Gran Angular : El sector eléctrico, rehén de ideologías


Apagones en México

Raúl Rodríguez Cortés

El presidente Andrés Manuel López Obrador

El apagón del lunes ¿opera a favor o en contra de las reformas y adiciones a la Ley de la Industria Eléctrica que pretende el gobierno de AMLO? Para perfilar una respuesta, consideremos primero algunos hechos y después, el meollo de la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

El apagón del lunes dejó sin luz a 4.8 millones de usuarios en el norte del país porque las nevadas y el frío extremo congelaron ductos y obligaron a que Texas cortara el suministro del gas natural que le compramos para generar aquí electricidad. Los cortes intermitentes y aleatorios que le siguieron ayer para balancear oferta y demanda del fluido alcanzaron a un millón 100 mil más, un total de 5.9 millones de afectados en 23 estados. Hasta anoche, un millón de usuarios seguían sin luz.

Javier Olea Peláez

México importa casi 70% del combustible con que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la genera, porque durante décadas se dio prioridad a la producción de petróleo y se rezagó la de gas natural, a partir del criterio libremercadista de que es más barato comprarlo en el exterior que producirlo aquí. Pero resulta que las bajas temperaturas y el consecuente aumento de la demanda en EUA, dispararon el precio del gas natural en más de cinco mil por ciento. México se vio obligado, desde principios de este mes, a limitar sus compras.

Una imperdonable falta de visión de largo plazo de la SENER de Rocío Nahle y de la CFE de Manuel Bartlett, los llevó a cancelar proyectos técnica y financieramente viables para la construcción de infraestructura de almacenaje de gas natural, estratégicamente necesarios ante contingencias climáticas o de precios, por el prejuicio de la participación privada. Apenas el pasado 15 de febrero la CFE presentó un programa de almacenamiento para mitigar riesgos asociados al comportamiento de los precios.

Cierto es, por otra parte, que la generación privada de energía fue desplazando durante los seis gobiernos anteriores, la participación en el mercado eléctrico a la CFE, organismo que mediante regulaciones específicas se ha visto obligado a subsidiar a inversionistas nacionales y extranjeros con más de 400 mil millones de pesos desde que en 1992 comenzó a tomar forma la privatización del sector y, principalmente, tras la aprobación de la reforma energética de 2013, de acuerdo con datos oficiales.

Takase Yasushi

Así que incompetencia, falta de previsión, corrupción y políticas favorecedoras de la generación privada serían causa de la debilidad de nuestro sistema eléctrico y los apagones hechos que lo desnudan. Cuarenta y nueve días antes del ocurrido el lunes se registró otro que afectó a cinco millones de usuarios en el centro-occidente del país que se atribuyó al incendio de un pastizal de Tamaulipas de acuerdo con un peritaje de la Protección Civil local que después se supo que era apócrifo (sin que hasta ahora se haya dado cauce a la comisión de ese delito) y que acabó por atribuirse a la intermitencia de las energías renovables. Antes, en marzo de 2019, se registró otro en Yucatán. Tres grandes apagones en dos años del actual gobierno.

Éste está centrado en el salvamento de la CFE como empresa productiva del Estado. Desde el 15 de mayo del año pasado, definió la llamada Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, cuya intención de marginar la generación privada fue invalidada por la Suprema Corte por violar el derecho a la libre competencia y dar una “ventaja indebida” a la CFE. Tras el revés, AMLO envió al Congreso su iniciativa preferente de reforma eléctrica que básicamente delinea el orden de prioridad del mecanismo de despacho de las centrales eléctricas: 1. Energía producida por las hidroeléctricas (todas de la CFE), de acuerdo con volúmenes de agua, con sentido social y de reducción de desastres; 2. Energía generada en otras plantas de la CFE (nuclear, geotérmica y termoeléctricas); 3 Energía eólica o solar de particulares; y 4. Energía producida en ciclos combinados de empresas privadas.

La iniciativa, como se ve, no cancela la participación privada, pero sí la limita, la margina. Según se vea, devuelve al Estado el monopolio del sector o su control estratégico. Tan ideologizada está una posición como la otra. ¿No podrá encontrarse un punto intermedio? ¿No podremos tener una industria eléctrica cuyas regulaciones públicas no nos tengan a merced del extranjero y garanticen su carácter estratégico, pero que equilibre la producción de energías no renovables y renovables (limpias) y eleve la calidad en servicio y precio con la competencia privada en un piso parejo? Porque, así como se afirma que la reforma de marras nos regresaría a un ineficiente monopolio estatal, las disposiciones de la reforma energética de 2013 favorecen deslealmente al inversionista privado.

