Israel Rodríguez / La Jornada
Ciudad de México. La trata de personas deja una derrama en América Latina de unos 18 mil millones de dólares anuales y en el caso de México las entidades en los que se presenta este fenómeno son Ciudad de México, Quintana Roo y Jalisco principalmente , informó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por su parte, Raquel Buenrostro, Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que de las 892 revisiones a grandes contribuyentes solo dos optaron por la resolución de la controversia por vía jurídica. Sin mencionar nombres, dijo que las investigaciones de grandes contribuyentes que son alrededor de 12 mil se extenderán a farmacias y a cadenas de tiendas minoristas y al sector financiero para detectar posibles operaciones de lavado de dinero.
Al presentar la Guía de prevención y detección de operaciones de trata de personas, ambos funcionarios señalaron que es muy difícil cuantificar el monto que genera la trata de personas ya que se realiza en efectivo, pero de acuerdo con estimaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la derrama que deja esta actividad ,que es la más lucrativa después del narcotráfico, es de 150 mil millones de dólares, de los cuales el 12 por ciento corresponde a América Latina.
Sobre la creación de la Guardia Financiera , Nieto Castillo, explicó que lo que se pretende es que la UIF pase de una entidad puramente administrativa a una de corte híbrido.
Con respecto a las investigaciones sobre trata de personas indicó que se han congelado cuentas de tres grupos: Zona Divas, Kamel Nacif y del Rastrillo.este último relacionado con la Unión Tepito.
Raquel Buenrostro, reveló que se tienen identificados a 12 mil grandes contribuyentes susceptibles de revisión para conocer sus probables adeudos fiscales de administraciones pasadas y en este año se esperan realizar unos 600 auditorias.
Buenrostro Sánchez aseguró que se están fortaleciendo los lazos de la UIF con el SAT reorientando los trabajos a la inteligencia para identificar delitos de lavado de dinero .