Eduardo Ruíz-Healy.
La participación de la presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, en la cumbre del Grupo de los 20 (G20) en Río de Janeiro marcó un cambio significativo en la política exterior de México. A diferencia de Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum asistió personalmente, buscando reposicionar al país en la arena global.
El G20, creado en 1999 para fomentar la cooperación económica global, representa a las 19 mayores economías del mundo, más la Unión Europea y la Unión Sudafricana. Juntos, sus miembros representan casi el 85% del PIB global, entre el 75% y el 80% del comercio internacional, casi 66% de la población mundial y el 60% de la superficie terrestre del planeta.
Sin embargo, la presencia de la presidenta de México en Río ocurre en un contexto complicado: el G20 enfrenta críticas crecientes por su incapacidad para resolver problemas estructurales como la desglobalización y las tensiones geopolíticas como la guerra en Ucrania. Estos problemas y tensiones han polarizado al foro, dificultando los consensos en temas críticos como el cambio climático, la transición energética y la regulación financiera.
A lo anterior se suma la falta de mecanismos efectivos para implementar acuerdos. El G20 sigue siendo, en muchos casos, un espacio de diálogo simbólico, más que un organismo capaz de generar soluciones concretas a problemas globales.
En este contexto, la participación de México en el G20 representa tanto un reto como una oportunidad. La presidenta buscó posicionar a nuestro país un líder en sostenibilidad y justicia social al proponer la adopción de “Sembrando Vida”, el programa que busca reforestar zonas degradadas y generar empleo. Propuso financiarlo globalmente con el 1% del gasto mundial en armamento, lo que equivale a 24 mil millones de dólares al año para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas
Además, se reunió con líderes clave como Xi Jinping de China, Ishiba de Japón, Lula da Silva de Brasil, Yoon de Corea del Sur, Macron de Francia, Trudeau de Canadá, Starmer de Reino Unido y Modi de India. Estos encuentros fortalecen la posición de México en el mundo y en temas como el comercio, la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico. El enfoque proactivo de Sheinbaum contrasta con la falta de estrategia que en estos asuntos caracterizó al gobierno de AMLO.
Sin embargo, las limitaciones del G20 pueden obstaculizar los avances de estas iniciativas. Propuestas como “Sembrando Vida” requieren el respaldo político y financiero de otros miembros, algo difícil cuando los intereses nacionales suelen estar en conflicto.
Para que México influya realmente, debe construir alianzas estratégicas y liderar en áreas donde sus propuestas puedan ser adoptadas por otros miembros. Además, el país debe abogar por reformas que hagan al G20 más efectivo y capaz de implementar soluciones a largo plazo.
La participación de Claudia Sheinbaum en el G20 marca un regreso de México a la diplomacia activa y destaca su compromiso con temas globales. Pese a que el foro enfrenta desafíos que limitan su efectividad, México tiene la oportunidad de liderar en su revitalización, pero procurando equilibrar los intereses globales y nacionales para convertir las propuestas en acciones tangibles.
CRISIS DEL AGUA Y EL PLAN
NACIONAL HÍDRICO
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ayer el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 que busca cambiar radicalmente la forma en que el país gestiona el agua. No es cualquier tema: México enfrenta una crisis hídrica alarmante: según Aquastat, en 2020 nuestro país ocupó el lugar 139 de 178 naciones en estrés hídrico. Esto significa que se extraen casi el 45% de los recursos renovables de agua dulce, una cifra que supera con creces el umbral del 25% que define el estrés hídrico. En pocas palabras, se está explotando al máximo un recurso limitado y el tiempo para actuar se está agotando.
La gravedad del problema no se limita a cifras abstractas. En regiones como el norte del país y en el Bajío la situación ya es crítica. Ni hablar de la CDMX, que sobrevive con cada vez menos metros cúbicos de agua por habitante al año. A esta realidad se suman el cambio climático, que amenaza con sequías más severas y frecuentes, la urbanización sin control y la contaminación de cuerpos de agua. El panorama no podría ser más sombrío.
