Eduardo Ruíz-Healy
La amenaza de Donald Trump de imponer un arancel del 25% a productos provenientes de México y Canadá generó preocupación en estos países. La justifica como una medida para combatir la migración ilegal y el tráfico de drogas, olvidándose que, de cumplirla, golpeará a la economía de América del Norte
Para México, los aranceles harán que las exportaciones no petroleras hacia EEUU se reduzcan hasta en un 26%, afectando gravemente a industrias clave como la automotriz y la maquiladora.
En lo que al PIB mexicano se refiere, algunos analistas proyectan una caída de entre 1.5% y 2.5% en 2025, equivalente a una pérdida de 18,000 a 30,000 millones de dólares. Otros advierten que podría ser aún mayo. Factores como la reubicación de empresas a EEUU, el impacto en las remesas y la disminución de la inversión extranjera directa podrían causar una caída que supere el 2.5%.
La inflación en México también se verá afectada, con proyecciones que indican un aumento de entre 2 y 3 puntos porcentuales, erosionando significativamente el poder adquisitivo de los de por sí golpeados consumidores. Naturalmente, la desocupación laboral aumentará.
EEUU también sufrirá. Los consumidores enfrentarían un aumento en los precios de productos importados. Los analistas sugieren un incremento en la inflación de 1 a 2 puntos porcentuales y una reducción del PIB de entre 0.2% y 1.0%, representando una pérdida de 40,000 a 200,000 millones de dólares.
La presidenta Claudia Sheinbaum le envió ayer una carta a Trump en la cual señala una reducción del 75% en los encuentros fronterizos entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 y destaca los esfuerzos de México en la lucha contra el narcotráfico. Advierte que los aranceles afectarán negativamente a ambas economías y hace un llamado al diálogo como la mejor vía para abordar estos desafíos compartidos.
Hay que tener presente que el estilo político de Trump se caracteriza por su resistencia a cambiar de opinión una vez que ha tomado una decisión. Su enfoque tiende a priorizar percepciones personales sobre argumentos racionales, lo que plantea dudas sobre la efectividad de la respuesta diplomática de la presidenta.
Al decidir imponer el arancel, Trump ignora deliberadamente la interdependencia entre ambas economías, optando por medidas unilaterales que buscan aumentar su popularidad entre el 60% de los estadounidenses que ven con malos ojos a México. También ignora el hecho de que las soluciones efectivas a problemas complejos como la migración y el narcotráfico requieren un enfoque colaborativo, no medidas unilaterales.
Su amenaza no solo es irresponsable, sino que subestima las consecuencias adversas para ambos países. En México, la presidenta Sheinbaum enfrenta el desafío de demostrar su liderazgo ante el pueblo y frente a una oposición lista para capitalizar cualquier error. En Estados Unidos, Trump adopta una medida que refleja su estilo de gobierno unilateral, desafiando la cooperación bilateral. Es crucial que él y la presidenta busquen y encuentren soluciones que aborden las preocupaciones mutuas sin comprometer la salud económica de ambos países. El futuro de las relaciones comerciales México-EEUU dependerá en gran medida de cómo se maneje esta situación en los próximos meses.
TRUMP Y SUS ARANCELES
El 20 de enero entrante Donald Trump impondrá aranceles del 25% a las importaciones provenientes de México y Canadá, y de un 10% adicional a los que hoy se gravan a las de China. Su objetivo: combatir la migración ilegal y el tráfico de fentanilo, además de proteger la economía de EEUU. Su decisión originará severos impactos económicos y sociales, afectando en mayor o menor grado a los cuatro países, En Norteamérica, México sufrirá más que Canadá y EEUU las consecuencia de su estúpida decisión, algo que no dijo ayer el secretario de Economía Marcelo Ebrard en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
80% de las exportaciones mexicanas van al mercado estadounidense y los aranceles reducirán las ventas de productos clave como automóviles, autopartes y alimentos hasta en un 26%, lo que significa a una pérdida del PIB de México de entre 1.5% y 2.5%, o cerca de 30 mil millones de dólares.
