Múltiples irregularidades en otorgamiento de empréstitos.
Incumplen normas; ex diputado involucrado en desfalcos.
CDI no aplicó más de 5 mil mdp a favor de los indígenas.
Amañado otorgamiento de contratos de obra a empresas.
Firman y pagan por trabajos que no se realizaron al 100 %.
Nancy Flores/ Zósimo Camacho
La cartera de financiamiento de Fircampo, SA de CV, registró una serie de anomalías que podrían representar un desfalco millonario contra el patrimonio de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (también conocida como Financiera Rural).
Los hechos fueron detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2016, pues la Sofom (sociedad financiera de objeto múltiple) funge como intermediario de la Financiera Rural en Guadalajara, Jalisco.
De acuerdo con la ASF, en 2015 Fircampo obtuvo un fondo de 170 millones 22.3 mil pesos del erario, mismos que en agosto de 2016 fueron declarados en cartera vencida por la Financiera Nacional de Desarrollo.
La Auditoría Superior analizó directamente el caso. Por ello, practicó una revisión documental a 10 acreditados finales con los que Fircampo operó en 2015. Al respecto, detectó un descontrol en los expedientes, al observar que no hay orden en su integración.
FALSIFICACIÓN DE FIRMAS Y DEMÁS…
Aunado a ello, los estados financieros integrados en los expedientes no contaban con firmas. Anomalía que se repitió en los acuerdos de autorización de crédito, dictamen jurídico y reportes de supervisión elaborados por el propio Fircampo; en el caso de los documentos que sí contaron con firmas, éstas no se correspondieron con las que se exhibían en la identificación oficial.
La ASF detectó que un pagaré, por 2 millones 150 mil pesos, no contó con fecha de vigencia; y que la póliza de aseguramiento número 3531500002086 amparó un tractor por 807.5 mil pesos, cuando su valor es de 230 mil pesos.
Además, identificó una operación triangulada entre dos acreditados, en la que uno de ellos obtuvo un crédito del Fircampo para la adquisición de un tractor por 300 mil pesos, y a su vez emitió una cotización del tractor a otro acreditado, quien pagó la compra por transferencia.
Según la ASF, el intermediario también presentó reportes en los que el domicilio en donde se aplicaron los conceptos de inversión difiere del referenciado en los contratos de crédito.
EX DIPUTADO INMISCUIDO
Otra irregularidad se detectó en dos créditos –por 6 millones 500 mil pesos– que carecieron de la comprobación de los bienes de inversión. La Auditoría señala, además, que en las instalaciones de Fircampo los auditores observaron la “imagen política de un exdiputado”, sin revelar su nombre ni la relevancia de este hecho en el caso.
Al visitar a un beneficiario de los créditos –un ejido en el municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco–, los auditores federales comprobaron que la intermediaria no siempre exige garantías por el dinero prestado. “Fircampo informó que, como medida preventiva, requieren garantías a los pequeños productores, la cual no siempre queda formalizada en el contrato, situación que se contrapone con el programa autorizado por el gobierno federal para la Financiera Nacional de Desarrollo”.
Para la Auditoría Superior, la Agencia de Crédito Rural Guadalajara –dependiente de la Financiera Rural y quien otorgó los más de 170 millones de pesos al Fircampo– omitió supervisar a dicha intermediaria y a sus acreditados finales, e incurrió en falta de transparencia en sus operaciones de crédito.
Ante estas irregularidades –que no fueron solventadas durante el periodo de confrontación–, la ASF determinó una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria ante el Órgano Interno de Control en la dependencia, “para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Agencia de Crédito Rural Guadalajara, que en su gestión, no supervisaron las operaciones del intermediario financiero rural Fircampo, SA de CV, SOFOM, ENR”.
SÓLO SE EMITIERON RECOMENDACIONES
Por este caso, la Auditoría también recomendó a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero fortalezca sus mecanismos de control, supervisión y seguimiento a los intermediarios financieros rurales, a fin de que las operaciones que éstos realizan cumplan con los marcos normativos que los regulan.
En su página de internet, Fircampo se promociona como una institución dedicada “al otorgamiento de crédito. Recibe préstamos o créditos de la banca de desarrollo, banca privada, fondos y programas del gobierno federal, estatal y municipal de fomento económico.
“Somos tu fuente de financiamiento para impulsar actividades agropecuarias, forestales, pesqueras, acuícolas, ambientales, mineros, vivienda y todas las actividades vinculadas al sector agropecuario, medio rural e indígena. Otorgamos financiamiento oportuno al más alto nivel de calidad, bajo las mejores tasas para productores involucrados en el sector agropecuario y rural de México.”
CDI, IRREGULARIDADES POR MÁS DE 500 MDP
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México (Cdi) ejerció –en nombre supuestamente del mejoramiento de la vida de las naciones, pueblos y tribus indias de este país– un presupuesto de más de 5 mil millones de pesos durante 2015. Le había sido autorizado, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un monto superior a los 7 mil 300 millones; sin embargo, luego de los “ajustes presupuestales” que ordenó para todo el gobierno federal, le fueron recortados casi 2 mil 300 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditó una muestra de apenas el 17.5 por ciento del total del presupuesto ejercido por la Cdi. Se trató de la revisión de 75 contratos para obras en Guerrero, Hidalgo y Michoacán por 792 millones 561 mil pesos, y de la celebración de tres convenios específicos con la Comisión Federal de Electricidad por 93 millones 102 mil pesos. Así, el monto total de lo auditado por el órgano de fiscalización ascendió a 885 millones 663 mil pesos.
