2008, Téllez realizó una huelga de hambre de una semana cerca del Consejo Electoral Supremo en Managua, cuando el presidente Ortega invalidó al MRS como partido político, de tal forma que quedó excluido las elecciones municipales de ese año.
El MRS se transformó en el partido UNAMOS.
ZARPAZOS DESESPERADOS
«Son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal, que no tiene justificación alguna desde el punto de visto institucional-jurídico, como para permanecer en el poder más allá de noviembre de este año, en el que tendrían que realizarse elecciones libres y supervisadas», declaró Hugo Torres antes de su arresto por la policía.
Entre los arrestados también se encuentran otras activistas de UNAMOS, Daysi Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona.
La mayoría de los arrestados están acusados de conspirar «contra la independencia, soberanía y autodeterminación» de Nicaragua y de «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares».
Están siendo detenidos bajo la nueva polémica ley 1055 que fue promulgada en diciembre por la Asamblea Nacional que está dominada por aliados del gobierno.
Según esta ley, el gobierno tiene potestad de vetar a candidatos y excluirlos de la contienda electoral si se les consideran traidores a Nicaragua. Cualquiera señalado de traición puede enfrentar una sentencia de prisión de hasta 15 años.
El gobierno de Daniel Ortega sostiene que el país está bajo amenaza de poderes imperialistas en Estados Unidos y de intentos internos golpistas, pero los críticos afirman que la ley está diseñada para evitar que políticos de oposición se postulen a la presidencia.
En las dos semanas anteriores fueron arrestados cuatro posibles contrincantes de Ortega: Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Y otros opositores están actualmente bajo arresto.
EE.UU., Reino Unido y la Unión Europea impusieron sanciones contra funcionarios nicaragüenses.
Julie Chung, subsecretaria asistente para América Latina del Departamento de Estado de EE.UU., tildó los arrestos de «arbitrarios» y denunció en Twitter lo que llamó la «campaña de terror» de Ortega.
EN NICARAGUA SE PROFUNDIZA LA
REPRESIÓN Y DEMOCRACIA PELIGRA
Managua, Nicaragua, junio 2021. New York Times.- Los candidatos de la oposición han sido detenidos. Las protestas se han prohibido. Y los partidos políticos han sido descalificados.
A meses de postular a la reelección, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, deja al país a un paso de convertirse en un Estado de partido único, al tomar medidas drásticas contra la oposición a un grado que no se ha visto desde la brutal represión de las protestas antigubernamentales de 2018, dicen los expertos.
Las medidas agresivas de Ortega son un inesperado desafío para la gestión de Biden, que ha hecho del fortalecimiento a las democracias centroamericanas un pilar de su política exterior en la región.
La mano dura de Ortega alcanzó un punto de inflexión el miércoles, luego de que su gobierno acusó a Cristiana Chamorro, una de las principales candidatas de oposición, de lavado de dinero y “falsedad ideológica” y la puso bajo arresto domiciliario horas después de anunciar sus planes de postular a la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre. Otro candidato, Arturo Cruz, fue detenido el sábado por la policía por supuestamente “conspirar contra la sociedad nicaragüense”.
La policía ha confinado a sus hogares a otros tres aspirantes presidenciales, que no han sido acusados formalmente de ningún cargo, lo que en la práctica impide que realicen campañas electorales.
“Ortega está a punto de acabar con toda la competencia política en el país”, comentó Eliseo Núñez, un analista político y activista opositor nicaragüense. “Estamos muy cerca de llamar a esto de una dictadura”.
La velocidad con que Nicaragua se ha precipitado hacia el autoritarismo ha tomado por sorpresa incluso a muchos de los oponentes de Ortega.
Ortega, otrora líder de la junta revolucionaria de Nicaragua, ha desmantelado gradualmente las instituciones democráticas del país y sofocado la disidencia desde que regresó al poder en 2007 tras ganar unas elecciones democráticas. Más de 320 personas, en su mayoría manifestantes, murieron en protestas contra su gobierno en 2018, lo que la convierte en la peor ola de violencia política en América Latina en tres décadas.
