- Reconoce la dependencia que existen inconsistencias en cuantificación.
- Anticipan que harán revisión exhaustiva respecto a metodología utilizada.
- Vacuna contra Covid19 se aplica en México, no hay que esperar milagros.
Se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada
Eduardo Ruiz Healy
El lunes y el martes me referí aquí al Informe General Ejecutivo correspondiente a la Cuenta Pública 2019 que hace una semana difundió la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
El lunes comenté que el informe señalaba que, según cálculos de la ASF, el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX (NAICM) fue “de casi 332 000 millones de pesos, muy por encima de los 100 000 millones que estimó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en abril de 2019”.
Ante tal discrepancia pedí que fueron investigados los responsables de la cancelación, el ex titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, y el ex director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Gerardo Ferrando Bravo.
El martes referí como AMLO, durante su conferencia de prensa del día anterior, rechazó los datos de la ASF: “Están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí; y ojalá y lo hagan ellos… porque le están dando mal la información a nuestros adversarios…”.
Mi columna del martes la redacté el lunes, antes de que ese mismo día, ya tarde, la ASF emitiera un comunicado firmado por el Auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, en el cual, refiriéndose la auditoría del NAICM: “Se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco; Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica…”. También explica que en la auditoría se consideran algunos flujos “que no representan un costo… Bonos en Circulación que ya se encuentran contemplados dentro del costo de la inversión ejercida… intereses de vencimientos futuros que no representan un costo actual…” y otros conceptos poco claros.
Hasta el momento la ASF no ha explicado cuál fue la “deficiencia metodológica”.
Ayer, en su conferencia matutina, AMLO le pidió a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, que se investigue para esclarecer “a fondo de las equívocas afirmaciones de la ASF” de las cuales “se aprovecharon nuestros adversarios, la prensa conservadora que defiende al régimen corrupto, para afectarnos en la imagen del gobierno… aunque existe la posibilidad de que hayan hecho mal las cuentas… más bien, creo que se trata de una actitud politiquera, que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores”.
La acusación del presidente contra la ASF es sumamente seria porque asegura que el principal órgano fiscalizador del gasto público de nuestro país, que debe ser apolítico e imparcial, obedece los intereses de los que se oponen a su gobierno.
El titular de la ASF, David Colmenares, así como Caso Raphael, deben esclarecer cuanto antes la situación porque la credibilidad de la institución está en juego. Si hubo error, que expliquen cuál fue y porque se incurrió en él.
El desprestigio de la ASF le podría venir como anillo al dedo a un gobierno que ha sido muy transparente en cuanto al uso de cuantiosos recursos públicos.
NO ESPEREMOS MILAGROS; VACUNAR
AL 70% SERÁ UN LARGO PROCESO
Más personas que antes tienen la intención de ser vacunadas contra el COVID-19 y la mayoría de ellas está de acuerdo con que la vacuna sea obligatoria para todos.
Así lo muestra una encuesta de adultos realizada en 15 países, México entre ellos, del 28 al 31 de enero de este año, por la encuestadora Ipsos en asociación con el Foro Económico Mundial.
Lo que encontró la encuesta:
En ocho de los países es alta la intención de vacunarse: Reino Unido (89%), Brasil (88%), China y México (85%), Italia y España (80%), Canadá (79%) y Corea del Sur (78%).
En tres países es moderadamente alta: Australia (73%), Estados Unidos (71%) y Alemania (68%).
En otros tres la intención es regular: Japón (64%), Sudáfrica (61%) y Francia (57%).
Y en un país es baja: Rusia (42%).
En 11 de los 15 países, la mayoría de los que tienen la intención de vacunarse dicen que lo harán de inmediato o antes de que termine un mes desde que esté disponible.
México tiene el mayor porcentaje de quienes así piensan hacerlo, 82%, seguido por Brasil y Reino Unido (79%), España (71%), Estados Unidos (70%), Alemania (68%), Canadá (67%), Italia (66%), Francia (59%), Australia (56%), Sudáfrica (55%), China (49%), Japón (39%), Rusia (37%) y Corea del Sur (28%).
Llama la atención cómo aumentó el número de personas que tienen la intención de vacunarse desde que Ipsos realizó una encuesta similar del 17 al 20 de diciembre de 2020.
En Italia y España el aumento fue de 28 puntos porcentuales, seguidos por Reino Unido (21 puntos), Brasil y México (20 puntos), Francia (19 puntos), China (17 puntos), Canadá (16 puntos), Sudáfrica (6 puntos), Australia (5 puntos) y Rusia (3 puntos).