El sector automotriz, que emplea a un millón de personas, será uno de los más afectados. Algunas plantas cerrarán dejando a decenas de miles sin empleo. Asimismo, los productores agrícolas, especialmente de aguacates y tomates, enfrentarán una menor demanda, lo que golpeará directamente a las economías rurales.
Los despidos masivos aumentarán la presión social y económica, el peso se depreciará más, encareciendo las importaciones y aumentando la inflación y, sin oportunidades laborales, más mexicanos irán a EEUU, contradiciendo el propósito de los aranceles.
Aunque menos dependiente del comercio internacional, EEUU también sentirá los efectos de los aranceles. Los consumidores pagarán más por muchos productos. Los aguacates se volverán inasequibles para muchos, los vehículos se encarece unos 2000 a 3000 dólares y un hogar promedio enfrentará un incremento de 2600 dólares anuales en sus gastos.
El sector automotriz de EEUU, que depende de piezas y vehículos importados de México y Canadá, también sufrirá. Los costos de producción subirán y una reducción en las ventas provocará despidos en estados como Michigan y Ohio. Además, la inflación resultante podría forzar a la Reserva Federal a mantener tasas de interés elevadas, desacelerando la economía en sectores como la vivienda y el comercio minorista.
Para mitigar estos efectos, Trump podría considerar exentar del arancel a productos esenciales, como alimentos, otorgar incentivos fiscales para aumentar la producción local de muchos productos, especialmente automóviles, crear programas temporales de apoyo a las familias afectadas por los aumentos de precios y desde una posición de poder renegociar el T-MEC ventajosamente para EEUU.
México sufrirá más que EEUU porque carece de la resiliencia económica de ese país. Con menos herramientas para enfrentar una crisis comercial, su dependencia de las exportaciones y de las remesas que se envían desde EEUU lo hace extremadamente vulnerable. Además, el impacto social de los aranceles exacerba problemas como la pobreza y la desigualdad, generando un ciclo de inestabilidad y, seguramente, más violencia.
Urge encontrar soluciones diplomáticas que minimicen los riesgos para ambas naciones, sobre todo para México. Sin cooperación, los aranceles desatarán una crisis de alcance regional, con perdedores en ambos lados de la frontera.
18 MIL 447 ABOGADOS
ASPIRAN A SER JUZGADORES
El proceso de selección de jueces en México ha arrojado cifras que merecen un análisis detallado. Con 18,447 personas registradas para participar en la elección de personas juzgadoras, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo enfrenta una tarea monumental. Lo anterior fue dado a conocer por el ministro en retiro Arturo Zaldívar durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el lunes 25 de noviembre.
Antes del cierre del registro, varios analistas y expertos en derecho expresaron escepticismo sobre la efectividad del proceso de selección popular de jueces. Argumentaban, sobre todo, que no habría una respuesta adecuada a la convocatoria, lo que podría llevar a un número bajo de registros.
Los números hablan por sí solos: 6,101 mujeres, 10,862 hombres y 105 personas no binarias buscan un lugar en el sistema judicial. Esta disparidad de género plantea interrogantes sobre la representatividad en la judicatura mexicana.
Para la Suprema Corte, 480 aspirantes compiten por 9 plazas. El Tribunal de Disciplina atrae a 333 candidatos para 20 puestos. La Sala Superior del Tribunal Electoral tiene 77 interesados para solo 2 vacantes. Estos números reflejan un interés significativo en los altos cargos judiciales.
En los niveles intermedios, 5,192 personas aspiran a 2,784 puestos de magistrados. Para jueces de distrito, 10,599 candidatos buscan 2,316 plazas. Esta sobresaturación de aspirantes presenta un desafío logístico para el comité evaluador.
El proceso de insaculación reducirá estas cifras. Por ejemplo, de 480 aspirantes a ministros, solo 27 llegarán a la etapa final. Este filtro busca asegurar que solo los perfiles más calificados alcancen las posiciones clave.
El comité tiene hasta el 14 de diciembre para analizar los perfiles. Posteriormente, los finalistas enfrentarán entrevistas públicas. Este calendario ajustado exige eficiencia en la evaluación de miles de expedientes.