Las protestas ayudaron a sumir a uno de los países más pobres de la región en una recesión económica prolongada y condujeron a la imposición de sanciones estadounidenses contra los principales funcionarios de Ortega, incluida su esposa, Rosario Murillo, quien es la vicepresidenta y su portavoz.
Ortega, intentando aliviar la presión económica e internacional, inició un diálogo con la oposición tras las protestas y estableció un plazo con la Organización de Estados Americanos el año pasado para lograr que el sistema electoral nicaragüense sea más justo.
Pero al acercarse el plazo para la reforma, Ortega viró radicalmente hacia la represión. Ha nombrado a sus partidarios al consejo supremo electoral. Introdujo una serie de leyes que permiten a sus funcionarios detener o descalificar a cualquier ciudadano que haya expresado críticas al presidente, incluidos periodistas y políticos.
“Ortega hizo todo lo contrario de lo que se esperaba”, observó Carlos Tünnerman, un ex alto funcionario del gobierno revolucionario de Ortega en los años ochenta. “Ha demostrado que está listo para hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder”.
La medida más audaz del gobierno hasta ahora ha sido el arresto sorpresivo de Cristiana Chamorro, heredera de una de las familias más ricas e influyentes de Nicaragua y cuya madre derrotó a Ortega en las elecciones de 1990. Hasta hace poco, Chamorro dirigía una fundación que capacitaba a periodistas independientes de Nicaragua con fondos recibidos parcialmente de Estados Unidos, lo que llevó al gobierno a acusarla de lavado de dinero y subversión.
En la actualidad solo un grupo creíble de la oposición tiene la posibilidad legal de participar en las elecciones de noviembre y representa la última esperanza para los opositores de Ortega. La agrupación, llamada Ciudadanos por la Libertad, está en el proceso de elegir a su candidato presidencial, quien se convertiría de hecho en estandarte de una oposición por lo general indisciplinada.
Los analistas políticos indican que un candidato serio de Ciudadanos por la Libertad tendría buenas oportunidades de movilizar al grueso de los votantes nicaragüenses que no apoyan al gobierno y presentar una amenaza electoral de importancia al partido gobernante.
Ortega parece no estar dispuesto a permitirlo. El viernes, la junta electoral, aliada del gobierno, hizo una amenaza velada de prohibir a cualquier candidato que no cumpla con las nuevas leyes que criminalizan la disidencia política.
Los líderes opositores comentaron que la nueva directriz permite que los funcionarios electorales tengan el poder de suspender a cualquier candidato que represente una amenaza seria para Ortega o el candidato de su elección para que en la práctica no enfrente oposición.
“Están claramente abiertos a dar ese último paso”, dijo Félix Maradiaga, uno de los finalistas en la carrera por la nominación de Ciudadanos por la Libertad a candidato presidencial.
El mismo Maradiaga ha estado periódicamente en arresto domiciliario desde noviembre sin que se le hayan presentado cargos.
La vocera de Ortega, Murillo, no respondió a un pedido de comentarios sobre las detenciones de los candidatos de la oposición.
El rápido deterioro de las protecciones democráticas de Nicaragua ha presentado un desafío para la gestión de Biden, que ya estaba teniendo dificultades para detener el creciente autoritarismo en Centroamérica.
Funcionarios y congresistas estadounidenses respondieron a la detención de Chamorro con amenazas de imponer nuevas sanciones contra Ortega.
“Definitivamente estamos viendo qué acciones vamos a tomar para responder” a la represión política, dijo el sábado a la Voice of America el principal asesor de la Casa Blanca para América Latina, Juan González.
La fuerte dependencia de Nicaragua de las exportaciones preferentes a Estados Unidos y los créditos de prestamistas internacionales financiados por Estados Unidos significa que las sanciones son una seria amenaza económica para Ortega, dijo Tiziano Breda, analista centroamericano de International Crisis Group.
Pero la introducción de sanciones de importancia podrían conducir a la ya contraída economía de Nicaragua a una crisis, impulsando un nuevo éxodo de migrantes de la región hacia Estados Unidos.
“Ortega ya ha presidido una economía de guerra; está demostrando que está dispuesto a repetir la historia”, comentó Breda. “La pregunta es: ¿Estados Unidos está dispuesto a afrontar las consecuencias de sus acciones?”