Eduardo Ruiz-Healy
El Inciso 2 del Artículo 213 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE)señala que “Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión, que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales”.
El Inciso 4 del Artículo 251 de la mencionada LEGIPE establece que “El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales”.
El Inciso 6 del mismo Artículo 251ordena que “Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios mas occidentales del territorio nacional, queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, quedando sujetos quienes lo hicieren, a las penas aplicables a aquellos que incurran en alguno de los tipos previstos y sancionados en la ley general en materia de delitos electorales”.
Curiosamente, el primer párrafo del Artículo 6 de la Constitución dice: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Además, el Artículo 7 constitucional es claro al señalar que: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio… Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del Artículo 6º. De esta Constitución”.
Estos son ejemplos de las muchas incongruencias que existen entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes, códigos y reglamentos que, supuestamente, de ella emanan. Incongruencias aprobadas por el Congreso de la Unión que a partir del primer segundo de hoy “hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional” me prohíben informar y comentar sobre aspectos importantes de la elección del próximo domingo.
LOS QUE EN REALIDAD MANDAN
La decisión del gobierno federal de suspender indefinidamente el proceso de evaluación de maestros de primaria y secundaria para decidir su ingreso, promoción y/o permanencia en el sistema pomposamente llamado de “Educación Básica y Media Superior” corrobora una vez más que los funcionarios de los tres poderes y tres niveles de gobierno trabajan para grupos minoritarios pero poderosos y no para los millones de mexicanos que, mediante los impuestos directos e indirectos que pagamos, sostenemos a todo el aparato burocrático que no ha servido para sacar a nuestro país de su ancestral atraso.
ATENTADO CONTRA DERECHOS DE 400MIL
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación calificó la decisión de la Secretaría de Educación Pública como un atentado “contra el derecho de casi 400,000 mexicanos, entre aspirantes a ingresar al servicio público educativo, docentes en servicio que buscan legítimamente una promoción (como director, supervisor o asesor técnico-pedagógico), así como docentes interesados en ser evaluados en su desempeño, tanto para reconocer sus áreas de mejora como para acceder a incentivos que reconozcan su mérito”.
También es un atentado contra el derecho constitucional que tienen de recibir una educación de calidad casi 35 millones de niños y adolescentes (25.9 millones de estudiantes de educación básica y nueve millones más de educación media superior).
En total 400,000 maestros y 35 millones de estudiantes perjudicados por quienes en realidad mandan sobre el sistema educativo nacional: un puñado de líderes de cinco secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que se han agrupado en una organización conocida como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
GUERRERO, MICHOACÁN Y OAXACA
Estos líderes, cuya fuerza está en Chiapas, DF, Guerreo, Michoacán y Oaxaca, han decidido que los maestros no sean evaluados y también han ordenado la cancelación de clases en miles de escuelas en los estados en donde operan, el bloqueo de calles de la Ciudad de México y otras localidades, el asalto y destrucción de oficinas gubernamentales y negocios privados, el robo e incendio de vehículos oficiales y particulares, el secuestro de funcionarios, policías y soldados, la violación de la Constitución y un sinnúmero de leyes federales y estatales. Muchas de sus decisiones han causado la muerte de personas inocentes y todo lo han hecho con absoluta impunidad. Saben usar la fuerza para lograr su cometido, que es descarrilar cada una de las reformas que pudieron llevarse a cabo gracias al Pacto por México, desestabilizar el sistema político nacional, mandar sobre altos funcionario, derrocar al gobierno en turno e imponer, más temprano que tarde, un régimen de izquierda extrema.
Ante ellos, el gobierno federal ya demostró una gran debilidad y es difícil que éste recupere su fuerza mientras el presidente Enrique Peña Nieto mantenga en sus cargos a los secretarios, subsecretarios y demás funcionarios que hasta ahora aparentemente han trabajado para la CNTE y no para su jefe ni los cientos de miles de maestros que sí quieren trabajar y los millones de niños que merecen recibir una educación de calidad.
LA CNTE VA GANANDO
“El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”. – Artículo 3 de la Constitución.
“Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior”. – Artículo 3 de la Constitución, Fracción IX.
“El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme lo dispone la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Instituto contará con plena autonomía técnica, de gestión, presupuestaria y para determinar su organización interna”. – Artículo 22 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
“El Instituto tendrá por objeto coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, así como evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en lo que se refiere a la educación básica y a la educación media superior, tanto pública como privada, en todas sus modalidades y servicios. Asimismo, el Instituto diseñará y realizará mediciones y evaluaciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional respecto a los atributos de educandos, docentes y Autoridades Escolares, así como, de las características de instituciones, políticas y programas educativos”. – Artículo 25 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
“Corresponde al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación: I. La evaluación del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, sin perjuicio de la participación que las autoridades educativas federal y locales tengan, de conformidad con los lineamientos que expida dicho organismo, y con la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. II. Fungir como autoridad en materia de evaluación educativa, coordinar el sistema nacional de evaluación educativa y emitir los lineamientos a que se sujetarán las autoridades federal y locales para realizar las evaluaciones que les corresponden en el marco de sus atribuciones. III. Emitir directrices, con base en los resultados de la evaluación del sistema educativo nacional, que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad. Respecto de los servicios educativos diferentes a los mencionados en la fracción I de este artículo, la Secretaría y demás autoridades competentes, realizarán la evaluación correspondiente, de conformidad con las atribuciones establecidas por esta Ley”. – Artículo 29 de la Ley General de Educación.
