- Pasadas victorias del albiazul obedecieron a circunstancias especiales.
- PAN se muestra actualmente desgastado y sin estrategias para triunfar.
- Proyecta Sheinbaum Pardo construir un millón de viviendas en su sexenio.
- Su meta palidece ante las cifras de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.
- Si Trump cumple promesa de deportar a indocumentados dañaría a EU.
Eduardo Ruíz-Healy
“Esta dirigencia viene a ganar elecciones, porque somos un partido político. Y que me escuchen bien quien me tenga que escuchar, venimos a ganar elecciones… Y mientras más nos subestimen, más vamos a perfilarnos al triunfo, se los puedo asegurar… Vamos a retener lo que hoy gobernamos”. Con estas palabras, Jorge Romero, el nuevo presidente nacional del PAN, contribuye a un mito que lleva décadas nutriéndose: el supuesto éxito y crecimiento imparable de su partido. Sin embargo, una revisión objetiva de los logros del PAN muestra una historia muy distinta, marcada por victorias presidenciales que obedecieron más a circunstancias externas que a la fortaleza intrínseca del partido.
El caso de Vicente Fox en el 2000 es ilustrativo. Fox no ganó porque el PAN contara con una estructura sólida y unificada; su campaña fue impulsada por su carisma y el descontento generalizado con el PRI. A pesar de estar bajo la bandera panista, Fox no se alineaba completamente con las viejas guardias del partido y dependió más de su organización paralela, “Amigos de Fox”, que de las estructuras tradicionales del PAN. En otras palabras, el PAN fue un simple vehículo para un movimiento de cambio más amplio que encarnó Fox, no el protagonista del cambio mismo.
Con Felipe Calderón en 2006, la historia fue similar, aunque con un matiz distinto. La elección fue extremadamente cerrada y su victoria, de apenas 0.6 puntos porcentuales sobre Andrés Manuel López Obrador, no fue tanto una muestra del poder del PAN como del miedo a un presunto autoritarismo de izquierda que AMLO inspiró en un sector del electorado. En lugar de consolidar al PAN, Calderón ganó bajo un entorno de polarización que ayudó a capturar votos de rechazo hacia su contrincante.
Los resultados legislativos muestran esta tendencia: en 1994 el PAN obtuvo solo 21 distritos, y aunque mejoró en 1997 con 63, no fue hasta 2000 cuando Fox impulsó al partido a ganar 136 distritos. Luego, en 2003, cayeron a 43, y solo en 2006, bajo el temor a AMLO, lograron un repunte a 137. Desde entonces, el declive fue sostenido: 68 en 2009, 52 en 2012, 56 en 2015, 41 en 2018, y 72 en 2021. En 2024, volvieron a caer a 31.
Desde 2012 la situación solo ha empeorado. Ese año, la candidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota quedó en un distante tercer lugar, y en 2018, el candidato Ricardo Anaya apenas alcanzó el 22% de los votos. Finalmente, este año, el PAN tocó su punto más bajo en una elección presidencial, con un magro 16.04% de apoyo, a pesar de su alianza con el PRI.
La elección de Jorge Romero revela un PAN desgastado y fragmentado, incapaz de conectarse con nuevas bases o de innovar su mensaje., Señalado por vínculos con corrupción y clientelismo en la alcaldía Benito Juárez, Romero simboliza el alejamiento del PAN de sus principios fundacionales y de su incapacidad para reinventarse. Más que un partido en ascenso, parece una agrupación que se desmorona bajo el peso de sus conflictos internos y su falta de visión para el futuro.
En conclusión, las victorias del PAN en el pasado fueron producto de circunstancias externas y liderazgos individuales. Hoy, esas condiciones han desaparecido, dejando al PAN debilitado y sin una estrategia clara para recuperar el terreno perdido.
CLAUDIA SHEINBAUM
Y EL RETO DE VIVIENDA
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ayer la actualización de su ambicioso Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, con metas claras que lo diferencian de sexenios anteriores. Su promesa de construir un millón de viviendas en seis años parece modesta frente a los 3.9 millones de Enrique Peña Nieto, los 3.7 millones de Felipe Calderón, los 3.1 millones de Vicente Fox y los 2.5 millones de Ernesto Zedillo, pero el enfoque social y de inclusión de este plan son su verdadera apuesta. Sin embargo, considerando que el déficit habitacional actual se estima entre 2.4 y 9 millones de viviendas, dependiendo de la definición de déficit que se utilice, el desafío es significativo.
