Paloma Escalante Gonzalbo*/La Jornada
Quienes leen los artículos, las denuncias, las solicitudes de amparo y de suspensión contra el Tren Maya desde las diversas ciudades del país, seguramente imaginan que en la península de Yucatán caminamos por frondosas selvas llenas de animales libres entre la exuberante vegetación y encontramos pueblos mayas que trabajan sus milpas en sus territorios ancestrales, realizan sus rituales y viven en paz.
Cuando recorremos los caminos y poblados, lo que encontramos son comunidades, unas mayas, otras mestizas, que son ejidatarios, que tienen tierras ejidales, los territorios ancestrales se perdieron hace siglos, quienes producen cada vez menos por las sequías de los años recientes, que se ven en la necesidad de migrar para buscar empleo en las ciudades turísticas o en algún otro lugar, que se tienen que ir de sus pueblos porque no hay trabajo en ellos, que tienen que abandonar su lengua porque si no hablan bien español no tienen oportunidades. Que han vuelto deportados de Estados Unidos, sin nada, después de pasar las penalidades del camino y varios años de su vida.
Encontramos selvas asoladas por la tala clandestina y los cazadores furtivos, que incluso inician incendios para hacer salir a los animales y acaban con reservas forestales de siglos. No pasean en libertad por ahí los jaguares, monos y tucanes, sino amenazados, por esa caza furtiva y por las carreteras y caminos por las que pasan a todas horas tráileres a gran velocidad que, por su peso, no pueden detenerse, aunque quisieran, y los atropellan cada día.
Desde esa realidad la promesa del tren significa muchas cosas, entre otras, pasos de fauna, vigilancia y presupuesto para la conservación, ofertas de empleo que harán que la tala, por parte de los mismos pobladores locales, no sea la única opción para la supervivencia. Significa la esperanza para los jóvenes de no tener que salir de sus pueblos para tener de qué vivir, sin tener que sumarse a las filas del crimen organizado porque no haya otra opción. Significa que los pueblos puedan ser lugares para habitar con los servicios básicos de agua, electricidad, salud, educación y actividades económicas que les permitan vivir dignamente.
Los impactos ecológicos se pueden resolver con planes de mitigación que existen. Los pueblos han sido consultados, y, por más que haya habido quejas contra la consulta por parte de asociaciones civiles, la consulta fue muy bien recibida en las comunidades.
¿Por qué entonces hay organizaciones que se pronuncian en contra de esa forma? ¿Quiénes son? ¿Qué persiguen?
En el caso del estado de Campeche, en particular en el municipio de Calakmul, se han presentado solicitudes de amparo y de suspensión a lo largo de meses –por cierto el amparo fue resuelto a favor del Tren Maya– ésas han estado firmadas por dos organizaciones: el Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil y la Asamblea de Defensores de Territorio Maya Múux Xíimbal. Los primeros son un grupo que ha sido rechazado por los pobladores de las comunidades del municipio, que incluso impidieron que se metieran a obstaculizar la realización de la asamblea de consulta a los pueblos en diciembre del año pasado, porque la mayoría de los pobladores opinan que no los representan a ellos ni a sus intereses. Son cercanos al Concejo Indígena de Gobierno. La asamblea de Defensores del Territorio Maya está integrada por una veintena de personas, que tienen presencia en unas 20 comunidades de la península, que han hecho un gran trabajo, especialmente en Yucatán, enfrentando a las plantas fotovoltaicas y eólicas y en algunos casos, logrando pararlas cuando afectaban seriamente al medio ambiente y a las comunidades.
Sin embargo, no habitan en Calakmul ni los habitantes de Calakmul se sienten representados por ellos. Esto no quiere decir que no señalen puntos importantes que hay que considerar y responder con seriedad, les preocupa la forma en que se pueden tomar las decisiones, la posible vulneración de la identidad maya y el riesgo de despojo y abuso en un proyecto que queda fuera de las manos de la comunidad en toda su dimensión y, desde luego, a lo largo de la historia no han tenido razones para pensar que en los gobiernos federales se podía confiar.
El actual gobierno federal, que no es ya el mismo de antes, a través de todas las dependencias involucradas y presentes en el Proyecto Tren Maya tendrá que ir mostrando su confiabilidad y cumpliendo con las metas que se planteó en el inicio, el lograr la posibilidad de desarrollo regional participativo, mitigando la desigualdad y respetando el medio ambiente.
Algo tienen claro los pobladores de la región, el paraíso hace demasiados años que no existe, lo que ya no se puede es no hacer nada. Si transformar esto es lo que ofrece el gobierno, pues hay que poner en esto la esperanza, no a ciegas, sino acompañando, trabajando, vigilando para que las cosas resulten en beneficio del pueblo.
* Profesora e investigadora del INAH, posgrado en antropología social ENAH