Las principales razones para no querer vacunarse son, en primer lugar, el temor a los efectos secundarios causados por las vacunas, y la preocupación de que los ensayos clínicos de las mismas fueron demasiado apresurados. Así piensa el 84% de los que no se vacunarán en Corea del Sur, seguido por Japón (80%), México (77%), Brasil (76%), China y Sudáfrica (72%), España y Francia (71%), Alemania (69%), Australia y Canadá (67%), Italia y Reino Unido (65%) y Estados Unidos (61%).
En lo que a la obligatoriedad de vacunarse se refiere, una mayoría absoluta está de acuerdo con ello en México (77%), Brasil (68%), Corea del Sur (66%), España (63%), China (62%), Italia (60%), Canadá (56%), Reino Unido (56%) y Australia (54%). Menos del 51% de la población apoya que la vacuna sea obligatoria en Japón (50%), Estados Unidos (48%) y Sudáfrica (47%), mientras que más del 50% se opone a la obligatoriedad en Alemania (54%) y Francia (53%).
Los expertos dicen que, para que ceda la pandemia, el 70% de la población del mundo deberá estar vacunada. Algunos dicen que el 90% debido a la aparición de nuevas y más agresivas mutaciones del coronavirus SARS-CoV-2.
Alemania, Japón, Sudáfrica, Francia y Rusia deberán convencer de vacunarse a más de sus ciudadanos para alcanzar el 70%, al igual que muchos países que no fueron incluidos en esta encuesta.
Hasta ayer habían sido vacunadas apenas el 3.21 % de las personas mayores de 18 años en el mundo. El camino para lograr el 70 o 90% será largo y complicado.
No esperemos milagros. Acaso más de eficiencia de los gobiernos nacionales, el de México incluido.
FERRANDO BRAVO Y JIMÉNEZ
ESPRIÚ DEBEN SER INVESTIGADOS
Gerardo Ferrando Bravo fue priista hasta que el PRI dejó de darle trabajo. En 1982 el entonces jefe del Departamento del DF, Ramón Aguirre, lo designó jefe delegacional en Venustiano Carranza y dos años después lo nombró director general del Sistema de Transporte Colectivo (Metro). El sucesor de Aguirre, Manuel Camacho, lo ratificó en el cargo en 1988, en donde permaneció hasta 1992.
De 1992 a 2007 ocupó diversos cargos dentro de la UNAM y fue director de la Facultad de Ingeniería de 1999 a 2007. Después de trabajar en la UNAM, dirigió de 2009 a 2018 su empresa de consultoría en ingeniería en transporte ferroviario de pasajeros.
En diciembre de 2018, después de 26 años de estar alejado del servicio público, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo nombró Director General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. (GACM), la empresa paraestatal a cargo del Sistema Aeroportuario Metropolitano responsable de, entre otras cosas, finiquitar a los contratistas y proveedores que participaron en la construcción de lo que iba a ser el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), obra que AMLO canceló apenas llegó a Palacio Nacional.
El 3 de noviembre de 2019, a menos de un mes de cumplir un año en el cargo, Ferrando renunció después de que fuera impugnado el proceso por el cual se le adjudicó a Grupo Gilbert el contrato para desmantelar 49 mil toneladas de acero y aluminio en el NAICM.
Otras empresas que participaron en la licitación presentaron una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por posible corrupción durante el proceso, ya que Gilbert no incluyó en la documentación solicitada la carta de ausencia de conflicto de interés.
El asunto se complicó después de que se hizo público que la SFP reservó por un año toda la información relativa a la investigación sobre la licitación.
Este caso se suma a las muchas irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la cancelación del NAICM al realizar la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019.
Para no darle vueltas al asunto, en el Informe General Ejecutivo correspondiente a la Cuenta Pública 2019 que difundió el viernes pasado, la ASF señala que el costo de la cancelación del NAICM, según sus cálculos, fue de casi 332 000 millones de pesos, muy por encima de los 100 000 millones que estimó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en abril de 2019, cuando el titular de la misma era otro distinguido expriista, Javier Jiménez Espriú, quien recomendó a Ferrando para dirigir el GACM.
En su informe, la ASF detalla la forma en que el GACM realizó gastos injustificados como el de pagar 471.8 millones de pesos “sin que acreditara contar con la documentación de los entregables previstos en seis convenios para justificar el gasto”. Cuatro convenios, por 358.7 millones de pesos con la CFE y dos, por 113.1 millones, con la UNAM.
Andrés Manuel ha dicho que el gobierno pagará 32 000 millones de pesos para comprar 140 millones de dosis de las vacunas anti-COVID.