“En materia del Servicio Profesional Docente, para la Educación Básica y Media Superior, corresponden al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación las atribuciones siguientes: I. Definir los procesos de evaluación a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables; II. Definir, en coordinación con las Autoridades Educativas competentes, los programas anual y de mediano plazo, conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación a que se refiere la presente Ley; III. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las Autoridades Educativas, así como los Organismos Descentralizados que imparten educación media superior, para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio Profesional Docente en la educación obligatoria”. – Artículo 7 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
“Con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”. – Boletín de prensa emitido el viernes 29 de mayo por la Secretaría de Educación Púbica, anunciando una decisión del gobierno federal que es violatoria de la Constitución y de la leyes General de Educación, General del Servicio Profesional Docente, y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, entre otras.
Es claro, que en lo que a la Reforma Educativa se refiere, la disidencia magisterial le va ganando la batalla al gobierno de Enrique Peña Nieto. Lástima para el país, lástima para los millones de niños y jóvenes condenados a vivir sus vidas en la mediocridad.
880,000 POR EMPLEO
El próximo domingo los mexicanos iremos a las urnas para elegir nueve gobernadores, 500 diputados federales, 600 diputados locales, 871 ayuntamientos, 20 juntas municipales y 16 jefes delegacionales.
Habrá elección de gobernador en Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.
En cada uno de los 300 distritos electorales en que se divide el país se elegirán a los 300 diputados de mayoría relativa (MR) y 200 de representación proporcional (RP) que a partir del próximo 1 de septiembre conformarán la nueva Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
En 16 estados se elegirán 600 diputados locales (363 de mayoría y 248 plurinominales) diputados locales. Baja California Sur: 21 (16 MR y 5 RP); Campeche: 35 (21 MR y 14 RP); Colima: 25 (16 MR y 9 RP); Distrito Federal: 66 (40 MR y 26 RP); Guanajuato: 36 (22 MR y14 RP); Guerrero: 46 (28 MR y 18 RP); Jalisco: 39 (20 MR y 19 RP); México: 75 (45 MR y 30 RP); Michoacán: 40 (24 MR y 16 RP); Morelos: 30 (18 MR y 12 RP); Nuevo León: 42 (26 MR y 16 RP); Querétaro 25 (15 MR y 10 RP); San Luis Potosí 27 (15 MR y 12 RP); Sonora: 33 (21 MR y 12 RP); Tabasco: 35 (21 MR y 14 RP); Yucatán: 25 (15 MR y 10 RP).
En 15 estados se elegirán 871 ayuntamientos. Baja California Sur: 5; Campeche: 11; Colima: 10; Guanajuato: 46; Guerrero: 81; Jalisco: 125; México: 125; Michoacán: 113; Morelos: 33; Nuevo León: 51; Querétaro: 18; San Luis Potosí: 58; Sonora: 72; Tabasco: 17; Yucatán: 106.
En Campeche se elegirán 20 juntas municipales.
En el Distrito Federal serán electos 16 jefes delegacionales.
En resumen, el próximo domingo los mexicanos que vayamos a votar les daremos chamba para los siguientes tres años a 2,016 mujeres y hombres. Estos solamente son los nueve que serán gobernadores, los 1,100 que serán diputados federales y locales, los 871 que serán presidentes municipales, los 16 que serán jefes delegacionales del Distrito Federal y los 20 que serán presidentes de juntas de gobierno de Campeche.
EMITIR SUFRAGIO GENERA EMPLEOS
Además, mediante nuestro voto les daremos trabajo durante los siguientes tres años a los cientos de síndicos y miles de regidores, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, que serán electos en cada uno de los 871 municipios en donde se elegirán ayuntamientos y, en el caso de Campeche, juntas municipales. ¿Cuántos miles? Bastantes y los números varían para cada ayuntamiento. Consideremos, conservadoramente, un promedio de un síndico y ocho regidores por municipio. Esto significa que el 7 de junio 7,839 personas, mínimo, serán electos para estos cargos.
O sea que el domingo entrante serán unas 10,000 o más personas las que asegurarán un empleo de tres años y no los aproximadamente 2,000 que diversos analistas, columnistas y medios de comunicación han venido mencionando.
Si tomamos en cuenta que el INE y los partidos políticos gastarán 8,800 millones de pesos en esta elección, generar cada uno de estos nuevos empleos nos costará 880,000 pesos, mínimo.
Hace siete años se publicó en elempresario.mx que “en México, cada empleo generado en el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) tiene un costo para el erario de 28,397.70 pesos canalizados a través del Fondo de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) de la Secretaría de Economía (SE)”.
880,000 es una cifra casi 3,000% mayor que 28,397.70. Un empleo en el sector Mipymes es infinitamente más productivo que uno dentro del sector gubernamental y sale menos caro generarlo.
El sistema de elección de nuestros gobernantes y representantes: un caso más de la forma en que se despilfarran nuestros recursos. Este año: 8,800 millones de pesos.
e-mail: eduardoruizhealy@gmail.com
Twitter: @ruizhealy