Zósimo Camacho
Durante el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación (Segob) incurrió en cancelaciones irregulares de cuatro cheques por 1 millón 500 mil pesos del Fidecicomiso para los Derechos Humanos. Además, el órgano encargado de aplicar los recursos, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, contrató personal sin que tuviera las capacidades ni el perfil para desempeñar las labores asignadas.
Lo anterior concluye la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en una de las revisiones contenidas en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, dado a conocer este jueves.
En principio, señala el dictamen de la auditoría de cumplimiento 2018-0-04100-19-0015-2019, la Segob no acreditó que el personal que se desempeña en las áreas encargadas de la atención a las medidas del Mecanismo “contara con la experiencia, estudios y demás elementos que se informan en los curriculums de dicho personal, de acuerdo con los requisitos y el perfil establecido en las disposiciones normativas”.
INDEBIDA LICITACIÓN
Apenas pudo proporcionar evidencia de la designación de un integrante de una dirección adjunta “por parte de la Junta de Gobierno del fideicomiso 10232 Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
La ASF también encontró que la Segob sometió a licitación pública servicios que, por su naturaleza, debieron de haberse adjudicado directamente. Esta falta, señala la ASF, puso en riesgo la seguridad nacional.
Y aunque se licitaron estos servicios no se realizó una investigación de mercado entre empresas del ramo requerido. Por ello no se aseguraron “las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad y demás circunstancias pertinentes”.
Encima, señala el documento de la ASF, el proveedor seleccionado no efectuó la entrega de los trabajos en el tiempo acordado. Las demoras fueron de entre 53 y 85 días posteriores al plazo.
AUSENCIA DE SUPERVISIÓN
“Asimismo, no se acreditó que la entidad fiscalizada supervisara y validara que los servicios prestados por el proveedor para otorgar las medidas de protección del fideicomiso 10232 se devengaron y cumplieron con las características, especificaciones, términos y condiciones establecidas en el contrato y su anexo.”
Por cada una de las faltas señaladas, la ASF ha emitido promociones de responsabilidad adminstrativa sancionatorias contra los funcionarios responsables.
Las irregularidades anteriores derivaron en un deficiente funcionamiento del Mecanismo. El máximo órgano de fiscalización del país documentó que los beneficiarios de medidas cautelares padecieron “falta de confidencialidad, ya que reciben llamadas de instituciones bancarias y, en algunos casos, llamadas de extorsión, noticias, y promociones de algunas empresas de comunicación y de la empresa que renta el servicio de telefonía de los equipos”.
Los beneficiarios del servicio de escolta, por su parte, señalaron deficiencias del personal asignado, pues no es sometido una preparación adecuada.
INCOMPETENCIA EN EL USO DE EQUIPOS
También la ASF observó “la falta de oportunidad en la instalación, capacitación y operación de los equipos (cámaras, luces, entre otros), así como de las medidas cautelares acordadas en reuniones de trabajo entre los beneficiarios y la Secretaría de Gobernación, de las cuales, algunas de ellas nunca se cumplieron”.
Con relación a las irregularidades detectadas en cuatro cheques, la ASF identificó que la Unidad de Derechos Humanos solicitó al fiduciario la cancelación de esos cheques, por 1 millón 500 mil 400 pesos, hasta 235 días naturales posteriores al plazo establecido.
Además, al cierre de 2018 los recursos “se consideran insuficientes para continuar atendiendo los compromisos establecidos más los nuevos que se presenten para otorgar medidas para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas”.