Raúl Rodríguez Cortés/El Universal
Exactamente en el momento que AMLO daba “El Grito” desde el balcón presidencial de Palacio Nacional la noche del martes pasado, representantes de organizaciones de la sociedad civil, colectivos de víctimas y agrupaciones de izquierda, completaban la entrega al Senado de la República de al menos 2.5 millones de firmas de ciudadanos solicitantes de una consulta popular sobre el eventual juicio a expresidentes.
Faltaban 59 minutos para que se cumpliera el plazo de entrega marcado por la Constitución para dar curso a una petición de consulta popular por cualquiera de las tres vías posibles: la del Presidente, la de al menos 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso y la de dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores. Si ésta es de 90 millones 36 mil 367, el mínimo requerido es de un millón 800 mil 727. De manera que si el INE valida las entregadas (en eso va el proceso que no debe pasar de treinta días), se habrían entregado casi 700 mil más de las requeridas.
Poco eco se hizo de la entrega de estas firmas. Se enfatizó falsamente -con ese atávico desprecio de las élites y de sectores de la clase media a la iniciativa popular-, en la incapacidad del gobierno de la 4T para conseguirlas, argumento que ignora el clamor de justicia proveniente de amplísimos sectores de la sociedad. Lo cierto es que fue un esfuerzo digno de mayor reconocimiento.
El lunes 14 de septiembre, AMLO había enviado al Senado su petición de consulta popular y éste la había remitido a la Corte para que juzgue su constitucionalidad a más tardar en veinte días. En la conferencia mañanera había dicho que la petición, por la vía ciudadana, sólo llevaba hasta ese momento 800 mil firmas. Faltaban al menos un millón y el plazo de entrega vencía en día y medio.
Ese lunes se acopiaban las captadas por las mesas ciudadanas abiertas por la UAM y las promovidas por Omar García, normalista de Ayotzinapa sobreviviente de los hechos de Iguala. En la noche llegaron 359 mil firmas de Veracruz y 300 mil más de Morena Ciudad de México.
Ya el martes, con el tiempo encima, llegaron 45 mil de organizaciones de la sierra de Guerrero, 359 mil más de las de Veracruz, 450 mil de la Comuna de Oaxaca encabezada por Flavio Sosa y 300 mil recabadas por Mario Delgado y diputados de Morena.
Se habían conseguido en el muy breve lapso de quince días y sin ningún tipo de publicidad, solo con la organización popular y el uso de las redes sociales. El problema era ahora hacer una primera revisión de formatos, foliarlos y empaquetarlos.
Toda la tarde del 15 de septiembre, la sede de #JuicioAexpresidentes, en el número 14 de la calle de Tepeji de la colonia Roma Sur, trabajó a marchas forzadas, entre el apremio y el entusiasmo de decenas de jóvenes, muchos jóvenes. Se foliaba cada hoja de diez firmas. Un total de 280 mil folios. Se envolvieron con papel estraza en paquetes de mil que se metieron en cajas de cartón.
A las 11 de la noche del martes, el Comité Técnico para Consultas Populares de la mesa directiva del Senado, encabezado por Publio Rivera Rivas, recibía 64 cajas que salieron de la sede de Tepeji y 13 que llevaron representantes de Unidad de las Izquierdas. Las entregaron, con Notario Público dando fe, la joven desplazada de Guerrero, Norma Ariadna Sánchez Bahena, el normalista de Ayotzinapa Manuel Vázquez Arellano y la senadora con licencia Citlalli Hernández.
La pregunta que plantearon para la consulta y sobre la que dicen se trabajó mucho para quitarle cualquier carga militante o signo de inconstitucionalidad fue: ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso? Pregunta similar es la que plantea otra petición ciudadana también entregada al Senado: la de la exdirigente interina de Morena, Yeidckol Polevnsky.