El programa busca atender a grupos históricamente olvidados: mujeres jefas de familia, madres solteras, población indígena, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes y familias en riesgo. No se trata solo de construir casas, sino de mejorar y ampliar 450,000 viviendas ya existentes para elevar la calidad de vida de sus habitantes. Además, congelará saldos y mensualidades de dos millones de créditos hipotecarios otorgados antes de 2013, un respiro para tantas familias que apenas pueden cubrir sus gastos básicos.
La idea suena bien, pero el reto está en la implementación. Lograr una coordinación efectiva entre los niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- es una meta que, hasta ahora, pocos han alcanzado en México. Las mesas de coordinación que se plantean son una solución en teoría, pero la experiencia nos ha mostrado que demasiadas manos en la ejecución tienden a desorden y poca eficiencia. ¿Será distinto esta vez?
El programa también enfrenta un problema grave y constante: la inflación en el sector construcción. Entre 2021 y 2023, el precio de materiales como acero y cemento subió más del 10% anual, encareciendo todo. Este incremento, impulsado por la depreciación del peso y la inflación global, amenaza con afectar el presupuesto del plan. Aunque la presidenta ha anunciado medidas para estabilizar el mercado de materiales, la proyección para 2024 aún indica un aumento del 7-8% en costos. Cada peso invertido rinde menos, y la meta de un millón de viviendas se vuelve aún más difícil de alcanzar.
Otro punto crítico es la regularización de terrenos, especialmente en áreas ejidales. Sin terrenos legalmente adecuados, ni el mejor plan de vivienda será exitoso. La complejidad de regularizar propiedades en zonas ejidales y resolver conflictos legales alarga el proceso y retrasa el acceso a viviendas para quienes más las necesitan.
La comparación con administraciones anteriores revela un enfoque diferente. Peña Nieto promovió una urbanización rápida y desordenada; Calderón, aunque aumentó el número de viviendas, alentó una expansión sin control. AMLO redujo la meta de construcción a 1.5 millones y enfocó su plan en vivienda social, aunque las limitaciones presupuestarias restringieron sus resultados. El nuevo gobierno parece haber aprendido de estos errores, priorizando un enfoque social sobre uno meramente cuantitativo.
El Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar es un esfuerzo necesario y loable, pero solo el tiempo dirá si alcanzará sus metas o si sucumbirá ante los obstáculos estructurales y económicos de siempre.
AL DEPORTAR A MILLONES,
TRUMP GOLPEARÁ A SU PAÍS
Estados Unidos resultará gravemente afectado si Donald Trump deporta a 11 millones de inmigrantes indocumentados, como prometió incontables veces en su campaña. Diversos estudios indican que esta medida no solo no beneficiará la economía y seguridad estadounidense, sino que tendría efectos devastadores en términos económicos, sociales y logísticos.
Para empezar, la pérdida económica será gigantesca. Expulsar a esos 11 millones reducirá el PIB entre un 4.2% y un 6.8%, lo que equivale a una pérdida de hasta 1.7 billones de dólares anuales, comparable a la Gran Recesión de 2008. Sectores clave como la construcción, la agricultura y la hospitalidad dependen de trabajadores indocumentados; su ausencia incrementará los costos de bienes y servicios, afectando el costo de vida del ciudadano promedio. En la agricultura, la escasez de mano de obra elevará el precio de los alimentos, impactando directamente a los consumidores en el supermercado.
Otro tema es el fiscal. Los indocumentados contribuyen al sistema tributario: en 2022 pagaron 46.8 mil millones de dólares en impuestos federales y 29.3 mil millones en impuestos estatales y locales. Su expulsión eliminará estos ingresos, reduciendo los fondos para programas y servicios públicos esenciales. Además, aportan a Seguridad Social y Medicare, aunque no reciben estos beneficios. Actualmente, estos sistemas reciben de ellos 22.6 mil millones y 5.7 mil millones de dólares, respectivamente.
Para lograr una deportación de esta magnitud, Trump necesitará una movilización de recursos sin precedentes. El costo estimado oscila entre 88 mil millones y 315 mil millones de dólares anuales. Incluso con el apoyo político necesario, semejante gasto es insostenible. Además, requerirá la cooperación de los países de origen de los deportados, como México, lo que creará conflictos diplomáticos y aumentará las tensiones bilaterales.