Rocío Nahle

INSTANTÁNEAS:

  1. DAÑOS. El apagón del lunes traerá daños económicos y otras consecuencias en la principal zona industrial del país de la que depende el 47% de nuestras exportaciones y el 79% del empleo formal. De acuerdo con el maestro Ignacio Martínez, del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, en los estados del norte afectados están ubicadas 97% de las empresas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), las cinco principales aduanas por donde ingresa el 77% de las exportaciones terrestres de Estados Unidos y las empresas automotrices que representan el 17% del PIB.
  2. EMPLEO. Ya se dispone de datos concretos de los efectos de la pandemia en el empleo. También de acuerdo con el LANCEN, el año pasado hubo una disminución de 1.7 millones de personas en la población económicamente activa al pasar de 57.6 millones a 55.9 millones. El impacto mayor se registró en el sector servicios (restaurantes y hoteles) seguido por los micro negocios donde se perdieron 914 mil empleos. La población sub ocupada aumentó en 3.8 millones de personas al pasar de 4.3 millones a 8.1 millones. Las tasas más altas de informalidad laboral se registraron en Oaxaca (78.5%), Guerrero (77.3%) y Chiapas (76.4%). Los estados que generaron mayor formalidad laboral fueron Nuevo León (35.6%), Coahuila (36.7%) y Chihuahua (37.3%).
  3. VACUNAS. Al reanudarse ayer el suministro de vacunas de Pfizer a México, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que nuestro país tiene firmados contratos para la adquisición de 234.33 millones de vacunas contra Covid19 para inocular esquemas completos a 134.66 millones de personas. Precisó que con el mecanismo Covax se adquirirán 51.5 millones de dosis, con Astra Zeneca 77.4 millones, con Pfizer 34.4 millones, con CanSino 35 millones, con Sputnik 24 millones, con el Serum Institute de la India 2.03 millones y con SINOVAC 10 millones.
  4. JAPÓN. El embajador de Japón en México, Takase Yasushi ofreció ayer una recepción virtual con motivo del cumpleaños del emperador Naruhito. El próximo 23 de febrero cumplirá 61 años quien, desde el pasado primero de mayo de 2019, ocupa el Trono del Crisantemo.
  5. FORO. Quien sigue muy movido como presidente de la sociedad de exalumnos del ITAM es Xihu Tenorio. Para esta semana organizó un foro virtual en el que se analizarán los retos que enfrenta la ciudad de México. Participarán como ponentes el presidente del PAN en la CDMX, Andrés Atayde; la concejal en la alcaldía Benito Juárez, Fernanda Bayardo; la analista y periodista Fernanda Caso; los alcaldes de Morena en Azcapotzalco y Cuauhtémoc, Vidal Llerana y Néstor Núñez, respectivamente; y el presidente de Fuerza por México en la capital del país, Armando Ríos Piter. Moderará la directora de Desarrolllo Social de la alcaldía Miguel Hidalgo, Ana Montaño.

LA IMPUNIDAD DE FÉLIX

SALGADO MACEDONIO

Xihu Tenorio

En Guerrero se concentran muchas de las peores violaciones a los derechos humanos cometidas en México: matanzas, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, llevadas a cabo para reprimir la rebeldía cívica, estudiantil, campesina o indígena; aniquilar la sublevación armada; e imponer el mafioso control territorial del narcotráfico. Violaciones, todas ellas, en las que la impunidad ha sido reina con la complicidad de autoridades, caciques y delincuentes.

De ese Guerrero de las descarnadas masacres (las muchas de la Guerra Sucia, la de los universitarios de Chilpancingo, la de los productores de copra de Acapulco, la de los campesinos de Aguas Blancas y El Charco, y la de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala), que a gritos pide una autoridad política que se le garantice justicia ante los innumerables crímenes que lo han humillado, pretende ser gobernador Félix Salgado Macedonio, cuya biografía es abundante en conductas impunes y que avanza hacia la elección de junio próximo con tres acusaciones de violación y abuso sexual a cuestas.

Sin menoscabo de la presunción de inocencia, no cabe el “ya chole” expresado por AMLO al decir que se trata de una campaña mediática contra el candidato de MORENA. No lo es. Hay suficiente evidencia para judicializar las acusaciones en su contra.

El pasado 6 de enero le mostré aquí el expediente de la Fiscalía de Guerrero con las acusaciones presentadas en 2017 por una empleada del periódico que entonces dirigía Salgado Macedonio (https://bit.ly/2ZueGMZ). La carpeta de investigación no se judicializó por órdenes del gobernador Héctor Astudillo, según reveló el entonces fiscal del estado, Javier Olea Peláez. El expediente quedó archivado, pero sigue vigente. Su reapertura podría ser solicitada por la víctima, pero de ella nada se sabe desde principios de este año. También puede reabrirla la Fiscalía, pero ésta dijo que lo analizará, sin que hasta ahora se conozca su respuesta.

