Gran angular. Como a Pimpón a Gabino: le lavan la carita con agua y con jabón


El conflicto del magisterio disidente sigue sin resolverse y Gabino Cué, en lugar de tomar decisiones orientadas a por lo menos distenderlo, está dedicado a impulsar voces, ligadas por su puesto a sus intereses, sobre todo frente a los hechos de Nochixtlán que el 19 de junio pasado dejaron un saldo de nueve muertos y 26 heridos.

La semana pasada, por ejemplo, el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo sembró la pregunta ¿por qué la Policía Federal atacó a los pobladores de Nochixtlán?

Comparecía ante diputados federales y senadores que integran la comisión legislativa que investiga esos hechos de violencia y ante ellos cuestionó: “Si querían lograr el desalojo de la autopista en 15 minutos y lo consiguieron, ¿por qué incursionaron y entraron a la zona urbana?

El ombdusman de Oaxaca informó que desde el 13 de junio hubo intentos de desalojar la carretera bloqueada por la sección 22 de la CNTE, para lo cual llegaron en camiones contingentes de la Policía Federal. Esos camiones se fueron al día siguiente per vacíos. Peinberg sugirió que muchos de los agentes de la Federal se quedaron en el pueblo infiltrados, vestidos de civil, y participaron en el trágico enfrentamiento que tuvo lugar cinco días después.

Esta narrativa aporta elementos no considerados en el informe que sobre los hechos entregaron el jueves pasado a esa misma comisión legislativa el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, y en el que se asegura que durante las ocho horas que duró el enfrentamiento, los efectivos de la Federal fueron atacados hasta en cinco ocasiones con armas largas, por “simpatizantes de la sección 22, cubiertos del rostro”, desde diversos sitios como casas, la maleza y hasta un panteón. Informe este que no asegura, contundentemente, aunque lo sugiere, que la Policía Federal disparó en respuesta a las agresiones.

El caso es que el ombdusman oaxaqueño, aunque también reconoce la presencia en Nochixtlán de policías estatales y municipales, echa toda la carga de la responsabilidad a la Federal, con la intención, decíamos líneas arriba, de limpiar al gobernador Cué.

¿Por qué tendría que ponerse del lado de Gabino quien debe, por obligación, defender los derechos humanos de los oaxaqueños? La respuesta es simple: Peimberg forma parte de la pandilla que ha (des)gobernado Oaxaca durante los últimos seis años.

Pero la relación va más allá de los vínculos políticos y se acerca a la de los afectos, pues resulta que Peimbert estuvo casado varios años con Viviane Michelle Moorman Gómez, quien fuera la toda poderosa secretaria particular del Gobernador.

Durante la primera mitad del (des)gobierno de Gabino Cué, no hubo asunto que no pasara por la oficina de la atractiva funcionaria, cuya cercanía e influencia con el Gobernador, dio mucho de qué hablar a la sociedad oaxaqueña.

Moorman Gómez formaba parte de un grupo en el que estaba la también atractiva Marcela Pezet, encargada de las relaciones públicas de Gabino en la ciudad de México, y quien operaba desde el edificio Omega de la calle de Rubén Darío, en Polanco, junto a la oficina de Jorge El Coco Castllo, poderoso ministro sin cartera del gobernador y encargado de mover sus negocios.

Así fue hasta que el círculo íntimo se rompió: Viviane dejó el cargo para tener a su hija y después se divorció del ombdusman oaxaqueño. Asuntos privados, sí, pero que han incidido e inciden en decisiones que afectan la vida de cientos de miles de oaxaqueños.