Ambas ya fueron remitidas al INE que tiene un plazo de 30 días para validar formatos, firmas y el número de las requeridas para que transiten, así como cerciorarse de que no se trata de padrones del gobierno. Si el INE avala, las enviará a la Corte para que ésta determine la constitucionalidad de la pregunta.
Para entonces, el máximo tribunal del país estará llegando al plazo para definir si petición y pregunta de AMLO no violentan derechos consagrados por la Constitución. El proyecto de resolución que votará el pleno será planteado por el ministro Luis María Aguilar.
INSTANTÁNEAS:
- CONSTITUCIONALIDAD. Como se sabe, la pregunta que plantea la petición de consulta popular de AMLO es: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto? Muchos especialistas en derecho constitucional han considerado durante la semana que la Corte la bateará. Aseguran que la investigación de delitos es obligatoria y no llevarla a cabo es otro delito. Otros, los menos entre los consultados por este reportero, argumentan que la consulta no es para que la gente juzgue a los expresidentes sino para obtener su acuerdo de proceder contra expresidentes corruptos.
Felipe Calderón Hinojosa - LA OTRA CONSULTA. El Senado recibió antes de que venciera el plazo de las 23:59 horas del martes 15 de septiembre, otra petición de consulta popular. Ésta fue presentada por la senadora panista Xóchitl Gálvez, en representación de otros 43 senadores del opositor Bloque de Contención. La pregunta que plantearon es: ¿Estás de acuerdo en que el gobierno federal brinde un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas por las que atraviese el país, como la originada por la contingencia sanitaria del COVID19? Esta petición, por proceder de senadores deberá seguir un proceso similar al que seguirá la petición del Presidente: esperar el aval de constitucionalidad por parte de la Corte y luego someterla al Congreso para que la apruebe por mayoría simple.
- PREGUNTA. ¿Se contrapone la democracia representativa (que es nuestra forma de gobierno) con la democracia participativa o directa (como la consulta popular)? Quien esto escribe piensa que no, cree que se complementan.
LA TENAZA APRIETA CADA
VEZ MÁS A CALDERÓN
En Estados Unidos se acopian cada vez más evidencias contra quien fuera el hombre fuerte de Calderón. La corte federal de Nueva York que procesa a Genaro García Luna, recibió el lunes del Departamento de Justicia 17 grabaciones de conversaciones interceptadas al exsecretario de Seguridad Pública y dos expedientes sobre su historial financiero. Es tal el cúmulo de pruebas sobre nexos criminales que podrían incriminar al expresidente, que sus abogados han replanteado al juez Brian Cogan la posibilidad de evitar el proceso acogiéndose al programa de testigos protegidos. Cualquiera de los dos escenarios mantendría al expresidente en el centro de la trama.
En México, AMLO dio ayer el primer paso hacia la consulta popular sobre el enjuiciamiento a Calderón y otros cuatro expresidentes. Sin señalar tipos penales específicos, esbozó probables responsabilidades. A Salinas la instauración del neoliberalismo, las privatizaciones y la desigualdad que trajeron (muchos pobres y un buen número de multimillonarios), sin que privatizar (a menos que se pruebe corrupción en el proceso) o la opción por un modelo económico y sus consecuencias, puedan, francamente, considerarse un delito.
A Zedillo, el rescate bancario (Fobaproa) que hipotecó al país. A Fox, su indebida intervención en el proceso electoral de 2006, que determinó que sí lo hizo, pero nada más tantito. A Calderón, el fraude electoral del que se benefició, el sangriento saldo de su guerra con el narcotráfico y sus presuntos vínculos con éste a través de García Luna. Y a Peña Nieto, la irrupción a su campaña electoral de grandes cantidades de dinero, producto de sobornos para amarrar contratos en su gobierno, la compra de votos de legisladores del PAN para la aprobación de la reforma energética y la compra a sobre precio a intereses privados de plantas chatarra.