Héctor Astudillo

Tras ese escándalo, se presentó otra denuncia. Basilia “N” también acusó de violación a Salgado Macedonio. Presuntamente se cometió en 1994, cuando la denunciante era menor de edad. La Fiscalía de Guerrero determinó que el delito había prescrito, pues desde su presunta comisión han transcurrido más de los once años y medio que marca la ley para que así ocurra. El ex fiscal Olea Peláez ha asumido su defensa de esta mujer en la parte penal, apoyado por Patricia Olamendi en la parte de derechos humanos. Ambos impugnarán la prescripción con el argumento de que en el conteo de años no deben considerarse aquellos en los que el acusado ha tenido fuero como senador, diputado, presidente municipal de Acapulco y otra vez senador, casi quince años.

Fue el caso de Basilia “N” el que se denunció ante la Comisión de Honestidad y Justicia de MORENA que convocó a acusadora y acusado a su sesión del martes pasado. Fue una simulación. Ni siquiera estuvieron presentes los consejeros, sino personal administrativo. A Basilia se le impidió ser asistida por sus abogados, lo que sí se permitió a Salgado Macedonio, quien desde el 2 de febrero anterior ya tenía la ratificada su candidatura.

El asunto ha generado divisiones al interior de MORENA, sobre todo de sus diputadas; y entre colectivos feministas que reclaman a AMLO en redes con el hashtag #PresidenteRompaElPacto con Salgado Macedonio, la oposición política, por supuesto, y la opinión pública en general.

El costo para MORENA puede ser muy alto. No tanto en las elecciones de Guerrero, donde su aparato y el apoyo de AMLO parecen garantizar el triunfo. Sí en las de la Cámara de Diputados, donde estaría empezado a pesar el desencanto, no porque se asuma desde ya la culpabilidad sin juicio de Salgado Macedonio, sino porque llegará a un estado urgido de justicia (promesa central de la 4T), manchado por el desprestigio, sin claridad sobre su inocencia, prácticamente confeso tras declarar que todo lo que se diga de él es cierto, y con el fardo brutal de la impunidad.

Instantáneas:

  1. AYOTZINAPA. Hoy se llevará a cabo en la austriaca Universidad de Innsbruck la diligencia genética con los 16 restos humanos encontrados en la Barranca de La Carnicería, municipio de Cocula, Guerrero, durante las más recientes pesquisas sobre la desaparición en Iguala de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Fueron enviados el miércoles con una comisión encabezada por el fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, quien vía video llamada participó en la reunión que sostuvo ayer AMLO con los padres de los desaparecidos. Los resultados del análisis se tendrán un uno o dos meses. Una diligencia anterior derivó en la identificación de uno de los jóvenes: Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. En el gobierno anterior fueron enviados otros 16 restos, de los que derivó la identificación de Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz. Sus restos –se dijo entonces- fueron encontrados en el río Cocula, pero el resultado fue impugnado por los padres ya que el haber sido colocados en una bolsa, sin la supervisión de grupos de expertos, fue para ellos un procedimiento viciado. De la reunión de ayer en Palacio Nacional se conoció también la detención de Luis Antonio Dorantes Macías, quien fuera encargado de la comisaría de la Policía Federal en Iguala, en la época en que ocurrió la desaparición forzada de los jóvenes. Sobre el proceso de extradición de Tomás Zerón Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, se informó que se ha complicado debido a que los trámites oficiales se paralizaron en Israel por la pandemia de COVID19.

    Félix Salgado Macedonio
  2. REDES. Arrancó el parlamento abierto sobre el proyecto de iniciativa de ley para Regular las Redes Sociales organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Senado de la República. El senador Ricardo Monreal, promotor de la iniciativa, subrayó que su propuesta es apenas un borrador que se va a nutrir con todas las voces que se van a escuchar. En ese tono reconoció que, más allá de filias y fobias, el marco jurídico de nuestro país y del mundo, es limitado y poco efectivo para hacer frente al reto jurídico de establecer y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de cualquier usuario de las redes sociales, sin incurrir en actos de censura.
  3. SAQUEOS Y DESTROZOS. La UNAM informó ayer que algunas de sus instalaciones han sido violentadas por grupos de embozados que, con supuestos reclamos estudiantiles, aprovechan dolosamente el confinamiento de los universitarios en sus hogares, para saquear y causar destrozos en el patrimonio de la máxima casa de estudios. Se han levantado actas y presentado denuncias de todos los casos, el más reciente en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo.
  4. EQUILIBRIOS. El Partido Verde en San Luis Potosí ya se sentía ganador de una elección en la que aún no se terminaba de configurar las fichas. Ahora con un Morena fortalecido en la entidad por los nuevos cuadros que llegan a equilibrar el tablero, Ricardo Gallardo Cardona empieza a perder la confianza que tanto presumía.

 

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