Ante esto, el Plan Nacional Hídrico parece ser la luz al final del túnel. Promete atender el problema desde múltiples ángulos: infraestructura, modernización administrativa, restauración ambiental y participación ciudadana. La idea es ambiciosa, pero como siempre, el diablo está en los detalles.
Uno de los puntos más destacados es la plataforma digital «Agua para el Bienestar». Según el gobierno, esta herramienta reducirá trámites de 27 a 19, disminuirá los requisitos necesarios y agilizará los tiempos de respuesta. Todo suena muy bien, pero estamos hablando de un país donde la burocracia se impone. ¿Logrará esta plataforma eliminar viejos vicios o será solo otra promesa incumplida?
El plan también incluye 16 proyectos estratégicos de infraestructura esenciales para garantizar la disponibilidad de agua a largo plazo, entre los que destacan presas, desaladoras y sistemas de protección contra inundaciones. Sin embargo, cada uno de estos proyectos requiere recursos considerables. Y aquí llegamos al talón de Aquiles del plan: el presupuesto.
En 2023 se asignaron 44,500 millones de pesos para infraestructura hídrica, un aumento notable tras años de recortes, aunque lejos de los 74,900 y 74,000 millones de 2014 y 2015. En 2024, el presupuesto cayó a 62,674 millones, un 8.48% menos que los 71,700 millones del año anterior, y para 2025 se proyectan apenas 37,119 millones, menos de la mitad del monto actual. ¿Cómo avanzar con recursos en constante disminución?
Además de los problemas financieros, están los políticos. La coordinación entre los tres niveles de gobierno siempre ha sido deficiente y la revisión de concesiones, aunque necesaria, enfrentará fuertes resistencias. A esto se suma la urgencia de adaptarse al cambio climático, que no solo complica la disponibilidad del recurso, sino que también exige infraestructura resistente y soluciones innovadoras.
El Plan Nacional Hídrico tiene el potencial de marcar un antes y un después, pero su éxito depende de varios factores: continuidad política, asignación adecuada de recursos y la capacidad de enfrentar los intereses que han mantenido este problema sin resolver por décadas. En pocas palabras, se requiere voluntad política y acción contundente.
PRÓRROGA QUE
SOLICITA EL INE
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha pedido una prórroga de 90 días para la elección judicial al Poder Legislativo, específicamente a los presidentes de ambas cámaras del Congreso de la Unión: Gerardo Fernández Noroña, del Senado, y Sergio Gutiérrez Luna, de la Cámara de Diputados. El INE propone que la elección programada para el 1 de junio de 2025 se realice el último domingo de agosto de ese año. La decisión sobre la viabilidad de modificar la fecha de la elección judicial queda ahora en manos del Congreso, que deberá evaluar y realizar las gestiones legislativas necesarias.
Esta petición no es simplemente un capricho administrativo; responde a un contexto de crisis en la organización electoral, marcado por múltiples suspensiones judiciales que han interrumpido las actividades del INE durante casi dos meses. En este escenario, la prórroga se presenta no solo como una necesidad logística, sino como un salvavidas para la credibilidad del proceso electoral.
Los expertos están divididos sobre la legalidad de esta solicitud. Algunos argumentan que el INE tiene fundamentos sólidos para pedir más tiempo, dado el entorno extraordinario que ha enfrentado. Otros critican al organismo por no haber anticipado estos problemas, sugiriendo que esto refleja una gran ineficiencia.
La negativa a otorgar esta prórroga podría tener graves consecuencias. En primer lugar, el incumplimiento de los plazos podría llevar a sanciones por parte de instancias fiscalizadoras. Esto afectaría la reputación del INE y pondría en duda su capacidad operativa y su compromiso con la transparencia. Además, sin el tiempo necesario para capacitar adecuadamente al personal electoral, el riesgo de errores operativos aumentaría considerablemente. Imaginemos un escenario donde los votos se cuenten incorrectamente o las casillas no estén debidamente organizadas; esto generaría caos en el día de la elección y alimentaría un ciclo de desconfianza hacia las instituciones.