IRREGULARIDADES EN CONTRATOS Y EMPRESAS
Nueve contratos por más de 140 millones, que se adjudicaron a empresas privadas para la realización de obras, presentaron irregularidades que van del incumplimiento de las bases de la convocatoria a la presentación de propuestas de empresas supuestamente independientes entre sí pero que registraron la misma maquinaria.
Por ello, la ASF emitió una recomendación para que, en lo subsiguiente, los funcionarios de la Cdi adjudiquen los contratos “a empresas que cumplan con los requisitos establecidos en las bases de licitación, a fin de que los procesos de licitación se realicen con imparcialidad y transparencia”.
Pero también realizó promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los funcionarios que no desecharon las propuestas de las empresas que incumplieron con los requisitos y que finalmente resultaron “ganadoras”.
En otros 14 contratos, las empresas privadas no concluyeron las obras en el periodo estipulado. Y resulta que la Cdi no aplicó ninguna penalización. De haberlas aplicado, la Cdi hubiera recibido 1 millón 651 mil 900 pesos. También la ASF promovió la investigación y la sanción contra los funcionarios que no aplicaron las penalizaciones.
SÓLO SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Además, en 48 obras públicas por 447 millones 522 mil 100 pesos la Cdi nunca contó con las autorizaciones para que fueran realizadas: oficios de validación técnica, manifestaciones impacto ambiental, validaciones de aprovechamiento del agua y/o estudios de costos de operación y mantenimiento. En efecto, la ASF promovió de nuevo responsabilidades administrativas sancionatorias.
Del total de las obras realizadas por la Cdi para supuesto beneficio de las poblaciones indígenas, el órgano fiscalizador sólo inspeccionó físicamente 10. En una de ellas encontró –contrato CDI/HGO/1301/OP/2015– que la empresa no concluyó en tiempo y forma los trabajos y la Cdi no aplicó penalización alguna; por el contrario, firmó el acta de entrega-recepción de la obra sin que ésta estuviera concluida y pagó completo.
Se trata de la construcción del camino rural Fontezuelas-Tlamaya, en el estado de Hidalgo. De acuerdo con el contrato y dos posteriores convenios, la Cdi pagaría por la obra 21 millones 152 mil 400 pesos. Se estipuló que los trabajados iniciarían el 29 de mayo de 2015 y concluirían el 24 de noviembre de ese mismo año.
Sin embargo, “la empresa contratista no ejecutó la obra conforme lo pactado en el contrato”, ya que en un tramo de la carretera los trabajos no se concluyeron y, en otro, “hubo deficiencias en su acabado”. Con todo, la Cdi pagó en su totalidad, en mayo de 2016.
PAGAN POR OBRAS NO EJECUTADAS
Todavía más: la empresa reportó un avance del ciento por ciento en el documento que presentó a la Cdi, “Seguimiento de Avances Físicos y Financieros”, el 31 de diciembre de 2015, a sabiendas de que la obra no estaba concluida. Y la dependencia gubernamental aceptó firmar el acta de entrega recepción de la obra el 14 de enero de 2016. En realidad los trabajos concluyeron hasta el 30 de septiembre pasado.
Fue gracias a la intervención de la ASF que la Cdi requirió a la empresa contratada el reembolso de 1 millón 252 mil 100 pesos, “derivado del cálculo de los trabajos no ejecutados, que incluye el cálculo de las penalizaciones por 926 mil 200 pesos y 325 mil 900 pesos por los intereses derivados del atraso en la aplicación de los recursos”. Por supuesto, la Auditoría inició una “promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria”.
En esta pequeña revisión de la ASF se pudieron comprobar irregularidades en contratos por más de 500 millones de pesos. Lo peor es que seguramente estas “promociones sancionatorias” de la Auditoría harán apenas sonreír a los funcionarios. ¿Así es como la Cdi sirve a la población y a las comunidades indígenas, siendo “sensibles a sus necesidades, a entenderlas y atenderlas, a conocerlas y reconocerlas”, como reza en su página electrónica?
FRAGMENTOS
Mientras, un esfuerzo realmente indígena avanza muy lejos de las instituciones asistencialistas de gobierno; muy lejos de las organizaciones corporativistas, e incluso, muy lejos de los partidos de “izquierda” con registro electoral. Se multiplican en el territorio mexicano las reuniones y “conversatorios” convocados por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) rumbo a la conformación de un Concejo Indígena de Gobierno. Familiares del mayor jaramillista Félix Serdán y el Instituto Cultural Rubén Jaramillo están invitando a discutir, en Morelos, la propuesta del CNI y el EZLN. Los trabajos, a realizarse los días 8 y 9 de abril, constituirán también un homenaje al general Emiliano Zapata en su 98 aniversario luctuoso.