Con tales consideraciones, López Obrador planteó la pregunta de la consulta: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto?
La petición de consulta fue entregada ayer mismo al Senado que, a su vez, la hizo llegar a la Corte. Ésta, antes de que se continúe el proceso de aprobación, organización y realización de la consulta popular, deberá determinar, en no más de veinte días, si la pregunta se apega y respeta derechos establecidos en la Constitución.
La pregunta, asumimos, se pensó y se formuló en términos que no comprometan su constitucionalidad, salvó la mejor y especializada opinión de los ministros de la Corte. Si su fallo es por la inconstitucionalidad –lo que vemos difícil- la petición de consulta se archivará, pero si no, continuará un proceso que deberá pasar por su aprobación con el voto mayoritario del Congreso, su realización el primer domingo de agosto del año siguiente a la solicitud de la misma y la aplicación obligatoria (vinculante) de su resultado, si participa en ella 40% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, es decir, 35 millones 968 mil.
Por acusaciones específicas hechas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, dos de los cinco expresidentes sobre los que se preguntará si deben ser enjuiciados, dos parecen los más atenazados: Peña Nieto y Calderón. Éste último dice que AMLO confunde República con un circo romano. ¿Se le olvidará que él la confundió con una cloaca y un cementerio?
INSTANTÁNEAS:
- MECENAS. La negativa del INE de registrar como partido a México Libre y la decisión de sus promotores, Margarita Zavala y Felipe Calderón de impugnarla ante el TEPJF, destapará algunos datos que ya se empiezan a conocer de acuerdo con filtraciones de registros del INE. El Tribunal determinará si hubo aportaciones ilegales a México Libre, pero al debatirlo, muy probablemente se conocerán las legales. Entre otras, las que algunos empresarios hicieron desde los diez mil hasta los dos millones de pesos: Álvaro Fernández Garza, del Grupo Alfa; Carlos Martín Montemayor, empresario inmobiliario vinculado a la operación de casinos; María de Lourdes Sánchez Navarro; María Eloína Fernández Carbajal, hermana del presidente del Grupo FEMSA; y Ángel Losada Moreno, del Grupo Gigante, entre otros. No son aportaciones ilegales o sin reportar, pero identifican sus simpatías por un eventual regreso al poder del calderonismo. La lucha de alternativas políticas es propia de toda democracia.
Carrera contra el tiempo - MORENA. En la adelantadísima disputa de la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum le ganó un primer round a Marcelo Ebrard. Decíamos aquí el viernes pasado que tal es el fondo del proceso mediante el cual renovará su dirigencia ese partido político. El TEPJF, por cinco votos contra dos, le ordenó al INE modificar la convocatoria correspondiente, según demanda interpuesta por el presidente interino morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar quien, junto con la presidenta del Consejo Nacional, Berta Luján, son parte del grupo más cercano a la jefa de gobierno de la CDMX. La convocatoria –consideraron los magistrados- debe incluir equidad de género. Además, le pide que fundamente por qué debe llevarse a cabo una encuesta de reconocimiento para eliminar candidatos y dejar solo a seis en la encuesta definitoria. Si así fuera, dicen los que saben, se beneficiaría a Mario Delgado, el delfín de Ebrard sobre Porfirio Muñoz Ledo, el de Sheinbaum.
- AMENAZA. El de por sí polarizado ambiente político del país se enturbió ayer al conocerse de una amenaza anónima de atentado contra Claudia Sheinbaum. La seguridad de la jefa de gobierno se reforzó ayer mientras la Fiscalía de Justicia capitalina de Ernestina Godoy inició las investigaciones correspondientes. El reciente atentado contra el secretario de Seguridad Pública de la CDMX, Omar García Harfush recuerda que hay asuntos que no se deben descuidar y mucho menos tomar a la ligera.
(rrodriguezangular@hotmail.com , @RaulRodriguezC , raulrodriguezcortes.com.mx )