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Los partidos y la 3 de 3

En solo tres de los nueve partidos políticos nacionales con registro, sus dirigentes han publicado la llamada declaración 3 de 3 exigida, por iniciativa ciudadana, en el descafeinado paquete de leyes anticorrupción. Entre los que nos la deben, aún sin que sea una obligación de ley hacerla pública, está el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aunque prometió abrirla al escrutinio ciudadano en una entrevista recientemente publicada por EL UNIVERSAL

Los que ya la subieron a la página www.3de3.mx  de www.inicitivamexico.org, son los presidentes del PAN, el PRI y el PRD, expresión de transparencia que se les debe aplaudir. Sin embargo, la información que se encuentra en sus respectivas declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, sugiere dos cosas: que la política y el sector público sí pagan, y pagan muy bien; y que, la acumulación de bienes declarados en estos tres casos, y seguramente en casi todos, solo es explicable con ingresos adicionales a los obtenidos en el servicio público, muy probablemente mediante el tráfico de influencias.

Enrique Ochoa Reza, del PRI, declaró ingresos anuales por tres millones y medio de pesos, de los cuales dos millones son por cargos públicos, y uno y medio millones por actividades empresariales, servicios profesionales y rendimientos financieros. Dio cuenta también de una casa en la ciudad de México de 6.9 millones de pesos, un departamento en La Paz de 9.7 millones y un terreno en Morelia de 3.3 millones de pesos, bienes inmuebles adquiridos a crédito. Declaró, asimismo, cincuenta automóviles Nissan, con valor de 4.6 millones de pesos, pagados al contado (flota de taxis a la que ya nos referíamos en una columna anterior); y 56 obras de arte valuadas en 3.8 millones de pesos. Informó también de una participación accionaria de 33 por ciento en la empresa AOZ Farmacéutica S.A. de C.V.

Alejandra Barrales Magdaleno, del PRD, declaró ingresos anuales por 12.4 millones de pesos, de los cuales 1.4 millones son por cargos públicos, 1.3 millones por rendimientos financieros y 9.7 millones por otras actividades. Dio cuenta también de una casa en la ciudad de México de 13.3 millones de pesos y un departamento en Acapulco de 8.1 millones, adquiridos a crédito; así como un terreno heredado en el Estado de México de dos millones y un departamento en la ciudad de México de 1.3 millones pagado de contado. Declaró, asimismo, poseer el 99 por ciento de las acciones de la empresa Alabama Transportes S.A. de C.V., un automóvil Mercedes Benz 2013 de 334 mil pesos pagado de contado y un General Motors 2015, donado, de 220 mil pesos.

Ricardo Anaya, del PAN, declaró ingresos anuales por 1.2 millones de pesos de los cuales 220 mil son por cargos públicos y 980 mil por servicios profesionales. Dio cuenta de una casa en Querétaro, donada, de 4.3 millones de pesos y de un automóvil Tahoe Chevrolet, de 210 mil pesos, pagado de contado. Informó, asimismo, ser administrador único de una fábrica de calzado propiedad de su padre y participación accionaria en dos empresas inmobiliarias: Cintla S de RL de CV (50 por ciento) y Junsierra S de RL de CV (42 por ciento).

Los tres dirigentes partidistas presentaron sus declaraciones fiscales consistentes en el formato de cumplimiento de obligaciones ante el SAT, documento que no muestra el monto de ingresos declarados a Hacienda para, en el mejor de los casos, cotejarlo con el declarado en la patrimonial.

Se advertía, líneas arriba, que el líder de Morena, nos debe su 3 de 3. Hace doce días, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, aseguró que la presentaría en diez o quince días. Faltan tres para que venza el plazo que él mismo fijo.

También nos la deben Jorge Emilio González Torres, del PVEM; Alberto Anaya, del PT; Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano; Luis Castro Obregón, de Nueva Alianza; y Hugo Eric Flores Cervantes, de Encuentro Social.

El caso Narvarte y la politización de la justicia

A las ocho y 20 de la noche del viernes 31 de julio del año pasado, policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad de México llegaron al departamento 401 de la calle Luz Saviñón 1909, en la colonia Narvarte, en respuesta a un reporte de emergencia. Encontraron un escenario estremecedor: cuatro mujeres y un hombre asesinados con saña inaudita.