La realidad es que cada deportado implica una familia dividida: casi 4 millones de familias de estatus mixto sufrirán pérdidas de hasta el 62.7% de sus ingresos. Esto afectará a comunidades enteras, especialmente en California, Texas y Florida, donde reside casi la mitad de los indocumentados. La eliminación de esta mano de obra golpeará duramente la productividad local, desencadenando problemas económicos que se sentirán en todo el país.
En términos históricos, Trump deportó menos personas durante su primer mandato que Barack Obama, a pesar de su retórica antiinmigrante. Deportar a millones, como prometió hacerlo desde el primer día de su mandato, será imposible. El alto costo, la resistencia local y las barreras legales lo convierten en una fantasía más de su imaginación. Cálculos realistas sugieren un rango de 200,000 a 400,000 deportaciones al año, muy lejos de los 2,750,000 anuales necesarios para cumplir su promesa.
En el muy improbable caso que lograra hacerlo, Trump conseguiría una victoria política momentánea, pero a un precio muy alto para la economía, la cohesión social y la reputación de EEUU. Y todo por una promesa de campaña que suena fuerte y hasta atractiva, pero que en la práctica es demagógica, insostenible y dañina.
EQUIPO DE TRUMP COMPLICARÁ
LAS RELACIONES MÉXICO-EUA
Los recientes nombramientos en el próximo gabinete de Donald Trump reflejan una política donde la lealtad y el apego ideológico pesan más que la experiencia o los conocimientos. Trump está rodeándose de personas afines que ejecutarán sus órdenes sin cuestionamientos. Varios de los designados impactarán directamente la relación entre México y Estados Unidos, particularmente en la negociación de temas comerciales, migración y seguridad fronteriza.
El ejemplo más notable es el de Stephen Miller, designado como Jefe Adjunto del Gabinete para Políticas. Miller, conocido por su postura extrema contra la inmigración, indica un retorno a políticas como “Permanecer en México”, junto con la presión para que México refuerce el control de migrantes que cruzan su territorio. Su influencia se anticipa especialmente conflictiva, ya que su enfoque estrictamente migratorio probablemente incrementará la tensión entre ambos países, sobre todo si insiste en la ampliación del muro fronterizo.
Por su parte, Tom Homan, el “Zar de la Frontera”, implementará aún más rigurosamente las leyes migratorias, incluyendo deportaciones masivas, lo que presionará al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a alinear sus políticas con las de EEUU. Este tipo de medidas severas puede derivar en fricciones diplomáticas y un fuerte desgaste en la relación binacional, generando obstáculos adicionales en las negociaciones del T-MEC.
Kristi Noem, propuesta como Secretaria de Seguridad Nacional, representa otro punto de conflicto por ser promotora de políticas de asilo estrictas y de medidas de seguridad en la frontera. Estas disposiciones, combinadas con un aumento en las deportaciones, presionarán aún más los recursos de México.
En el ámbito de comercio, el nombramiento de Marco Rubio como Secretario de Estado podría ser especialmente problemático para el T-MEC. El aún senador por Florida es un firme defensor de la “América Primero” e intentará renegociar los términos para favorecer a la industria manufacturera y automotriz estadounidense, lo que complicará el panorama para las exportaciones mexicanas. Además, está alineado con los intereses de EEUU para contener la influencia de China, lo cual podría derivar en medidas restrictivas que afecten los términos de intercambio con México.
Finalmente, Pete Hegseth, en Defensa, y Matt Gaetz, como Fiscal General, completan un equipo con una orientación dura hacia México, ya que ambos han propuesto políticas agresivas contra los cárteles de droga. La posibilidad de acciones militares de EEUU contra estas organizaciones criminales en territorio mexicano pone en riesgo la soberanía de México y podría generar una muy grave crisis diplomática.
En conclusión, este equipo de funcionarios, cuyas lealtades están más cerca de la ideología de Trump que de un compromiso real con sus respectivas responsabilidades, amenaza con reducir las relaciones México-EEUU a un juego de suma cero en el que México lleva las de perder. La renegociación del T-MEC y las políticas migratorias estarán plagadas de tensiones, guiadas por un enfoque transaccional que apenas deja espacio para la diplomacia y la cooperación, sacrificando los intereses bilaterales en favor de un triunfalismo que poco beneficia a ambos países.
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