La magnitud de esta convocatoria plantea preguntas cruciales: ¿Cómo garantizar la objetividad en la selección? ¿Qué criterios prevalecerán para elegir entre tantos candidatos? ¿Logrará este proceso la renovación judicial que México necesita? ¿Podrá el sistema de elección popular favorecer a candidatos carismáticos en lugar de aquellos con la experiencia y formación necesarias, lo que resultará en una administración de justicia menos calificada? ¿Existen riesgos de que intereses políticos y económicos influyan en las elecciones, favoreciendo a candidatos con recursos para financiar campañas en detrimento de la meritocracia? ¿Qué porcentaje del padrón electoral acudirá a votar en las elecciones de juzgadores?
El éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad del comité para navegar entre la cantidad y la calidad. La transparencia en cada etapa será fundamental para mantener la credibilidad del proceso.
La elección de jueces en México ha entrado en una nueva era. Los números están sobre la mesa. Ahora, el reto es lograr una participación masiva de los ciudadanos para intentar construir un sistema judicial más eficiente y cercano a las necesidades de los mexicanos. El 1 de junio de 2025 marcará el inicio de esta nueva etapa en la justicia mexicana. El tiempo dirá si este proceso logra la transformación prometida.
PLAN PARA SUSTITUIR
IMPORTACIONES
En 2023, México registró un déficit comercial de casi 28,465 millones de dólares. Varios factores contribuyeron a esta situación, sobre todo los grandes déficits comerciales registrados con la mayoría de las regiones del mundo.
Con Asia se registró el mayor déficit, de 107,707 millones de dólares, resultado de las importaciones de productos electrónicos, automotrices y textiles. Tan solo con China, fue de 62,707 millones, impulsado por la alta dependencia de productos manufacturados y electrónicos provenientes de ese país.
Con Europa, el déficit alcanzó los 50,600 millones de dólares debido a importaciones significativas de bienes de consumo y capital. Con América Latina ascendió a 34,400 millones, con importaciones de productos agrícolas y manufacturados. Con Medio Oriente fue de 8,100 millones, debido principalmente a las importaciones de petróleo y productos petroquímicos. Finalmente, con África, fue de apenas 5,600 millones de dólares, con importaciones de minerales y productos agrícolas.
La situación no fue peor gracias a que con Estados Unidos México registró un superávit comercial de 130,552 millones de dólares y con Canadá de 3,660 millones. También superávits con algunos países de Centro, Sudamérica y Medio Oriente.
Lo anterior indica que la economía mexicana sufre de una alta dependencia de productos extranjeros y que, pese a que exportó mucho, especialmente a Estados Unidos y Canadá, no fue suficiente para compensar el alto volumen de importaciones.
Para tratar de empezar a remediar esta sobre dependencia de productos importados, sobre todo de China, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el viernes pasado que, para sustituir importaciones de China, su gobierno elabora un plan para con el objetivo de producir más bienes en México en empresas mexicanas, estadounidenses, canadienses y europeas.
Lograr el objetivo anunciado por la presidenta es factible, pero no será fácil porque exigirá inversiones en infraestructura (carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos), y tecnología y capacitación (automatización, robótica, inteligencia artificial, producción de semiconductores, software y energías renovables, etc.).
Además, para competir contra las empresas chinas, las mexicanas, sean de capital nacional o no, deberán mejorar su calidad, precios y tiempos de entrega.
Desafortunadamente, el plan presidencial podría fracasar antes de nacer debido a eventos recientes como la elección del proteccionista Donald Trump, la exigencia en EEUU y Canadá para que el gobierno mexicano adopte medidas estrictas para controlar las importaciones chinas y las acusaciones de diversos grupos empresariales y políticos en esos países que lo acusan de permitir que productos chinos se exporten a sus países como si cumplieron con las reglas de origen del T-MEC.
Sin embargo, de concretarse, podría reducir la dependencia de China y fortalecer la economía de América del Norte. Su éxito dependerá de superar los desafíos productivos, políticos y comerciales y que el gobierno mexicanos sea capaz de comunicar sus beneficios a sus socios del T-MEC.
México también debe diversificar mucho más los mercados para sus productos y manejar e intensificar sus relaciones comerciales con otras naciones, especialmente con las que ha firmado un TLC.
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