Política confesable


Robles Montoya habla de la pandilla

Juicio político contra Gabino

”Perdidos”, 10 mil millones de pesos

Tomás Ezequiel Toledo

 

Una solicitud de juicio político contra Gabino Cué Monteagudo fue presentada el jueves en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por parte del senador con licencia y ahora candidato de la coalición PT-PES, Benjamín Robles Montoya, que se fundamenta no sólo en la base constitucional que permite enjuiciar a funcionarios y gobernadores, sino porque en los hechos tiene mucho de certeza.

La figura del juicio político está definida en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incluye una lista amplia sobre qué tipo de personajes pueden ser sujetos de él, y que debe sr llevado a cabo por la Cámara de Diputados, y en el caso de gobernadores por el Senado.

Además de los funcionarios federales, así como senadores y diputados, también se prevé que se sujete a juicio político a gobernadores, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorgue autonomía.

En su caso, dice el citado artículo constitucional, “sólo podrán ser sujetos de juicio político… por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Pues bien, Robles Montoya no sólo señala a Gabino Cué de violaciones graves a la Constitución, sino sobre todo del saqueo que él y su pandilla –la definición es de él, pero es harto compartida por el pueblo de Oaxaca- han cometido durante seis años al gasto público del estado.

Una buena parte de su información se fundamenta en las sucesivas cuentas públicas revisadas por la Auditoría Superior de la Federación a los recursos federales que han sido suministrados a Gabino desde el inicio de su administración, en diciembre de 2006.

A partir de ello, Robles Montoya sostuvo: ‘‘el dinero malversado al pueblo de Oaxaca supera 10 mil millones de pesos y de ahí el origen de la fortuna de Cué, de Jorge Castillo Díaz y sus compinches. Gabino tiene que estar en la cárcel’’.

Hasta ahora, la Auditoría Superior de la Federación sólo ha revisado los primeros cuatro años del desgobierno de Cué Monteagudo, debido a que la revisión del ejercicio del presupuesto tiene un desfase de dos años.

Visto así, cabe esperar que ese monto de 10 mil millones de pesos a los que se refiere Robles Montoya crezca aún más cuando se presenten las cuentas públicas de 2015 y 2016, especialmente en este último si ha de cumplirse el robo de final del sexenio, que se conoce coloquialmente como Año de Hidalgo.

La acusación se centra en Gabino Cué, como jefe de la pandilla, pero también incluye a Jorge Castillo Díaz, su hombre en la oscuridad pero y sobre todo su prestanombres.

En la conferencia posterior a la presentación de la solicitud de juicio político, Robles Montoya declaró que ambos ‘‘han saqueado al erario, mientras un millón 130 mil oaxaqueños apenas sobreviven’’.

Como parte del saqueo a la sociedad de Oaxaca presentó como ejemplos el desvío de recursos destinados al combate a la pobreza para construir el estadio de Los Alebrijes; el derroche de 2 mil millones de pesos para un Metrobús cuyas obras tienen a la ciudad llena de hoyos, y que sólo complicará el tránsito vehicular en la capital; y también el polideportivo donde supuestamente se gastaron 380 millones de pesos, pero que todavía no sirve.

Es de esperar que, como ocurre con las mafias, el robo de esos fondos no sea sólo para Gabino, sino que también debe pagar el “entre” a Diódoro Carrasco Altamirano, El Juniorcique, jefe de la banda, y también para fondear el cochinito de la campaña de José Antonio Estefan Garfias, como seguro político que evite su encarcelamiento en el remotísimo caso de que este último gane las elecciones de junio.

Robles Montoya acusó el jueves pasado que en efecto existe un pacto de complicidad entre esos tres personajes, con la intención de que Gabino Cué no vaya a la cárcel, como debía ocurrir a partir del 30 de noviembre cuando ¡por fin! deje una gubernatura que le quedó muy grande a su pequeñez humana, política e intelectual.

Es cierto, sólo faltan ocho meses para que Cué se vaya y someterlo a juicio político, para que el Congreso del estado declare su destitución, tal vez parezca ocioso. No, si se toma en cuenta que los oaxaqueños están hartos de la ineptitud, del saqueo, la incertidumbre, la ausencia de obras de beneficio común y cuando ese tiempo les permitirá a Cué, Jorge Castillo, El Juniorcique y Estefan continuar con el robo descarado.

Cabe recordar que Gabino llegó a la gubernatura en 2010 aprovechando la ola de repudio a los crímenes, despojos e impunidad que rodearon a Ulises Ruíz Ortiz, y con la promesa del cambio.

El único cambio que hubo fue el de las manos que metieron mano al cajón. Si con Ruíz Ortiz fue sin ningún pudor, el descaro de la actual administración hace palidecer a los ladrones del sexenio pasado, de antifaz y cachiporra, frente a los delincuentes de alta escuela que por estos días rondan el palacio de gobierno.

No sería extraño que en los próximos meses se descubra que Gabino Cué también hizo ricos a sus familiares e incluso al personal del servicio, como ya ha ocurrido antaño para tratar de esconder el dinero.

Y entonces, cabría esperar que la Cámara de Diputados cumpla con su obligación política e histórica con el pueblo de Oaxaca y le diga de una vez por todas adiós a Cué y su pandilla.

confesable gerardo cajiga