Víctor Manuel Chima Ortíz/Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
El pasado 19 de febrero, el diputado Eraclio Rodríguez Gómez, del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales. Cabe señalar que esta ley fue aprobada por primera vez el 25 de octubre de 1996 durante el mandato de Ernesto Zedillo y reformada por última ocasión en abril de 2012, recién iniciado el periodo de Enrique Peña Nieto.
Según el artículo 1 de la Ley Federal de Variedades Vegetales, ésta “tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales”, otorgando a la hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) atribuciones como “fomentar y promover las actividades relativas a la protección de los derechos del obtentor”, “difundir las solicitudes de protección y las variedades vegetales protegidas”, y “actuar como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de los obtentores”, de acuerdo con su artículo 3.
En la iniciativa de reforma del diputado Eraclio Rodríguez, se contempla la posibilidad de generar y registrar nuevas variedades que estén adaptadas a nuestro territorio, además de “fortalecer las sanciones por violaciones a la ley para reducir la piratería de semillas, el uso de semilla ilegal y el engaño y daño a los agricultores causados por estos efectos”.
Aunque uno de los argumentos presentados en esta iniciativa es favorecer la productividad del campo mexicano, lo cual reduciría la importación de alimentos y la dependencia alimentaria de nuestro país, la productividad de la que se habla en ella no contempla la participación de las comunidades productoras de pequeña y mediana escala ni el apoyo a formas tradicionales de producción agrícola, las cuales representan alrededor del 75 por ciento de la producción total en el país; por el contrario, únicamente beneficiaría a grandes productores –principalmente transnacionales– que producen industrialmente y con base en el monocultivo, permitiéndoles registrar variedades de semillas nativas como propiedad privada.
En efecto, con la aprobación de esta iniciativa de reforma se corre el riesgo de privatizar y monopolizar las semillas nativas y variedades vegetales que ya se producen en México –y que son el sustento de dichas comunidades productoras y campesinas–, y de que nuestro país se ciña a las disposiciones en materia de propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (Tmec), ratificado ya por el primero, por lo que con esta iniciativa se adoptarían las disposiciones del Acta UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales).
El Acta UPOV 91, en términos generales, permite que variedades de semillas nativas sean patentadas y por lo tanto privatizadas, lo cual limita sobremanera a las productoras y productores campesinos, quienes las han utilizado e intercambiado de manera tradicional durante múltiples generaciones. Además, al introducir semillas híbridas patentadas al campo mexicano, los maíces nativos se contaminarían, lo que abre la posibilidad para que los maíces nativos con genes patentados pasen a ser propiedad de quienes poseen dichas patentes.
De igual manera, el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre las innovaciones en materia de variedades vegetales abriría la puerta a semillas transgénicas como el maíz, además de que se criminalizaría a quienes usen las semillas registradas sin permiso o autorización.
Por lo tanto, es claro advertir por lo menos dos cosas: primera, que las semillas nativas están en serio peligro, y segunda, que con esta reforma las empresas transnacionales podrían patentar semillas que por generaciones han sido mejoradas con procedimientos basados en conocimientos de domesticación de semillas, practicados por comunidades campesinas.
La iniciativa de reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales no busca atender la situación de riesgo en la que se encuentra la productividad del campo mexicano, sino que, por el contrario, afectaría las formas tradicionales de producción en comunidades indígenas y campesinas, a productoras y productores de pequeña y mediana escala, y particularmente a las diferentes razas de maíz nativo.
Por tales motivos, desde la sociedad civil se han implementado e impulsado acciones jurídicas y de incidencia política para evitar que reformas como la presentada por Eraclio Rodríguez Gómez sean aprobadas, siempre con el fin de proteger las variedades vegetales nativas de México, defender a las comunidades campesinas, garantizar el libre intercambio de semillas entre ellas y fomentar las formas tradicionales de producción como la milpa. Por ejemplo, la Demanda Colectiva Maíz ha sido un esfuerzo que durante 6 años ha evitado que el maíz transgénico ingrese a nuestro país, y la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, desde la construcción de un nuevo modelo agroalimentario, apoya la producción de alimentos campesinos para alcanzar la soberanía alimentaria.
Ahora que la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria revisará la iniciativa de reforma, ni ella ni la sociedad civil podemos permitir su aprobación, porque esta ley busca abrir las puertas a semillas transgénicas a partir de la ratificación del Tmec, que criminaliza abierta y contundentemente el libre intercambio de semillas nativas entre campesinas y campesinos.
Finalmente, si bien es cierto que reconocemos los esfuerzos que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han realizado en la materia durante los últimos meses, entre ellos el proceso de aprobación de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo y la declaración del Día Nacional del Maíz, la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de las Variedades Vegetales no solo cuestionaría fuertemente la legitimidad de las estrategias para reactivar el campo mexicano, apoyar a los campesinos y campesinas y alcanzar la soberanía alimentaria de nuestro país, sino que también atentaría contra las pequeñas y medianas comunidades productoras y campesinas, contra los pueblos y comunidades indígenas, la biodiversidad y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de las mexicanas y los mexicanos.