Dictaminó SCJN que no hay sustento legal para deducibilidad de esos instrumentos.
Nuevo León, entidad gravemente endeudada por el ex gobernador Rodrigo Medina.
Claudia Villegas
Primero fueron los vales de despensa y ahora todas las prestaciones de Ley. Año con año, las empresas dedicadas a la emisión de estos instrumentos buscan que los legisladores mejoren su visión y acciones parlamentarias para incrementar la tasa de deducibilidad fiscal. Ahora, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que no existía el sustento legal para llevar al ciento por ciento la deducibilidad de los vales de despensa. Mala noticia porque sienta, además, un precedente muy negativo para otra batalla de los organismos cúpula del sector privada que buscan también la deducibilidad total para todas las prestaciones de ley.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo en una entrevista radiofónica que defenderá la deducibilidad de las prestaciones de ley porque de otra manera el sector empresarial se estaría dando por vencido en su decisión de demostrar que sus ganancias son menores si se toma en cuenta los recursos que se invierten en este rubro.
En México, sólo 7 millones de mexicanos reciben vales de despensa ante la falta de incentivos para que un mayor número de empresas se decidan a ofrecer esta prestación a sus trabajadores. Los vales de despensa resuelven, por cierto, uno de los rubros más importantes de los hogares, dejando libres otros recursos para el consumo de las familias.
El CCE y otros organismos como la Coparmex han prometido que enarbolarán una iniciativa tan agresiva y contundente como la de la Ley 3de3 que comenzó con la convocatoria a la población civil para reunir firmas y llegar una propuesta de cambio de legislación para modificar y aprobar normar para exigir a políticos y funcionarios públicos la revelación de sus propiedades.
PASIVOS DE NUEVO LEÓN
En el estado de Nuevo León, en donde en 2014 el gobierno del estado del entonces gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, reconoció pasivos por 34 mil millones de pesos de deuda directa, se estima que sumando los pasivos de organismos descentralizados y el pago de intereses por cupón cero el total de la deuda superaría los 42 mil millones de pesos. La realidad es que Rodrigo Medina, de acuerdo con el analista, Rafael Olivares, terminó su gestión con una deuda de 106 mil 77 millones de pesos, esto es 45 mil millones de pesos de adeudos a proveedores y contratistas, recursos que no estaban declarados ante la SHCP, lo cual implica un crecimiento de la deuda a corto plazo del 391 por ciento durante el sexenio. El riesgo de inestabilidad financiera afectará la inversión pública en el estado y sus repercusiones impactarán a cientos de empresas proveedoras, pues las obligaciones de pago de Nuevo León representan el 229 por ciento del total de sus participaciones federales. En situación más complicada se encuentran los gobiernos estatales de Quintana Roo, Coahuila y Chihuahua, con obligaciones de pago que representan el 280 por ciento, 250 por ciento y 240 por ciento de sus participaciones.
NUEVA LICITACIÓN EN TIJUANA
El organismo de agua potable de Tijuana tendrá una nueva licitación. Ya le habíamos contado que en este organismo ya se habían registrado algunas irregularidades vinculadas con la compra de medidores. Una empresa brasileña se había visto beneficiada y su nombre podría volver a figurar entre los ganadores. El problema es que ha tenido un historial de sobre precios y poca calidad en sus productos. Le tendremos más información de las nuevas licitaciones. Fue hace un año cuando reporté que en las licitaciones de los sistemas de agua de gobiernos como Tijuana, Guadalajara y Chihuahua para la adquisición de equipos para el sector hidráulico, la empresa de origen brasileño Itron, a través de sus representantes en México, estaba ganando concursos a pesar de que los medidores de agua presentaban sobre precios hasta de un ciento por ciento respecto a los que se fabrican en nuestro país. No sobraba decir que durante muchos años la proveeduría de medidores de agua – un sector cuyo crecimiento está ligado al de la industria de la vivienda durante los últimos 15 años – estuvo en manos de empresas mexicanas que lograron capitalizarse y modernizar sus productos. Itron busca, desde hace un par de años, cambiar la historia.
El tema nos pareció relevante en un momento crítico para las finanzas públicas y cuando muchos gobiernos estatales y municipales enfrentarán problemas para cubrir sus presupuestos en 2017.
Recibimos varios correos electrónicos ampliando y refrendado la extraña situación que rodea a esta compañía extranjera que comienza a ganar mercado en México. La brasileña Itron tiene una gran racha de “buena suerte”; en licitaciones estatales y municipales está resultando ganadora con un medidor tipo “C” que promete enviar información digital para conocer el consumo de agua y, por lo tanto, los cobros para evitar estimaciones. Esa sola condición debería permitir que Itron y sus productos pudieran ser adjudicados de manera directa. Sin embargo, resulta que han decidido participar en licitaciones y ganar sin problema los concursos convocados por autoridades locales por ofrecer productos únicos. De esta forma, mantenían alejada la fiscalización de las sospechosas adjudicaciones directas y dejan claro que ganan en licitaciones abiertas y transparentes. El problema con Itron, según nos confirman algunos lectores de este espacio, es que empresas mexicanas ya lograron presentar el multicitado medidor de agua clase “C”, con precios menores que los de Itron, y nada ha cambiado; la brasileña sigue ganando licitaciones y con mayores precios.
En la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tendrían que revisar este tema porque si bien es cierto que se trata de recursos que son ejecutados y administrados por la entidades estatales y municipales, esta comisión es la responsable del desarrollo de los programas sectoriales.