La falta de prórroga también podría resultar en un aumento en las impugnaciones legales. Si los ciudadanos perciben que el proceso electoral está mal organizado o que sus votos no serán contados con precisión, es probable que cuestionen la legitimidad del resultado. En una democracia ya golpeada por la polarización y el escepticismo, este tipo de situaciones agravan la situación.
La confianza pública en el sistema democrático es frágil y debe ser alimentada constantemente. La percepción de ineficiencia o desorganización puede erosionar años de esfuerzo por construir un sistema electoral robusto y confiable. Si los votantes sienten que el INE no puede garantizar un proceso justo y transparente, su motivación para participar en las elecciones disminuirá drásticamente. Esto es especialmente preocupante en un contexto donde la participación ciudadana es fundamental para legitimar cualquier proceso democrático.
La decisión de conceder o no esta prórroga tendrá repercusiones significativas en la organización del proceso electoral y, lo más importante, en la confianza pública hacia nuestras instituciones electorales. En tiempos donde cada voto cuenta y cada decisión puede ser cuestionada, es imperativo que se priorice la integridad y transparencia del proceso electoral.
RUSIA-UCRANIA Y LA
ESTABILIDAD GLOBAL
El presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto que actualiza la doctrina nuclear de su país, ampliando los escenarios en los que puede usar armamento nuclear. Ahora, Rusia puede justificar el uso de bombas nucleares ante prácticamente cualquier amenaza, real o imaginaria. Mientras tanto, el resto del mundo observa con incertidumbre, porque la estabilidad global parece ser un concepto negociable en Moscú.
La nueva doctrina permite el uso de armas nucleares no solo en respuesta a ataques nucleares, sino también ante agresiones convencionales que, a juicio de Putin, amenacen la integridad territorial de su país. Además, introduce el concepto de “ataque conjunto,” considerando como amenaza directa cualquier acción respaldada por una potencia nuclear. En términos simples, un mal movimiento desde Occidente podría ser suficiente para una respuesta desproporcionada. Este enfoque, más propio de la Guerra Fría, ha generado reacciones inmediatas en los mercados financieros.
En México, las consecuencias no tardaron en sentirse. El peso registró una nueva y ligera depreciación frente al dólar. Aunque la caída parezca mínima, refleja cómo los inversionistas buscan refugio en monedas seguras cada vez que el gobernante de una potencia nuclear decide tensar la cuerda geopolítica. Esto deja en evidencia la vulnerabilidad de nuestra economía, sujeta a los vaivenes de decisiones tomadas a pocos o a miles de kilómetros de distancia.
El impacto no se limita al tipo de cambio. Las tensiones internacionales afectan flujos de inversión y comercio. Una escalada militar en Europa podría desacelerar la economía global, golpeando a mercados emergentes como el mexicano. Este panorama no es alentador en un país que ya enfrenta retos como bajo crecimiento e inflación.
Otro factor clave es el impacto en los precios de las materias primas. Rusia, como uno de los principales productores de energía, tiene una influencia directa en los mercados globales. Una interrupción en el suministro de petróleo podría elevar los precios internacionales, afectando el bolsillo de los mexicanos. Estos aumentos, sumados a una inflación persistente, agravarían la situación económica.
Frente a esta realidad, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum debe actuar con rapidez. Es urgente diversificar socios comerciales, fortalecer cadenas de suministro internas y fomentar inversiones estratégicas en sectores menos vulnerables. Aunque la historia reciente muestra que las respuestas rápidas de nuestros gobiernos no son su fuerte, esta vez no hay margen para la inacción.
En un mundo donde las decisiones de líderes autoritarios pueden sacudir la economía global, México no puede ser un espectador pasivo. ¿Tomará el gobierno las decisiones necesarias o seguirá reaccionando a los eventos internacionales sin anticiparse?
Mientras Putin juega con su arsenal nuclear como si de un tablero de ajedrez se tratara, México debe prepararse para mitigar las consecuencias. La paz mundial es frágil, y nuestra economía, aún más. Actuar ahora no es solo una opción: es una necesidad urgente.
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com
