El capitalismo es un sistema construido sobre la corrupción, eso no quiere decir que en otros sistemas no haya personas corruptas, pero el capitalismo es un sistema corrupto en sí mismo.
Luis Eduardo Aute
Octaviano Lozano Tinoco/Reportajes Metropolitanos
No más no va. Con la decisión del Senados de cercenar la propuesta ciudadana llamada Ley 3 de 3 y aprobar por 94 votos a favor y 23 en contra la llamada Ley General de Responsabilidades Administrativas, no hace obligatoria la publicación de las declaraciones patrimoniales y de intereses públicos, así como las declaraciones fiscales de los servidores públicos, que formaron parte medular de la Ley 3 de 3, la propuesta que tuvo el apoyo de más de 600 mil firmas de ciudadanos.
Con ello queda de manifiesto que las grandes transformaciones en México no pasarán por el Senado ni los poderes constituidos desde la legalidad institucional, sino desde las organizaciones sociales que se estén formando en los pueblos y comunidades. Desde ahí, llegar por medio del voto a las instancias de poder y mandar obedeciendo al pueblo que le dio forma y les permitió arribar a los puestos de dirección.
La ley 3 de 3 obliga a los políticos a presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, plantea directrices y un marco legal de responsabilidades para la conducta ética esperada de los servidores públicos. Además de que sería una de las dos nuevas leyes que deben crearse a partir de la aprobación de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Se sustenta en nueve ejes:
La obligación de presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública.
Directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos.
Un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.
Medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción.
Mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.
Una clasificación de los 10 actos de corrupción grave: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
Dotar de los recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables. Creación de una plataforma digital que centralice información de cualquier órgano de gobierno necesaria para la investigación
Sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria.
Mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción. Aprovechando la experiencia de más de 90 autoridades fiscalizadoras e investigadoras a nivel nacional.
Sin embargo, la propuesta del PRI-PVEM en Senado eliminó la obligación del servidor público de dar a conocer sus ingresos, propiedades, vehículos y cuentas bancarias.
En el caso de la declaración fiscal, la obligación es sólo de subir a la Plataforma Digital Nacional la carátula de su declaración impositiva.
La corrupción en México representa un lastre para la economía. Esta práctica tiene un costo equivalente a 4 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), unos 740 mil millones de pesos, afirmó Julio A. Millán Bojalil, presidente del Grupo Corporación Azteca (Coraza), en un foro en Guadalajara, sobre Cumbre de Negocios
En tanto, ejecutivos de México y el mundo consideran que el combate a la corrupción es prioritario y atender los antecedentes de las personas y las firmas con las que se negocios es básico, de acuerdo con la Encuesta Global de Fraude y Percepción de Corrupción 2016 de la firma de servicios profesionales Ernst & Young.
El sondeo reveló que el combate a la corrupción es una prioridad y por ello el 94% de los ejecutivos en México y el mundo le dan una importancia mayúscula a conocer con quién hacen negocio.
El 84% de los entrevistados en México señala que el gobierno sí tiene intención de luchar contra la corrupción pero aún no logra imponer sanciones, una tendencia de percepción muy similar a la observada por el estudio de EY en los países desarrollados y en la región latinoamericana.
Y bueno como escribiera Alan Riding en su libro “Vecinos Distantes”, la corrupción en México seguirá siendo el lubricante y engrudo para que el sistema de impunidad siga funcionando a la perfección.
LOS MITOS DE LA ALTERNANCIA
Democracia: es una superstición muy difundida, un abuso de la estadística.
Jorge Luis Borges
La democracia en México es algo tan lejano que no se entiende y que ahora se intentan identificar como alternancia, que un municipio, estado y el mismo gobierno federal cambie de un partido a otro.
Ese brinco de una organización política a otra en los puestos de claves de la política intenta disfrazar como una prueba tangible de la vitalidad de la democracia. Sin embargo, en los hechos eso ha sido falso.
Prueba es que en el año 2000 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) salió de Los Pinos y llegó el Partido Acción Nacional (PAN), con el impresentable Vicente Fox, y bueno pregunto ¿qué cambio en el país? La Respuesta es nada, porque el pacto de impunidad, corrupción y violencia que rige a México continuó aceitaba y trabajando con total normalidad.
Siguió en la presidencia los azules, con Felipe Calderón Hinojosa y el mismo pacto siguió sin trabas. Lo que demuestra que la alternancia no es la fórmula para sacar a México del atolladero en que se encuentra.
Porque la democracia en el país no se estructura en mandar obedeciendo, sino en el pacto de impunidad y corrupción que le dar certeza al perdedor que no será perseguido por la justicia al terminar su mandato.
En los pasados comicios del 6 de junio, donde se realizaron procesos electorales en 12 estados, el PRI perdió 6 elecciones a gobernador ante el PAN que se impuso en Aguascalientes, Chihuahua, Quintana Roo, Puebla, Tamaulipas y Veracruz, lo que representa la mitad de las gubernaturas en juego.