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La Procuraduría capitalina tomó conocimiento del homicidio de la colombiana Mile Virginia Martín y las mexicanas Yesenia Alfaro Quiroz, Olivia Alejandra Avilés Negrete y Nadia Vera Pérez, así como del fotógrafo, también mexicano, Rubén Manuel Espinosa Becerril.

Éste último había trabajado en Veracruz como fotoperiodista independiente y sostenía una relación con Nadia Vera Pérez, activista a favor de diversas causas sociales. Desde esos días causaba gran inquietud la muerte de periodistas y la represión de activistas, en el (des)gobierno de Javier Duarte en Veracruz. Por eso las primeras interpretaciones sobre el móvil del crimen apuntaron hacia el indefendible mandatario estatal.

Pero un video de las cámaras de seguridad de la CDMX documentó la entrada y posterior salida del departamento de tres sujetos, uno de ellos con una maleta presumiblemente cargada de droga. Fueron identificados como Daniel Pacheco Gutiérrez (detenido cuatro días después del crimen), el ex policía Abraham Torres Tranquilino (capturado el 30 de agosto siguiente) y Omar Martínez Zendejas (aprehendido el 11 de septiembre, cuando empacaba sus pertenencias para huir de la ciudad).

De acuerdo con la investigación, ellos habrían ido a reclamar un cargamento de droga al departamento de Luz Saviñón, en el que por lo menos dos de las jóvenes muertas (la colombiana Mile y la mexicana Alfaro Quiroz) estaban dedicadas a la prostitución y al narcomenudeo.

David Peña y Karla Michel Salas son los defensores coadyuvantes de los familiares de las víctimas del homicidio múltiple. Con ellos han promovido diversas declaraciones que rechazan las pesquisas de la Procuraduría. Las madres de las jóvenes víctimas no aceptan que sus hijas se prostituían y traficaban con droga como acusa el ministerio público. Esto ha sido aprovechado por los familiares de los presuntos asesinos, quienes ahora argumentan que sus declaraciones sobre el crimen, les fueron arrancadas mediante tortura. Eso abrió la puerta, otra vez, a la insinuación de que el verdadero móvil tiene que ver con las actividades del fotoperiodista y la activista.

Mientras un juez determina la verdad jurídica del caso, cabe preguntar ¿qué motiva a los coadyuvantes Peña y Salas? Una respuesta está en sus actividades políticas: David Peña ha sido asesor en muchos cargos de la ex perredista, hoy asambleísta de Morena, Aleida Alavez Ruiz y antes, brazo derecho en los grupos juveniles asociados al movimiento político del aún perredista René Bejarano, a la sazón adversario político de Miguel Ángel Mancera y del procurador Fernando Ríos.

Karla Michel Salas es pareja de Peña, y juntos, según se pudo corroborar, han defendido y pagado fianzas de todos los ‘anarcos’ detenidos en las manifestaciones del 2 de diciembre pasado y del 1 de diciembre de 2012, cuando tomó posesión Peña Nieto.

De manera que, a un año del homicidio múltiple, prevalece la intención de oplitizar la justicia, de convertir la tragedia en un embate político contra Mancera y Ríos Garza, sin considerar, siquiera, que ha sido uno de los casos resueltos con la mayor celeridad, pues a cuatro días del homicidio múltiple ya había un detenido. Pero los detractores probados del Jefe de Gobierno, insisten en la idea equivocada de que para aclarar los hechos es precisa la clarificación del móvil. La investigación sigue abierta, no obstante que videos y otras evidencias señalan contundentemente a los tres detenidos como los autores del homicidio de la Narvarte que el domingo próximo cumplirá un año de cometido. (rrodriguezangular@hotmail.com , @RaúlRodriguezC y Facebook/RRCNoticias)

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