El tricolor salió derrotado por primera vez en su historia en Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, donde se impusieron los candidatos azules, con alianzas con el PRD, Francisco García Cabeza de Vaca, Miguel Ángel Yunes Linares y Carlos Joaquín, respectivamente. El tricolor sólo tiene Oaxaca, Zacatecas, Hidalgo, Sinaloa, Durango y Tlaxcala.
Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, n logró ninguna gubernatura, pero alcanzó el segundo lugar en Zacatecas, y se ubicó en tercer lugar en los estados de Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo.
¿Pero qué pasará después? Nada, porque ninguno de los nuevos gobiernos representa una oposición real al gobierno ni un nuevo aire de democracia. A lo más, seguirán con el pacto de impunidad, corrupción y violencia seguirá marcando los derroteros del país.
El punto sería que los nuevos gobiernos realizarán una auditoría general sobre las cuestas del estado, aclaran los casos de corrupción y violencia, y se acerquen al pueblo para resolver sus demandas más urgentes. Pero eso no ocurrirá, será puro gatopardismo, que cambie algo para que nada cambie.
CON LA IGLESIA HEMOS VUELTO A TOPAR
La iglesia nos pide que al entrar en ella nos quitemos el sombrero, no la cabeza.
Gilbert Keith Chesterton
Una vez más la iglesia católica vuelve a dejar constancia de su atraso y profundo desamor por el prójimo, al levantar su espada flamígera contra los hombres y mujeres que han decidido encontrar otros caminos para la felicidad y el amor.
Ante la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de apoyar el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción, con el fin de rescatar algún respaldo social a su nefasto gobierno, la iglesia ha salido al balcón para sacar su más viejos monstruos y su oposición irracional al amor.
Esos mismos curas que han encubierto pederastas y verdaderos delincuentes, como al padre Marcial Maciel, el fallecido líder de los Legionarios de Cristo, se levantan de su cómodo sillón para protestar contra esa decisión.
Es momento que la iglesia derribe su visión del pecado y amplíe su horizonte social, con el fin de que no se meta en la vida privada de la gente, si está cimentada en el amor y el respeto a la comunidad donde se habita.
La familia que dice cuidar y proteger la iglesia, no es la única: papá, mamá e hijos; ni por supuesto la más segura ni feliz. Es necesario que la iglesia no segregue y de verdad permita que toda la gente se integre a su comunidad.
El presidente Peña Nieto anunció el pasado 17 de mayo que promoverá una reforma constitucional para legalizar el matrimonio gay en todo México, al tiempo que buscará modificar el Código Civil Federal para admitir la adopción de niños por parte de parejas homosexuales.
El anuncio motivó el rechazo de la iglesia y el surgimiento del Frente Nacional por la Familia, que congrega a más de mil organizaciones que defienden el matrimonio en todo México.
A la cabeza de este frente están organizaciones como la Unión Nacional de Padres, Red Familia, Con Familia, Citizengo, Hazte Oir, Dilo Bien, y México es uno para los niños, entre otros.
El Presidente del Consejo Mexicano para la Familia, Juan Dabdoub, dijo a la prensa que una de las partes más importantes contra la reforma fue que en menos de tres semanas “se creó una organización que fue capaz de movilizar a todo un país en contra de una iniciativa del Presidente que pretende atacar a la familia, pidiendo un voto de protesta contra él y su partido”.
“Esto no termina aquí, porque esta misma semana vamos a conocer para planificar acciones que continuarán hasta las elecciones presidenciales de 2018”, agregó.
Sin querer queriendo, Peña Nieto está casi en una posición a la que tuvo Benito Juárez cuando se enfrentó a la iglesia por las Leyes de Reforma, que son un conjunto de leyes expedidas entre 1859 y 1860. El objetivo principal de estas leyes era separar a la iglesia del estado. Inicialmente fueron tres:
Ley Juárez (1855), que suprimía los fueros del clero y del ejército y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley. Ley Lerdo (1856), que obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos. Ley Iglesias (1857), que prohibió el cobro de derechos y obvenciones parroquiales, el diezmo. A ellas se sumaron en 1859 otras cinco, promulgadas por Juárez desde Veracruz: Ley de la Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos. Ley del Matrimonio Civil. Ley Orgánica del Registro Civil. Ley de Exclaustración de Monjas y Frailes. Ley de Libertad de Cultos.
Aunque de menor nivel a la presión que sufrió Juárez ante la iglesia, la posición de Peña Nieto en favor del matrimonio gay ha hecho que esa secta católica y sus sectores formen su puño de hierro con esa decisión presidencial, y hasta llegan al extremo de afirmar que eso provocó el descalabro del PRI-gobierno en las resientes elecciones, al perdió 7 de las 12 gubernaturas en juego, ante la alianza PAN-PRD.
Siempre es mejor abrir la llave a la libertad, que cerrarla. Y la iglesia no debe jugar su mismo papel, de apostar por la oscuridad y el pecado.